Argentina: "Vamos hacia la suma del poder público"
La relación con la Justicia: entrevista de LA NACION con el titular del máximo tribunal penal
La relación con la Justicia: entrevista de LA NACION con el titular del máximo tribunal penal
El pasado 9 de marzo, al concluir su habitual período de audiencias y sesiones de trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en claro que Venezuela es el principal reto que afronta en este inicio del siglo XXI. En un comunicado final, dado a conocer el pasado viernes, esta instancia por un lado saludó la realización de las elecciones con una masiva asistencia de votantes, al tiempo que felicitó al gobierno por la aplicación de los programas sociales en nuestro país, a todas luces indispensables.
A reglón seguido, sin embargo, la CIDH llama la atención sobre cuatro aspectos que le resultan preocupantes: la independencia de poderes que es un pilar de la democracia, la administración de la justicia, la situación de los defensores de derechos humanos en el país y la salud de la libertad de expresión. En cada uno de estos aspectos se evidencian síntomas preocupantes, pues se produce en el país una combinación de factores que arrojan el siguiente cuadro: en el contexto de una sociedad polarizada, las instituciones cada vez más se ponen al servicio del ejecutivo, borrando las saludables fronteras -por ejemplo- entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y ni hablar del legislativo, que en nuestro país decidió dejar la función legislativa en manos del presidente Chávez por espacio de año y medio. La libertad de expresión termina siendo una suerte de papel tapiz de esta perdida de independencia institucional, asunto que afecta la vida pública pues todo parece pasar por el despacho del presidente, en Miraflores. En la medida en que entidades como la Fiscalía, Defensoría y Tribunal Supremo de Justicia, que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos, son en realidad instrumentos del poder gubernamental y por tanto sus decisiones son bastante predecibles por parcializadas, en esa misma medida termina cobrando mayor importancia la existencia de medios de comunicación independientes y críticos. No se trata, de ninguna manera, que los medios sustituyan a las instituciones; en realidad en un contexto como el nuestro el rol periodístico debería estar en la denuncia de los excesos del poder y la parcialidad de las instituciones, en la medida que constituyen prácticas no democráticas.
Por tal razón, cobra mayor importancia la defensa de una expresión libre y plural. Y no en vano, este tema es motivo de “especial preocupación” para la CIDH. El gobierno puede exhibir el trofeo de no tener medios cerrados o periodistas detenidos, sin embargo el ejercicio de la crítica en Venezuela, en muchos casos, acarrea actos intimidatorios o presiones de diversa naturaleza.
En tal dimensión se inscriben recientes decisiones como la multa a este vespertino, Tal Cual, o el cese de la concesión de RCTV. Nadie discute el legítimo derecho que tiene el poder judicial en administrar justicia o la potestad del Estado en otorgar los permisos para la transmisión de radio y televisión. A todas luces, y desde una perspectiva de la defensa de las libertades, sí es criticable que tales decisiones estén empañadas por la parcialidad, que sólo busquen castigar al que crítica o cuestiona. Si nos guiamos por el discurso gubernamental, el presidente Chávez y sus colaboradores desean un modelo privado de comunicación que se dedique al entretenimiento, obviamente sin discutir de qué entretenimiento estamos hablando, con poca información y reducida opinión. El modelo se complementa con una amplia receptividad para largas cadenas con contenidos de todo tipo y mensajes “institucionales”.
Cabe citar, unas líneas del texto de la CIDH, que pueden leerse tanto para la tema de las concesiones como para la administración de justicia: las decisiones deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación.
Andrés Cañizáles es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Originalmente publicado en el vespertino Tal Cual (Pág. 4, 15.03.2007).
Fuente: CADAL.
Por Miriam Leiva |
Al arribar al cuarto aniversario del encarcelamiento de los 75 prisioneros de conciencia de la Primavera Negra, los días 18, 19 y 20 de Marzo del 2003, las Damas de Blanco lograron reunirse en La Habana, a donde se desplazaron a pesar de la vigilancia de la Policía Política y sus informantes desde el interior del país. Este año se realizaron actividades cuatro días para coincidir con el número de años en prisión.
El 17 de Marzo, sábado, 39 mujeres realizaron un ayuno de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y cada media hora una mujer se encerraba en la celda simbólica, llevando una camiseta con la foto o el nombre de uno de los 59 aún en prisión. Dieron a conocer una carta dirigida a Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey de España, en la que solicitan su intercesión ante el gobierno de Cuba a favor de la liberación de los prisioneros.
El 18 de Marzo, domingo, luego de asistir a misa en la Iglesia de Santa Rita de Casia, 58 mujeres caminaron por la 5ta Avenida de Miramar. Recibieron el apoyo sorpresivo de distinguidos amigos italianos con la presencia de Marco Cappato, diputado europeo; Mauricio Turco, diputado de Italia; Maria Fida Moro, hija mayor del Primer Ministro asesinado Aldo Moro y ex Senadora; Elisabetta Zamparutti y Matteo Mecacci, todos miembros del Partido Radical Transnacional, que Preside la Sra. Emma Bonino.
En horas de la tarde asistieron a una misa en la Iglesia de San Juan Bosco, por Miguel Valdés Tamayo, primer mártir de los 75. Durante la caminata de regreso, unas 18 mujeres, al llegar cerca de la Plaza de la Revolución, fueron interceptadas por un gran operativo con muchos agentes, entre ellos mujeres, y autos de la Seguridad del Estado, cuyo jefe, el alto oficial Samper, les comunicó que no podían pasar por la Plaza, por lo que tuvieron que desviarse. Ellas manifestaron que no era su intención expresa pasar por ese lugar en esta ocasión.
