Argentina:En el mismo lodo, todos fisurados-Por Néstor O. Scibona
Al margen de la semana
En el mismo lodo, todos fisurados
Por Néstor O. Scibona
Domingo 1 de junio de 2008 | Publicado en la Edición impresa
Detrás del abrumador desfile mediático de medias verdades que tuvo lugar en los últimos días, el interminable conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario corre ahora el riesgo de dejar de ser una pulseada para sufrir una metamorfosis de enfrentamientos parciales.
Casi ninguno de sus protagonistas ha quedado políticamente indemne ante una opinión pública que también tiende a polarizarse. Fracasaron quienes apostaron al diálogo y la negociación. Pero tampoco ganaron quienes le echaron más nafta al fuego. La radicalización de posiciones ya ha provocado fisuras en el seno del PJ y también en el frente de entidades agropecuarias. Cayeron abruptamente la popularidad presidencial y los índices de confianza en el Gobierno. Las decisiones de inversión y consumo se han enfriado en los últimos 80 días y no sólo en el ámbito rural. En este período no se adoptó ninguna medida económica relevante ajena al conflicto. Se perdieron 1400 millones de dólares en reservas del Banco Central, sólo para no convalidar subas del dólar debido a la incertidumbre. En el exterior, esta crisis resulta tan incomprensible como la imposibilidad de encontrar salidas políticamente aceptables. Con este clima, y aunque los cortes de rutas o calles sean siempre criticables, la alternativa de judicializar la protesta rural suena a impotencia; igual que cuando el kirchnerismo proclamaba lo contrario para la protesta social.
Para los empresarios de cualquier tamaño o sector, la preocupación es hoy el común denominador. Con tanta politización e ideologización de por medio, les cuesta recuperar la confianza en el futuro económico. La controvertida declaración del PJ, que lleva el sello de Néstor Kirchner, abundó en referencias maniqueas al pasado, pero no contuvo ninguna perspectiva hacia adelante, salvo reivindicar la facultad del Gobierno para redistribuir ingresos sin reglas ni mecanismos institucionales. El debate fue reemplazado por la opción de aceptar o rechazar esa posición a libro cerrado. Del doble discurso se pasó al peor discurso para incentivar inversiones.
Sin autocrítica
Tampoco ha habido en el gobierno de Cristina Kirchner la menor dosis de autocrítica ni de adaptación a situaciones cambiantes. El envase siempre importa más que el contenido. Nunca el Gobierno se permite admitir que puede equivocarse, aunque en la práctica termine por modificar sus propias medidas. Hasta cuando retrocede lo hace presentándolo en forma agresiva.
La polémica resolución que impuso las retenciones móviles a la exportación de granos ya sufrió cuatro cambios: reintegros a pequeños productores, compensaciones por costo de fletes en el Norte, pagos a través de gobiernos provinciales y un achatamiento en la confiscatoria curva de imposición en caso de nuevas subas extravagantes de precios internacionales. Pero ninguna de estas medidas fue producto de negociaciones o búsqueda de consenso. Quizás a mediados de marzo y en otro contexto político hubieran servido de base para discutir una salida al conflicto. Ahora resultan un parche que poco cambia la situación y hasta puede empeorarla.
Ocurre que Martín Lousteau instrumentó las retenciones móviles cuando los precios de la soja alcanzaban un récord histórico (525 dólares la tonelada), pero luego han venido retrocediendo (hasta ubicarse en torno de 420). De manera que, en la actualidad, los productores pagan más impuesto (41% en lugar de 35%) sobre precios más bajos que a principios de marzo, más allá de que sus ingresos brutos (y no necesariamente sus ganancias, por la suba de costos) resulten ahora más altos que hace un año. En definitiva, también fue más elevada la recaudación fiscal aun con las retenciones fijas, que se calculan como porcentaje de la facturación.
La nueva alícuota marginal (de 52%) es menos confiscatoria que la anterior ya que tiene un techo más bajo, que podría facilitar coberturas en mercados de futuro. Pero eso es sólo en teoría (en realidad, siempre lo fue), ya que se aplica cuando los precios superen los 600 dólares la tonelada. La diferencia es que esta perspectiva ahora parece más lejana que cuando se desató el conflicto, algo que no admite el jefe de Gabinete cuando presenta la medida como una reducción de retenciones y argumenta que es lo que reclamaba el campo.
También resulta incierta la efectividad de la decisión de que sean los gobiernos provinciales los que tramiten y paguen las compensaciones a los pequeños productores, a cuenta de posteriores desembolsos de la Oncca. No sólo porque agrega otra instancia burocrática, sino por la presentación política que se hizo de la medida. Asistieron a la Casa Rosada los gobernadores que no cuestionan públicamente la mayor presión fiscal sobre el agro y, en cambio, estuvieron ausentes los gobernadores cuyas provincias aportan por retenciones más de lo que reciben por transferencias nacionales. Se trata de toda una definición. Que se acentúa si se tiene en cuenta que Entre Ríos acaba de recibir su "acta de reparación" en obras públicas, mientras Córdoba reclama desembolsos pendientes por más de 1500 millones de pesos. Otra fisura para el frente oficialista y sus aliados en el interior, sin necesidad de que se conforme un "partido agrario".
En medio de esta madeja de regulaciones inestables, que al fin y al cabo desalienta inversiones para aumentar la producción, aún se mantiene oculto el proclamado sentido redistributivo de la suba de las retenciones.
A lo largo del conflicto con el campo, y pese al enorme costo político que le representó, al Gobierno no se le cayó hasta ahora una sola idea para justificar ese efecto. A falta de una estrategia concreta a más largo plazo, ni siquiera aventuró la posibilidad de estudiar una rebaja del IVA para los alimentos a financiar con la recaudación adicional, equivalente a 1200 millones de dólares anuales. O, al menos, otorgar subsidios directos a los más pobres. En cambio, sólo avanzó con un proyecto polémico como el tren bala, que nada tiene que ver como inversión social ni como prioridad de infraestructura.
Probablemente, la respuesta a esos silencios oficiales esté en la tardía llegada del frío y la previsible reaparición del déficit energético, que debe ser atendido con el pago de una cuenta cada vez más abultada de combustibles importados, disimulada bajo la forma de subsidios masivos a la generación de electricidad, al consumo residencial e industrial. En 2007 la cuenta de subsidios llegó a casi 5000 millones de dólares. Para este año, varios especialistas estiman que podría incrementarse en no menos de 50%. Junto con el pago de jubilaciones y de salarios del sector público, es uno de los tres factores que explican el mayor aumento del gasto en lo que va de 2008. Aquí también al Gobierno le resulta difícil retroceder. Pero mantener el rumbo equivale a crear la expectativa de mayor presión tributaria o de mayor inflación. Justamente, los dos problemas que también crean fisuras en el modelo y las perspectivas de crecimiento a futuro.
Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.
