Investigan lazos de políticos con las FARC=se abre en Bogotá una megacausa judicial
El conflicto armado en Colombia: se abre en Bogotá una megacausa judicial
Investigan lazos de políticos con las FARC
La fiscalía pidió indagar a congresistas, periodistas y varios extranjeros; una aliada del presidente venezolano está en la mira
Sábado 24 de mayo de 2008 | Publicado en la Edición impresa
BOGOTA.- En la apertura de un caso judicial bautizado "Farcpolítica" que sacudió ayer a Colombia, el fiscal general, Mario Iguarán, pidió a la Corte Suprema que investigara a tres congresistas, entre ellos la ex mediadora con las FARC Piedad Córdoba, como parte de un grupo que incluye políticos, periodistas y extranjeros sospechosos de mantener vínculos con la guerrilla colombiana. Córdoba es una aliada del presidente venezolano Hugo Chávez, con quien buscó un acuerdo humanitario para la liberación de rehenes en poder de ese grupo armado. "Se acusa de presuntos vínculos con las FARC a tres congresistas colombianos, cinco ciudadanos [locales] y cuatro ciudadanos extranjeros", dijo Iguarán, quien reveló que las acusaciones surgieron de la información contenida en tres computadoras (ver aparte) decomisadas por el ejército colombiano el 1° de marzo pasado en un campamento de las FARC en Ecuador. Los equipos informáticos habrían pertenecido al "número dos" de las FARC, Raúl Reyes, asesinado por las fuerzas colombianas en ese operativo, en territorio ecuatoriano, que provocó una airada reacción de Quito y Caracas. "En principio, [las investigaciones] surgen por lo encontrado en las computadoras, correos por ejemplo [...]. Hay referencias que podrían estar indicando algo mucho más que una gestión en aras de la paz", dijo Iguarán. "De ahí que lo que ha considerado Policía Judicial es que hay unos presuntos vínculos con las FARC por justificar de estas personas", explicó. Iguarán informó que abrió investigaciones contra la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, el también ecuatoriano Iván Larrea; el venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Latinoamericano, y el estadounidense James Jones, profesor universitario. Además de Córdoba, los legisladores colombianos sospechosos son el representante Wilson Borja y la senadora Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente. Iguarán también dijo que investiga por sus presuntos nexos con las FARC a los periodistas Carlos Lozano, director del semanario Voz , y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; al ex ministro y ex candidato presidencial Alvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo; al ex asesor de paz y periodista Lázaro Viveros, y a la directora de la organización no gubernamental Cruz de Agro, Liliana Ovando.
Posibles extradiciones
Iguarán señaló que la fiscalía dispuso nueve indagatorias a los ciudadanos colombianos y a los extranjeros, y que el proceso "apenas comienza". Por su parte, el canciller Fernando Araújo declaró: "En caso de que la Fiscalía General de la Nación requiera la presencia de esas personas en Colombia, solicitaríamos la extradición a los gobiernos respectivos". El caso judicial fue bautizado por los medios locales como "Farcpolítica", término que lo asocia a la "parapolítica", la causa judicial por la que la Corte Suprema investiga los nexos entre los legisladores colombianos y los grupos irregulares de extrema derecha, que ya determinó el arresto de 32 legisladores, en su mayoría oficialistas. El escándalo de la "parapolítica" había estallado en 2006 de un modo similar. En ese caso, también se incautó una computadora con información comprometedora: la de Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", uno de los principales jefes paramilitares. Córdoba se declaró ayer "perseguida política" y afirmó que, pese a la acusación en su contra, seguirá buscando un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC, en virtud del cual la guerrilla pretende cambiar a 40 rehenes por unos 500 guerrilleros presos. Según Córdoba, el caso es "una cortina de humo" para tapar la investigación sobre el trámite legislativo aprobatorio de la reelección de Uribe. Al respecto, la ex parlamentaria Yidis Medina declaró que funcionarios del gobierno le ofrecieron prebendas políticas a cambio de su voto favorable a la reelección. Lozano expresó que las personas señaladas por el fiscal han venido trabajando "de manera pública" por el intercambio humanitario , con conocimiento del gobierno, de la comunidad internacional y de "cara al país". En Brasilia, donde concurrió a una cumbre regional, Chávez dijo que la acusación a Córdoba demuestra que "en Colombia están más enredados que un kilo de estopa". Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo que las relaciones con el gobierno de Colombia "están en una situación deplorable", y acusó al gobierno colombiano de lanzar "calumnias" y comandar una "campaña mediática" para intentar vincular a su gobierno con las FARC. Uribe se cruzó con Chávez en la cumbre de Brasilia, a quien saludó. "El tema no es de personas. Algo que nos tiene que enseñar el debate es el respeto a las personas", comentó luego Uribe, mayor aliado de Estados Unidos en la región, que ha acusado reiteradamente a Caracas y a Quito de apoyar a las FARC.
Agencias AP, EFE, AFP y DPA
Fuente: LA NACION de Buenos Aires.