El 19 de Marzo, lunes, en horas tempranas, el Oficial Samper visitó a Laura Pollán para advertirle que no permitirían que se caminara por la Plaza de la Revolución. En horas de la tarde, 29 mujeres recorrieron una zona muy populosa y céntrica de Centro Habana hasta llegar al Parque Central. En todo el recorrido contaron con el respeto de los cubanos y muchas muestras de solidaridad del pueblo. No obstante, cuando se encontraban ante la estatua de José Martí, luego de lanzar 59 palomas al aire y clamar ¡Libertad para los presos de conciencia y políticos!, se abalanzó una turba de mujeres dirigidas por agentes de la Seguridad del Estado, que gritaban consignas del gobierno y siguieron a las Damas de Blanco durante unas 7 cuadras. Ellas continuaron su caminata hasta llegar al lugar de origen en Neptuno y Hospital.
El 29 de Marzo, martes, en horas de la tarde, 25 mujeres salieron por la céntrica zona de 23 en el Vedado hasta la Dirección General de Cárceles y Prisiones, donde expresaron que no habían llevado ninguna carta porque nunca reciben respuesta. También lanzaron al aire palomas y clamaron por la libertad de los presos de conciencia y políticos. En el regreso, al llegar frente a la Universidad de La Habana fueron seguidas con gritos e injurias por hombres y mujeres organizados por la Policía Política, hasta la casa donde habían salido por unas 10 cuadras. Hasta ese momento, la población había sido muy respetuosa y muchas personas dieron muestra de cariño y solidaridad, con más o menos discreción según las posibilidades de vencer el miedo.
Siempre las caminatas de las Damas de Blanco son vigiladas estrechamente por muchos agentes de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, autos de patrulla policíaca y agentes en motocicletas. Mientras las mujeres van regalando gladiolos rosados y lazos blancos en muestra de amor, paz y reconciliación.
Previamente, el viernes 16 de Marzo, Laura Pollán y Miriam Leiva habían sido visitadas por tres mujeres que dijeron ser miembros de la Federación de Mujeres Cubanas del barrio respectivo, aunque resultaba evidente que al menos una era oficial de la Seguridad del Estado, para advertirles que no podían salir las mujeres a "conmemorar el cuarto aniversario de eso de ustedes" con pancartas y gritos. Se les aclaró que las Damas de Blanco siempre caminan con flores e incluso a veces acompañadas de niños de su familia, pues sólo desean amor, paz, concordia, y, sobre todo, la libertad de sus prisioneros injustamente encarcelados. También recalcaron que cuando hay pancartas y gritos es porque el gobierno lanza contra ellas multitudes organizadas y dirigidas por la Policía Política.
Miriam Leiva es Periodista Independiente en Cuba.
Fuente: CADAL-
Alimentos o energía, una opción falsa
Por Daniel Gustavo Montamat
Para LA NACION
Los biocombustibles están lejos de desplazar a los derivados del petróleo, pero pueden
contribuir a diversificar la oferta de combustibles. Su producción hoy compite con la
materia prima alimentaria, pero, en un futuro próximo, biotecnología mediante, podrán
producirse a partir de las variedades vegetales más diversas. La transformación de la proteína vegetal en alimentos y la producción de biocombustibles para el mercado mundial deben liderar el relanzamiento de la región.
Las disyunciones han tenido siempre efectos paralizantes en la Argentina. Hagamos memoria: agro o industria, mercado o Estado, mercado interno o mercado externo, sector público o sector privado, y ahora, alimentos o energía. La opción de alimentos o energía es falsa para el mundo, para la Argentina y para la región. En primer lugar, hay que poner en perspectiva el aporte de los biocombustibles como fuente alternativa de energía. Si toda la producción mundial de aceites y grasas (150 millones de toneladas anuales) se destinara a la producción de biodiésel para sustituir gasoil, sólo lograríamos satisfacer el 12% de la demanda mundial de este producto petrolero. Si toda la producción mundial de caña de azúcar (alrededor de 150 millones de toneladas año) y la de maíz (725 millones de toneladas año) se volcara a la producción de etanol, sólo podríamos reemplazar el 24% de la demanda total de nafta. Es decir: aun en el caso extremo de que el mundo decidiera quedarse sin la materia prima alimentaria que proveen todas estas especies, no habría sido resuelto el problema energético, si de
reemplazar el petróleo se trata. Por otro lado, es cierto que el suministro petrolero ofrece problemas de seguridad, que sus reservas están concentradas en una zona inestable y que sus emisiones agravan el efecto invernadero. Pero no es cierto que el mundo se esté quedando sin petróleo y tenga un plazo perentorio para reemplazar los combustibles fósiles por biocombustibles.
Si, en cambio, asumimos los biocombustibles como una energía alternativa de fuentes renovables, con ventajas ambientales, se acaban las contradicciones. El mundo va camino de estandarizar un nuevo producto energético, apto para ser mezclado con los derivados fósiles o para usarse puro, que se puede producir a partir de una variedad de materias primas, algunas de las cuales se usan en la producción de alimentos. Es verdad que cuando la materia prima de la bioenergía compite con los alimentos suben
sus precios, pero también suben los precios de la materia prima para producir el nuevo
combustible, lo que le resta posibilidades de competir con los combustibles fósiles. El etanol de caña se produce a un costo de 22 centavos de dólar el litro; el del maíz hoy cuesta 30 centavos. En un mercado mundial más abierto, o la caña desplaza al maíz en la producción de etanol o la biotecnología se encarga de producir enzimas que habiliten cultivos alternativos para abaratar los costos, aumentar los rendimientos y mantener precios competitivos del biocombustible en el surtidor.
