Ventajas y trabas para crecer - Autor: Aldo Abram
Autor: Aldo Abram
Ventajas y trabas para crecer
Ante la escasez de energía que avanza y amenaza en transformarse en crisis, el
Gobierno responde con pedidos, a la comunidad, para que haga un uso más "racional"
de la misma. Esto daría a entender que nuestros gobernantes piensan que los argentinos
estamos siendo irracionales en nuestra decisión de consumir electricidad, combustibles
o gas.
Nada más alejado de la realidad. Los argentinos somos sumamente racionales a la hora
de determinar cuánto vamos a gastar en esos bienes. La teoría económica demuestra que
una persona racional (o sea que razona que es lo mejor para sí a la hora de decidir)
consumirá más de aquello que es relativamente más barato.
Pues bien, en los restantes países de la región, la electricidad vale más del doble que en
la Argentina. Desde 2002 hasta fines 2007, los consumidores residenciales vieron subir
las tarifas menos de un 20%, contra un aumento de más de 125% del conjunto de la
canasta del índice de precios al consumidor. Por ello, a la hora de evaluar la compra de
un aire acondicionado, lo que pueda gastar de energía ha perdido importancia relativa en
la toma de la decisión.
Alguien podrá pensar que no hay motivo para pagar más por la electricidad si es que
ésta, hasta ahora, se ha podido proveer a los actuales valores. No es así por varios
motivos. Primero, porque como los costos de generación vienen creciendo más que las
tarifas promedios que cobran las empresas, el Gobierno debe subsidiarlas para que no
aumenten sus precios. Esta transferencia fue de $ 265,5 millones en 2002 y se
multiplicó por casi 14 hasta 2006, estimándose que superó ampliamente los $ 4500
millones en 2007. Esto implica que los contribuyentes han estado pagando lo que no
abonan los usuarios de electricidad. Lo justo sería que cada uno pagase lo que le
corresponde de su gasto y los impuestos se utilizaran para ayudar a los que más lo
necesitan. Incluidas aquellas familias que no tengan recursos suficientes para afrontar
un aumento del costo de la energía.
Era entendible que, en medio de la crisis de 2002, las tarifas se congelaran, para evitar
un mayor empobrecimiento del que ya había generado la devaluación. Sin embargo, a
partir de la recuperación de los salarios desde 2003, se deberían haber ido
recomponiendo sus valores. Téngase en cuenta que, hasta fines de 2007, los ingresos de
los trabajadores se incrementaron más de 130% (los privados registrados, más de 170%;
los informales, cerca de un 100%; y los del sector estatal, casi un 90%). Como, durante
ese período, se les subsidió demagógicamente las tarifas de servicios públicos, la gente
pudo gastar más en otras cosas. Ahora, ¿cómo se les explica que tendrán que ajustar
otros consumos porque no es posible ni justo seguir con este subsidio indiscriminado?
Si se hubieran ido aumentando gradualmente los precios de las prestaciones en la
medida que aumentaban los salarios, los consumidores podrían haber ido acomodando
sus erogaciones en forma razonable. Por lo tanto, lo que fue irracional fue la decisión de
mantener el congelamiento de tarifas durante tanto tiempo.
El segundo motivo es que las empresas del sector energético han disminuido al mínimo
su inversión debido a que no tienen reglas de juego claras, transparentes y de largo
plazo para la prestación de sus servicios, incluido el tema precios. Hay que recordar
que, en la crisis de 2002, el Estado quebró unilateralmente estas condiciones y los
contratos con las compañías; pero cinco años después, superada hace tiempo la
emergencia, no se han reestablecido.
Desde el punto de vista del actual gobierno, las condiciones de prestación de los
servicios públicos y sus valores son un instrumento de redistribución de la riqueza. Por
ello, la decisión de cuándo, cómo y a quiénes se les brindará y a qué precio, debe quedar
en manos de un funcionario que lo decidirá según su parecer. Esto implica que no hay ni
habrá reglas de largo plazo y, por ende, resulta imposible planificar. ¿Quién invertirá un
dólar en algo en lo que desconoce el marco que regirá, dentro de tres años o más,
cuando esté produciendo? Nadie.
Por ello, se ha vuelto a la fracasada teoría de que el Estado debe ser el que se encargue
del incremento de la infraestructura de estos servicios. Dejando de lado el tema de la
corrupción que puede incentivar, la historia argentina se encargó de demostrar que el
sector público no cuenta con la capacidad de gerenciamiento ni el capital (propio o
prestado) suficiente para garantizar niveles adecuados de inversión. De hecho, ya
estamos viendo la "eficiencia" en esta materia y repitiendo los problemas de escasez,
cortes programados y sorpresivos, que sufrimos hasta empezados los 90.
Es cierto que las privatizaciones no solucionaron todos los problemas de la Argentina,
pero lograron que se invierta lo suficiente para que tuviéramos un mayor acceso a los
servicios públicos e, incluso, como para enfrentar el crecimiento de la demanda de los
últimos años (un 43% entre fines 2001 y 2007). Si como dicen algunos, antes de la
crisis no se invirtió, ¿cómo se atendió ese incremento del consumo con sólo un aumento
del 5,1% de potencia efectiva instalada de generación durante el mismo período?
Es cierto que hubo fallas. No obstante, estas estuvieron en la falta de control adecuado
de los compromisos asumidos por las empresas concesionarias por parte de los
organismos estatales que se establecieron para ello. Esto es lo que hay que mejorar, la
eficiencia en el monitoreo del Estado de las condiciones prestaciones acordadas,
defendiendo los derechos de los consumidores presentes y ampliando las posibilidades
de acceso de la gente a dichos servicios.
Conclusión: en primer lugar, los argentinos estamos siendo sumamente racionales en el
consumo de la energía. Sin embargo, es cierto que estamos haciendo un uso ineficiente
de la misma y eso es porque la política energética de los últimos cinco años ha sido
irracional. Fija precios artificialmente bajos para estos servicios incentivando el
incremento excesivo de la demanda y desalentando la inversión y, por ende, el
incremento de la oferta.
Segundo, la mejor forma de beneficiar a los pobres es establecer condiciones de
prestación de largo plazo. Esto incluye una estrategia gradual y explícita de
recuperación del valor de las mismas en el tiempo, más prolongado cuanto menor es la
capacidad de pago del consumidor. Incluso eso permitiría dejar de gastar en subsidios a
la electricidad para asignar esos recursos a los que verdaderamente lo necesitan. De esta
forma, las empresas volverían a poder planificar y a invertir. Está demostrado que,
cuando esto sucede, los que más se benefician son aquellos que no cuentan con los
servicios, usualmente los sectores de menores ingresos.
Fuente: FUNDACIÓN ATLAS.
