Argentina: La República está en serio peligro
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Editorial de LA NACIÓN de Buenos Aires.
La República está en serio peligro
La presión y el grado de intimidación a los jueces desde el Poder Ejecutivo Nacional han llegado a niveles insoportables. La división de poderes está gravemente amenazada y la República, en peligro.
No importa cuántos lo adviertan. Pero lo cierto es que la evidente falta de respeto por la autonomía del Poder Judicial exhibida por el propio presidente de la Nación, y por algunos de sus principales colaboradores, durante los últimos días, ha provocado un concluyente retroceso en la consolidación de nuestras instituciones republicanas y de elementales principios constitucionales.
Todo comenzó la semana última, con una demanda contra cuatro jueces de la Cámara de Casación Penal presentada ante el Consejo de la Magistratura por unos 60 querellantes, debido a la supuesta demora de causas judiciales en las cuales se investigan violaciones de los derechos humanos producidas en el transcurso del régimen militar iniciado en 1976.
Poco después, el sábado último, en ocasión de la conmemoración de aquel golpe de Estado en su aniversario, el presidente Néstor Kirchner acusó a los integrantes de la Cámara de Casación Penal de estar frenando "juicios que deberían estar en marcha" y anunció: "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder". Esta frase, quizás uno de los mejores ejemplos de la falta de independencia de la Justicia en la Argentina, es fiel reflejo de la influencia que hoy ejerce o pretende ejercer el jefe del Estado sobre el órgano encargado de la selección y la remoción de los magistrados.
En más de una ocasión señalamos, desde esta columna editorial, que la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada el año último en el Congreso a instancias del oficialismo kirchnerista tan sólo apuntaba a garantizarle su control a ese sector político. Las recientes declaraciones del primer mandatario parecen dejar poco lugar para dudas: se confirma que, desde la Casa Rosada, se entiende al Consejo de la Magistratura como una herramienta para intimidar a los jueces rebeldes a las necesidades políticas del oficialismo o dispuestos a actuar con independencia del poder político de turno.
Que anida en el gobierno nacional un afán persecutorio, dirigido a condicionar a los jueces, lo demuestra también el temerario mensaje del ministro del Interior, Aníbal Fernández, al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi: "¿Por qué no renuncia? Hágale un bien a la Patria. Renuncie. Váyase". O las declaraciones del diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura Carlos Kunkel: "Al señor de buenos modales (por Bisordi) que no se enteró de que hubo 30.000 desaparecidos (tres veces más que los reconocidos por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas) le pedimos que trabaje o deje su puesto".
Se advierte con claridad la presión sobre los magistrados, junto con un espíritu vengativo que lleva a pedir el castigo, casi dejando de lado el natural derecho a la defensa que le corresponde a cualquier persona, independientemente de la gravedad de los delitos que se le imputen.
Lo curioso es que se presiona a los jueces sobre la base de una demanda de celeridad en su labor sin detenerse a analizar los diferentes trámites que tienen lugar en el máximo tribunal en materia penal. En ese sentido, no debería dejar de tenerse en cuenta que ciertas demoras en la tramitación de causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos encuentran su explicación en presentaciones de los propios querellantes para exigir el apartamiento de los jueces de casación de esas causas, que terminaron impidiendo el normal trabajo de los magistrados ahora cuestionados.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que los jueces que son objeto de la ira del oficialismo enfrentan las idas y venidas derivadas de leyes promovidas por un gobierno constitucional, como las de punto final y obediencia debida, anuladas casi dos décadas después a instancias de otro gobierno también elegido por el pueblo, hecho que obligó a los magistrados a lidiar con un ordenamiento jurídico cambiante y, consecuentemente, sometido a cuestionamientos desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Desde ya que sería deseable que la Justicia toda, y no sólo la Cámara de Casación, actuase con una mayor rapidez. Pero presionar a los jueces desde los otros poderes del Estado para lograr no sólo ese cometido, sino fallos en determinado sentido afines a ciertas necesidades políticas, es lisa y llanamente intolerable.
La impresión que parece quedar es que, más que celeridad del Poder Judicial, lo que se busca, sin reparar siquiera en medio alguno, es magistrados que piensen exactamente igual que el Poder Ejecutivo. Y no hace falta aclarar que cuando los jueces terminen siendo meros funcionarios al servicio de la Casa Rosada, la República habrá dejado de existir.