Si Europa y Estados Unidos, los mayores consumidores de productos petroleros, han
explicitado políticas y estrategias de largo plazo para diversificar su matriz de combustibles, el Mercosur, con sus ventajas comparativas para producir bioenergía, no puede estar ausente. Tampoco debe aceptar pasivamente la estrategia de los otros bloques económicos, que discriminan con aranceles crecientes la exportación de materia prima elaborada. Debe negociar su papel de proveedor de proteína animal (a partir de la materia prima vegetal) y biocombustibles. Ni más ni menos que defender la
necesidad de agregar valor, articular una cadena agroindustrial de escala regional, promover el desarrollo intraindustrial derivado y apuntalar la vanguardia biotecnológica en la materia.
El autor es economista. Fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y secretario de Energía de la Nación.
Joaquín Morales Solá
El escenario
El Presidente pone al país al borde de un conflicto de poderes
Néstor Kirchner volvió a avalar ayer la dura ofensiva política contra los
jueces de la Cámara de Casación. Lo hizo cuando parecía que el debate
comenzaba a moderarse luego del oportuno documento de la Corte, de anteanoche,
en el que pidió respeto por la honorabilidad de la Justicia y por la
independencia de los poderes. El Presidente fue más allá: también le contestó,
sin nombrarlo, al máximo tribunal de justicia del país. Las cosas comienzan,
así, a tomar otro color.
Justificó su "desmesura" cuando la Corte había reclamado "mesura, equilibrio y
respeto". Kirchner ha convertido la desmesura en virtud política, según lo
explicó él mismo ayer en una de sus tribunas de fuego. ¿Fue eso, una
conversión del defecto en virtud, o le recordó a la mayoría de los jueces de
la Corte por qué están ahí y quién los nombró? Resulta difícil imaginar la
inocencia de una simple mutación de conceptos cuando dijo que su "desmesura"
había logrado cambiar la Corte; es decir, había erigido en jueces supremos a
los actuales miembros del tribunal.
La doctrina del "pensamiento único" que prevalece en la política argentina se
extendió, por lo tanto, a la Corte y, desde ya, al periodismo independiente y
a LA NACION en particular. Esto último no es una novedad, aunque su
incorregible insistencia en descalificar afecta ya seriamente la libertad y la
tranquilidad con que deben trabajar los periodistas. La misma libertad y
tranquilidad que precisan los jueces para interpretar las leyes. Ni
periodistas ni jueces están a salvo ahora.
Más moderado, por la mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asumió
públicamente la defensa de la cuestionada posición del Gobierno. Fue un
progreso breve, muy fugaz. Habían quedado fuera del juego los más deslenguados
voceros presidenciales, el ministro Aníbal Fernández y el diputado Carlos
Kunkel.
Cuando caía la noche, el propio Kirchner tomó el liderazgo personal de la
crispación frente a los jueces y sumó en su ofensiva a la Corte. ¿Qué se
discute? ¿En qué consiste un debate que ya tiene como protagonistas a las
cabezas mismas de dos poderes del Estado?
En rigor, el debate se ha desvirtuado con el correr de los días. Se ha
insistido, por ejemplo, en que los jueces pueden ser sometidos a juicio
político y que ese trámite no significa nunca la injerencia de un poder sobre
otro poder. Están cambiando el eje de la polémica anterior. Nadie duda, como
lo dijo la Corte, que todos los dirigentes del Estado pueden ser sometidos al
escrutinio de sus actos.
El problema no era el trámite en sí en el Consejo de la Magistratura (a pesar
de que su reciente modificación planteó serias dudas sobre su independencia),
sino la forma en que el Poder Ejecutivo se metió en la Justicia. Las formas
son inherentes a la mecánica de la democracia, sobre todo cuando un poder se
refiere a otro poder.
El jefe de Gabinete también esbozó una mala defensa cuando señaló que
cualquier ciudadano puede criticar a los jueces. De hecho, el periodismo ha
criticado muchas veces a los jueces y a la propia Corte.
El problema es que ese criterio general tiene algunas excepciones. La primera
excepción comprende al presidente de la Nación, que está impedido
constitucionalmente de inmiscuirse en causas puntuales en manos de la
Justicia. Alberto Fernández dijo ayer que el Presidente había hablado
como "ciudadano". Pero, ¿dónde está la frontera que separa al presidente
Kirchner del ciudadano Kirchner? ¿Es posible que un presidente se convierta en
ciudadano sólo por algunos minutos y luego vuelva a ascender a la Presidencia?
Definitivamente, Kirchner ha perdido la condición de simple ciudadano mientras
ejerza la primera magistratura de la Nación. Cada uno de sus actos públicos
llevará siempre la impronta del Estado y marcará una política de su gobierno.
Otro ángulo del debate que se ha deformado se refiere a las presuntas
infracciones que habrían cometido los jueces de la Cámara de Casación. La
discusión pública pareciera referirse a delitos de corrupción o de
prevaricato. En rigor, lo único que ha pasado, hasta ahora, es que el Consejo
de la Magistratura decidió enviarle a la Cámara un pedido de informes sobre la
demora de las muchas causas que hay por las violaciones de los derechos
humanos en la década del 70. Exponentes del Poder Ejecutivo han cuestionado,
en cambio, la ideología de algunos jueces, pero esas disidencias no son -hasta
donde se sabe, al menos- un motivo de persecución judicial.
