Ofensiva inadecuada-para anular la Ley de Caducidad
EDITORIAL
Ofensiva inadecuada
La renovada ofensiva para anular la Ley de Caducidad, a la que se ha incorporado oficialmente el Frente Amplio pese a la posición contraria del presidente Vázquez, es una imposibilidad jurídica dentro de nuestra estructura institucional. Es tan inaceptable que, por impulso aparente de la obsesión de algunos sectores, el Plenario del FA haya decidido que toda la estructura del partido de gobierno se embarque en un curso a contrapelo del estado de derecho, como es pasar a “formar parte de la Comisión Coordinadora por la Nulidad de la ley”.
La decisión de que la coalición participe formalmente de la recolección de firmas para la consulta popular propiciada por el PIT-CNT y grupos radicales de izquierda fue tomada la semana pasada por el Plenario del FA, bajo influencia decisiva del Partido Comunista y con apoyo de las bases, del Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini y del Partido por la Victoria del Pueblo. Se opusieron los grupos de mayor peso electoral del FA, incluyendo el MPP, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay, lo cual, unido a la reiterada posición de Vázquez de mantener vigente la Ley de Caducidad, resta peso a la recolección de firmas para forzar un referéndum que anule la norma.
Pero lo grave no es que haya firmas o no sino la confusión jurídica y conceptual que implica esta campaña de recolección de firmas, a la cual se suma ahora el Plenario del FA. Hay una cosa clara: ningún poder del Estado tiene atribución para producir la nulidad de una ley. El Poder Legislativo puede derogarlas, dejándolas sin efecto hacia el futuro, pero no puede anularlas, borrando los efectos producidos durante su vigencia. La Suprema Corte puede declarar inconstitucional una ley pero no anularla. Y el cuerpo electoral puede, en un referéndum, derogar una ley pero en caso alguno tiene iniciativa para su anulación. Y la campaña en marcha no habla de derogación sino específicamente de “nulidad”, lo cual la convierte en un dislate jurídico que pone a sus promotores en la comprometida posición de violentar el estado de derecho.
No es concebible que quienes se han incorporado a la campaña contra la Ley de Caducidad ignoren la diferencia entre anular y derogar. Y además de que la anulación es jurídicamente imposible, la derogación carece totalmente de sentido por superflua. Luego de años de manejo fluctuante del tema durante los cuatro primeros gobiernos desde el restablecimiento de la democracia, la actual administración de izquierda, en observancia estricta del texto de la ley, ha habilitado en función de la potestad otorgada por el artículo 4º, la acción de la Justicia en algunos casos concretos. De esa acción judicial resultó el procesamiento de varios militares y jerarcas civiles del período dictatorial bajo cargo de violaciones a los derechos humanos, incluyendo a su último presidente, el general Gregorio Álvarez. Como más lejos no se puede ir, el único efecto de esta convocatoria a anular la Ley de Caducidad es continuar fomentando rencores a expensas de la unidad de los uruguayos, que el país necesita y que algunos se empecinan en impedir.
Fuente: Diario EL OBSERVADOR, de Montevideo.