El Consejo de la Magistratura deberá averiguar, a todo esto, si las demoras
están justificadas o no. La severidad de la condena tendrá que ajustarse a las
consecuencias judiciales que hubieran tenido eventuales moras injustificadas.
Una demora que no hubiese tenido consecuencias directas en las causas no
acreditaría, desde ya, el relevo de ningún juez.
Si se colocaran las ideas a un lado, podría rescatarse que lo único que un
juez no puede hacer es incumplir la ley. Y ésta es en última instancia la
misión final del Consejo de la Magistratura: determinar con objetividad e
independencia si los jueces han respetado -o no- los mandatos de la ley.
El gobierno de Kirchner pudo acatar este principio en silencio. ¿Por qué le
agregó, entonces, el innecesario batifondo de la pelea y la crispación? Como
suele pasarle con demasiada frecuencia, sus errores políticos resultan con un
precio demasiado alto. Si hubiera existido una culposa demora por parte de
algunos jueces, lo que no se ha demostrado aún, el escándalo de los últimos
días no habría hecho más que convertir a los culpables en víctimas. Por si
todo fuera poco, el Presidente colocó anoche a la nación política al borde de
un conflicto de poderes.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
Entrevista con Carlos Granier, directivo de RCTV de Venezuela
Carlos Granier teme que Hugo Chávez cumpla con su palabra de no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) y, como consecuencia de eso, confiscar sus antenas. De ese modo, dijo a LA NACION en Buenos Aires, "una estructura montada, con 3000 trabajadores, 200 anunciantes y otros tantos proveedores corre el riesgo de quedar obsoleta frente a este ataque contra la libertad de expresión".
La licencia de RCTV vence, en principio, el 27 de mayo. Si Chávez concreta su amenaza contra "ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión", según anunció en un discurso pronunciado el 28 de diciembre de 2006, poco después de ser reelegido, el Estado se haría cargo de él desde el día siguiente.
"Todo es muy confuso; se contradice constantemente -señaló Carlos Granier, hermano y asesor del presidente de RCTV, Marcel Granier-. Si la idea es convertirlo en un canal comunitario, como se ha dicho, no será otra cosa que un canal gubernamental."
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Conferencia Episcopal Venezolana quisieron terciar en defensa de RCTV y de la libertad de expresión. Uno recibió un insulto de Chávez como respuesta; los otros, una advertencia sobre el poder de Cristo.
La revocación de la licencia de RCTV, concedida en 1987, "es una venganza política de Chávez y es, a su vez, una parte importante de su proyecto político -dijo Granier-. Si no, ¿para qué quiere el gobierno antenas privadas? Ya nos inundaron con una serie de multas. La estrategia es acusarnos de no respetar la ley cuando son ellos, en realidad, los que quiebran los preceptos constitucionales".
Sin proceso legal
En Cartagena de Indias, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las autoridades de RCTV recibieron el apoyo de sus pares. La decisión de Chávez, según Granier, "no responde a ningún procedimiento legal, lo cual nos ha puesto en una situación de indefensión jurídica".
Como precedente, las autoridades de RCTV tomaron el caso del empresario peruano-israelí Baruch Ivcher, despojado en 1997 del Canal 2 / Frecuencia Latina, de Lima, así como de su nacionalidad peruana, por el ex presidente Alberto Fujimori.
En el caso de RCTV, Granier señaló: "Como no hay una causa judicial, tampoco podemos recurrir a la Justicia. Es una negación del acceso a la Justicia. No podemos hacer nada".
La decisión de Chávez, dijo, "forma parte de un proceso que ha ido del autoritarismo al totalitarismo, con un partido único y un presidente que gobierna por decreto y que exalta el culto a su personalidad. Es un proyecto de poder personal, de modo de ser reelegido hasta que se le antoje. Primero, hasta 2012. Después, hasta 2021. Después, hasta 2024. Y ahora, hasta 2030. En ese momento será como Fidel Castro".
Su hermano Marcel dijo que Chávez anida el deseo de controlar toda la información, como si tratara de aplicar los modelos de "Castro, Perón, Mussolini y Hitler". Y, en definitiva, "de acabar con la libertad de expresión, con medios de comunicación sumisos y periodistas dispuestos a hacerle propaganda".
La decisión de no renovar la licencia de RCTV, según Carlos Granier, guarda relación con su intención de retomar el control de los sectores "estratégicos para cualquier país" en virtud de la "reforma socialista constitucional" y de "la república socialista de Venezuela".
En ella, según Chávez, aquellos que disienten "pueden hacer las maletas e irse".
Por Jorge Elías
De la Redacción de LA NACION
Esto es una copia del mensaje enviado a Diario La Republica mediante Diario La República - Online
Este correo ha sido enviado mediante http://www.larepublica.com.pe desde
Ricardo González Falcón <rgonzalezfalcon@hotmail.com>
Editorial de LA NACIÓN de Buenos Aires.
La República está en serio peligro
La presión y el grado de intimidación a los jueces desde el Poder Ejecutivo Nacional han llegado a niveles insoportables. La división de poderes está gravemente amenazada y la República, en peligro.
No importa cuántos lo adviertan. Pero lo cierto es que la evidente falta de respeto por la autonomía del Poder Judicial exhibida por el propio presidente de la Nación, y por algunos de sus principales colaboradores, durante los últimos días, ha provocado un concluyente retroceso en la consolidación de nuestras instituciones republicanas y de elementales principios constitucionales.
Todo comenzó la semana última, con una demanda contra cuatro jueces de la Cámara de Casación Penal presentada ante el Consejo de la Magistratura por unos 60 querellantes, debido a la supuesta demora de causas judiciales en las cuales se investigan violaciones de los derechos humanos producidas en el transcurso del régimen militar iniciado en 1976.
Poco después, el sábado último, en ocasión de la conmemoración de aquel golpe de Estado en su aniversario, el presidente Néstor Kirchner acusó a los integrantes de la Cámara de Casación Penal de estar frenando "juicios que deberían estar en marcha" y anunció: "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder". Esta frase, quizás uno de los mejores ejemplos de la falta de independencia de la Justicia en la Argentina, es fiel reflejo de la influencia que hoy ejerce o pretende ejercer el jefe del Estado sobre el órgano encargado de la selección y la remoción de los magistrados.
En más de una ocasión señalamos, desde esta columna editorial, que la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada el año último en el Congreso a instancias del oficialismo kirchnerista tan sólo apuntaba a garantizarle su control a ese sector político. Las recientes declaraciones del primer mandatario parecen dejar poco lugar para dudas: se confirma que, desde la Casa Rosada, se entiende al Consejo de la Magistratura como una herramienta para intimidar a los jueces rebeldes a las necesidades políticas del oficialismo o dispuestos a actuar con independencia del poder político de turno.
Que anida en el gobierno nacional un afán persecutorio, dirigido a condicionar a los jueces, lo demuestra también el temerario mensaje del ministro del Interior, Aníbal Fernández, al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi: "¿Por qué no renuncia? Hágale un bien a la Patria. Renuncie. Váyase". O las declaraciones del diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura Carlos Kunkel: "Al señor de buenos modales (por Bisordi) que no se enteró de que hubo 30.000 desaparecidos (tres veces más que los reconocidos por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas) le pedimos que trabaje o deje su puesto".
Se advierte con claridad la presión sobre los magistrados, junto con un espíritu vengativo que lleva a pedir el castigo, casi dejando de lado el natural derecho a la defensa que le corresponde a cualquier persona, independientemente de la gravedad de los delitos que se le imputen.
Lo curioso es que se presiona a los jueces sobre la base de una demanda de celeridad en su labor sin detenerse a analizar los diferentes trámites que tienen lugar en el máximo tribunal en materia penal. En ese sentido, no debería dejar de tenerse en cuenta que ciertas demoras en la tramitación de causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos encuentran su explicación en presentaciones de los propios querellantes para exigir el apartamiento de los jueces de casación de esas causas, que terminaron impidiendo el normal trabajo de los magistrados ahora cuestionados.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que los jueces que son objeto de la ira del oficialismo enfrentan las idas y venidas derivadas de leyes promovidas por un gobierno constitucional, como las de punto final y obediencia debida, anuladas casi dos décadas después a instancias de otro gobierno también elegido por el pueblo, hecho que obligó a los magistrados a lidiar con un ordenamiento jurídico cambiante y, consecuentemente, sometido a cuestionamientos desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Desde ya que sería deseable que la Justicia toda, y no sólo la Cámara de Casación, actuase con una mayor rapidez. Pero presionar a los jueces desde los otros poderes del Estado para lograr no sólo ese cometido, sino fallos en determinado sentido afines a ciertas necesidades políticas, es lisa y llanamente intolerable.
La impresión que parece quedar es que, más que celeridad del Poder Judicial, lo que se busca, sin reparar siquiera en medio alguno, es magistrados que piensen exactamente igual que el Poder Ejecutivo. Y no hace falta aclarar que cuando los jueces terminen siendo meros funcionarios al servicio de la Casa Rosada, la República habrá dejado de existir.
El análisis
En el momento de menor fluidez de los cortes de ruta, el Gobierno dio una definición de fondo sobre un problema que la Argentina tiene desde 1996. Ese año, en Cutral-Có, aparecieron los bloqueos carreteros como forma de protesta social. De esa irrupción sorpresiva a estos días fue mucho lo que pasó.
Pero para la Casa Rosada, a partir del mensaje que le dio a Uruguay, esa metodología de reclamos pasa a ser un hecho aceptado como si fuera una huelga o un paro. Un derecho adquirido.
Si bien el Gobierno se refiere en esta contestación a un reclamo uruguayo, específicamente a los cortes de ruta que se hicieron fuertes en Gualeguaychú, la magnitud de la definición oficial abarca a todas las protestas que utilizan esta herramienta. La Cancillería explicó que los cortes de ruta son una forma de asegurar el derecho a la manifestación, y en su comunicado lo pone como un derecho superior al de libre circulación. Justamente ése era el eje del debate sobre la validez o no de esta forma de protesta que comenzó siendo utilizada por trabajadores desocupados y proliferó en estos días a todo tipo de actor social que siente que tiene un reclamo.
Hoy, los principales referentes del movimiento piquetero están lejos de la escena pública. Ellos habían aceptado, ya hace dos años, que este tipo de reclamos estaba vulnerando el humor de la sociedad hacia ellos, por lo que optaban por otro tipo de protestas, sin interrumpir el tránsito. La gente de Gualeguaychú trajo de vuelta, sin quererlo, el debate sobre los cortes de ruta y logró lo que no pudieron la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, o Raúl Castells, esto es, arrancarle al gobierno de turno una concesión en el tema.
Ya en los días febriles de fines de 2001 y comienzos de 2002, cuando los cortes de ruta y de calles se multiplicaban por miles en la Argentina, importantes hombres del piqueterismo argentino, como Amancay Ardura, expresaban su certeza de que, a la larga, ese método de protesta iba a tener la validez de la huelga. Es más: explicaban que en un comienzo también esos reclamos habían sido ilegales, hasta que la lucha de sus protagonistas logró darles un rango de protesta aceptada en todo el mundo. Con la definición de la Cancillería, hoy el corte de ruta es aceptado en la Argentina.
Porque no habría ningún criterio objetivo para diferenciar el corte que podrían hacer los desocupados de los que hoy son bendecidos en Gualeguaychú.
Este gobierno siempre intentó tener una política de aceptación de las manifestaciones para contener, y en algunos casos captar, a quienes protestaban en las calles. Sin embargo, la definición de los cortes de ruta por encima del derecho al libre tránsito no era algo siquiera esperado por quienes hicieron de este tipo de reclamo su pensamiento político. En definitiva, a 10 años del estallido de Cutral-Có, la Argentina encuentra una nueva forma de protesta válida, al menos a los ojos del Gobierno.
Publicado en el diario LA NACIÓN de Buenos Aires, en julio de 2006
TRIBUNA: JORGE EDWARDS
Censuras
JORGE EDWARDS 29/03/2007
A mí me parece que nuestra tendencia a la censura, en toda América Latina, quizá en todo el mundo hispánico, de diferentes modos, con diferentes pretextos, desde ángulos demagógicos, tramposos, es casi irresistible. Asisto a la reunión de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cartagena de Indias, en Colombia, y me encuentro en las antesalas con jóvenes que llevan mordazas y vendas negras en los ojos, aludiendo a la prohibición de hablar y escribir e incluso a la prohibición de ver. Es una protesta contra el cierre anunciado, inminente, de una estación de radio y televisión de Venezuela. Cuando se discute el tema en una de las sesiones de mañana la tensión es enorme. Una de las periodistas afectadas no puede retener su llanto frente al público. Ese llanto, esa angustia, son la más palmaria demostración de la arbitrariedad de los poderes que ha comenzado a concentrar en sus manos el presidente Hugo Chávez. Después dirá que nosotros afirmamos lo que afirmamos porque somos de ultraderecha, reaccionarios, fascistas, lo que ustedes quieran, o lo que el señor Chávez quiera. Pero estos argumentos, en nuestro mundo actual, e incluso en nuestra periferia emergente, ya no convencen a nadie. Pasó hace rato la época en que había que callar cosas "para no darle argumentos al enemigo". El mejor argumento que podemos regalar a nuestros adversarios es, precisamente, el de recurrir a la censura. Si censuramos es porque admitimos una debilidad nuestra muy grave. Es porque no tenemos razones verdaderamente sólidas de nuestro lado y preferimos cortar el debate de raíz. Claro está, el señor Chávez nos acusará de liberales y hasta de socialdemócratas, mientras él propone su socialismo bolivariano. ¿En qué consistirá esta nueva clase de socialismo? ¿O será una palabra nueva para designar el antiguo socialismo real, el que se desmoronó en todas partes, salvo en una pequeña isla tiranizada? En esa isla, avanzar críticas y objeciones tan moderadas como las que expongo en estas líneas puede llevar a una condena de veinte o más años de cárcel. Pero aquí hablamos de anacronismos, de rezagos, de pequeños espacios que quedaron al margen de la historia contemporánea y que nunca serán absueltos por la historia.
Me he arrepentido muchas veces de haber aceptado la disolución del Comité Permanente de Defensa de la Libertad de Expresión, organismo que presidí durante los años de la dictadura pinochetista y que nunca debió disolverse. Aprendí en estos tiempos que la censura es la flor malsana de los regímenes autoritarios, que no pueden vivir sin ella, pero que tiende a deslizarse siempre, bajo los disfraces más diversos, en regímenes más normales. En Chile tenemos un respeto sagrado, casi un temor reverencial, frente a la autoridad constituida, al conjunto tradicional de las instituciones, y eso nos lleva a dos cosas: a proteger en exceso a los representantes de esos poderes y a censurar de cuando en cuando, en forma indirecta, hipócrita, a los que se permiten rozarlos con una frase, con el pétalo de una rosa. Gracias a una reacción saludable, somos también el país de los diarios y las revistas satíricas, publicaciones que viven de la irreverencia, de la tomadura de pelo, de la caricatura. En mi juventud existía el Topaze y ahora existe The Clinic. No estaría mal que la SIP perdiera un poco de su formalidad y se ocupara alguna vez de estos periodismos irreverentes y en último término saludables.
En Chile se diría que andamos más o menos bien, pero este bienestar tiene un aspecto ilusorio. Andamos bien porque somos prudentes, porque evitamos el exceso, porque practicamos, sin decirlo y a veces sin saberlo siquiera, una discreta autocensura. El reciente episodio de una película histórica acerca de la Guerra del Pacífico es del mayor interés. ¿Qué pasaría si en la televisión francesa no se pasara una película sobre la guerra franco-prusiana de 1870 para no perjudicar las relaciones con Alemania? La situación es completamente inconcebible. A nadie se le pasaría por la mente en Europa censurar una película sobre la guerra de Crimea, o la de 1870, o sobre las guerras mundiales del siglo XX, por razones exclusivamente diplomáticas. Si se siguieran estos criterios, habría cuentos de ambiente bélico de Guy de Maupassant que habría que desterrar de las antologías. Sin hablar de muchas novelas inglesas, italianas, francesas, españolas del siglo XX. Es un disparate absoluto, y basta plantear el tema para notar su aspecto disparatado. Pues bien, aquí se filma una película sobre algunos episodios de la guerra de 1879. Acto seguido, el canciller chileno se alarma porque las relaciones con el Perú se encuentran en un plan de progreso, habla por teléfono con su colega peruano, celebra consultas con un par de funcionarios de su ministerio, conversa con el director
de la Televisión Nacional, y la proyección de la película se suspende. Es decir, todos nos quedamos con la curiosidad, como niños castigados, y los cancilleres, sesudos, solemnes, declaran con la mayor seriedad que las relaciones bilaterales son más importantes que unos cuantos fotogramas. Me pregunto si los peruanos y los chilenos somos tan primarios, tan infantiles como parece que nos ven nuestras autoridades superiores. ¿Vamos a ofendernos, vamos a pelearnos de nuevo, vamos a retroceder en nuestros entendimientos actuales, porque nos proyectan imágenes de un conflicto que ya tiene cerca de un siglo y medio de antigüedad? El tema de una película puede ser una guerra, pero esto no implica que la visión sea necesariamente belicista. Por el contrario, son muchas las películas de guerra que tienen un poderoso mensaje de paz. Comí hace poco en mi casa de Santiago con uno de los grandes poetas del Perú, Carlos Germán Belli. Hace un par de meses estuve aquí con Alonso Cueto y con otros escritores y críticos peruanos. Tengo grandes amigos de ese país desde hace muy largo tiempo. Nadie soñaría con que una película, por buena o por mala que fuese, pudiera perturbar estas viejas conexiones. Lo que sucede es que nuestras autoridades suelen ser nerviosas, susceptibles, inseguras. Hagamos películas de la conquista, de las guerras de la Confederación y del Pacífico, de la paz de los años veinte, de los chilenos en Lima y los peruanos que ahora se reúnen en gran número debajo de los muros de la catedral de Santiago, muros que antes, en años coloniales, servían de cobijo para ventas de estampas milagrosas, de pequenes, de jarrones de chicha, de fritangas de toda clase. Alguien me podría decir que los intelectuales de ambos países reaccionan de otra manera que los ciudadanos comunes y corrientes, pero aquí interviene otro proceso mental inaceptable: el de la subestimación. Ni los chilenos ni los peruanos de a pie son bobos: todos saben distinguir muy bien entre el presente y las historias bélicas de un pasado ya bastante remoto.
En la reunión de la SIP hubo una sesión importante dedicada al periodismo narrativo. El orador central iba a ser Gabriel García Márquez, autor de la Historia de un náufrago y de otros clásicos del género, pero al final no pudo asistir. Pensé por mi lado en ejemplos de periodismo narrativo y empezaron a surgir nombres de grandes escritores de antes y de ahora. Dostoievski, en sus Memorias del subsuelo, hizo periodismo narrativo, y también lo hizo Chateaubriand en sus Memorias de ultratumba. Los episodios de París después de la derrota de Napoleón en Waterloo, de los muelles del Sena ocupados por batallones de gaiteros escoceses, son inolvidables. ¿Y las páginas del diario de Victor Hugo sobre las Tullerías saqueadas después de la revolución de 1830? ¿Y el Homenaje a Cataluña de George Orwell, las escenas de tiroteos entre anarquistas y comunistas en los alrededor del Hotel Oriente de las ramblas barcelonesas? Mi conclusión es la siguiente: ningún género literario desafía más a las instituciones censoras, al espíritu de censura, que el periodismo narrativo. Todo el que lo ha practicado alguna vez lo sabe de memoria. Por eso hay que defenderlo a brazo partido, como lo hicieron en aquella mesa mañanera y dominical Tomás Eloy Martínez, Joaquín Molina y algunos otros, y por eso hay que atacar la censura sin la menor vacilación y cualquiera que sea la forma que adopte. Toda mi simpatía está con los jóvenes que desfilaban esa mañana en silencio, con la boca amordazada y con los ojos vendados.
Jorge Edwards es escritor chileno.
Fuente: EL PAÍS de Madrid.
El virtuosismo de Paganini con el violín o el de Liszt con el piano no es todavía el de Kirchner con la política. Pero Kirchner se acerca mucho, de ser cierta la versión que oí por ahí en el sentido de que la oportunidad y el medio que usó para aporrear al Poder Judicial le ha servido para cambiar bruscamente la melodía y llevar el foco de la atención pública hacia otro tema, con diferente clave y tonalidad. En efecto: el escándalo suscitado por los casos Greco y Skanska generaba tanta asfixia en los altos niveles que se debía apelar a un mordente sonoro de alta eficacia. El mordente que produjo el cambio de música fue la Cámara de Casación, el más alto tribunal penal de la república. De súbito, el sensorio de la sociedad y el de la prensa fueron atraídos por el imán de otro foco. Casi, la obra de un consumado artista.
Pero, ¿de qué nos asombramos? ¡No es nueva la injerencia del Poder Ejecutivo en materia judicial y legislativa! Nos molesta y nos indigna, sí, pero no produce la reacción de los cacerolazos. Ni aun la Corte Suprema, vigilante permanente de la Constitución, reacciona con tronante firmeza. Descendemos del absolutismo monárquico, donde el rey decidía todo y a quien todo se le perdonaba. Esa figura omnipotente tuvo sus epígonos en los caudillos y, ahora, en los presidentes autoritarios. Los biombos que deben separar los tres poderes para que entre ellos se controlen están comidos por la polilla, llenos de agujeros, al extremo de que no se sabe dónde empiezan y dónde terminan las respectivas jurisdicciones. Nuestra república no logra consolidarse, porque existe un abismo entre la letra y la realidad. Seguimos hipnotizados por un presunto rey, aunque ahora se llame de otra forma, su piso no sea tan firme ni su futuro esté asegurado.
¿Qué son los superpoderes y las leyes de necesidad y urgencia sino facultades usurpadas al Congreso? ¿Qué significan los cambios realizados en el Consejo de la Magistratura si no poner a los jueces bajo una amenazante espada que sólo empuña el Ejecutivo? El Congreso es una casita robada y el Consejo de la Magistratura una casita ocupada.
Quienes han disfrutado el vértigo de la montaña rusa en un parque de diversiones tal vez vuelvan a sentir el mismo vértigo si repasan el manoseo que se ha realizado impúdicamente con nuestra Justicia en todas partes, empezando con el Superior Tribunal de cada provincia. ¡Agarrarse fuerte!
En Formosa, el gobernador Vicente Joga aumentó los miembros del Tribunal Superior de tres a cinco; luego los redujo a tres. Más adelante, el gobernador Insfrán los volvió a elevar a cinco.
En Santiago del Estero, el Superior Tribunal pasó de cinco a siete miembros en 1989. Después, la intervención federal echó a todos para reemplazarlos por abogados que consideraba más favorables, reduciendo el cuerpo a cinco. El gobernador Juárez lo aumentó de nuevo a siete. Otra intervención federal volvió a renovar los ministros. El siguiente gobernador los cambió en su totalidad.
En Tierra del Fuego, en el año 2000, los tres ministros del Tribunal Superior fueron obligados a jubilarse en forma anticipada. Así, el gobernador los podía sustituir por abogados de su confianza.
En La Rioja, los miembros pasaron de tres a cinco en 1986. Años después crecieron a siete. El gobernador Maza, recientemente destituido, promovió una reforma para desembarazarse de cuatro.
En Río Negro, la composición de la Corte pasó de tres a cinco, pero en el año 2000 volvió a tres.
En Santa Cruz, cuando era gobernador Néstor Kirchner, el Tribunal fue aumentado de tres a cinco. Pero en la reforma -¡de paso, cañazo!- removió al díscolo procurador general para que no molestase con sus denuncias.
En Neuquén, gracias a los retiros en el Poder Judicial y a un sistema especial de jubilación, el gobernador consiguió reemplazar a todos los ministros.
En Entre Ríos, el gobernador Busti promovió una reforma singular que dividió a la Corte en salas por fuero, con abogados de filiación política afín.
En San Luis, el Tribunal pasó de cinco a siete miembros. Después lo redujeron a cinco. La disconformidad con sus fallos determinó que el Ejecutivo realizara una intensa campaña de desprestigio, que forzó el alejamiento de cuatro.
¿Mareado? Perdón, pero lo advertí.
Esta información rápida e incompleta demuestra que no sólo se moldea el número de integrantes como si fueran una masa de arcilla, sino que se cambia a uno o más ministros con justificativos poco creíbles, y se expulsa sin consecuencias al procurador general. Son mecanismos de domesticación a rebencazos, con excusas variables, que van desde el retaceo en el presupuesto, la desobediencia a los fallos y el menosprecio público de los jueces, a veces con campañas calumniosas. No se escatiman recursos. Mientras, la sociedad -confundida en medio de otras urgencias, como la inseguridad, la salud y la pobreza- no advierte esas arbitrariedades que liman con dientes de rata los pilares de la República.
¿Cómo podemos creer en la independencia del Poder Judicial si la Corte Suprema de Justicia de la Nación sufrió diez modificaciones en menos de 60 años?
Era estudiante en Córdoba cuando asumieron nuevos jueces en el Superior Tribunal de mi provincia. Estábamos a principios de 1955 y la genuflexión ante el Poder Ejecutivo producía náuseas. Después de la jura, los ministros dirigieron un mensaje al presidente Perón que decía textualmente: "Inspirados en el prototipo de vuestra vida ejemplar, en la acción de nuestra inolvidable Eva Perón, y en el principio que informa a la Doctrina, asumimos con fervor peronista las altas funciones (...) juramentados en una inquebrantable adhesión y lealtad a vuestra insigne persona como líder de la nueva Argentina justicialista". Esta su-bordinación expresaba que ya no existía la república, sino apenas su caricaturesco recuerdo. Significaba, también, el principio del fin. No alcanzaba la hegemonía, sino que se tendía a la autocracia. Y el régimen se desfondó. Contra estos casos tan tristes, adquieren brillo hechos que deberían ser normales o irrelevantes. Pero el contraste brilla tanto que se convierten en modelos. Tal vez se deba a las convicciones democráticas e institucionales que perduran en franjas de nuestra sociedad, pese a los genes absolutistas. Cuando Yrigoyen parecía un viejo chocho, tuvo la lucidez y firmeza para ofrecer la presidencia de la Corte Suprema a su adversario político, Figueroa Alcorta. Era un modo categórico de separar los poderes, como debe suceder en una democracia genuina. Cuando Alfonsín triunfó en las elecciones de 1983, imitó a Yrigoyen y ofreció la presidencia de la Corte Suprema a su destacado rival, Italo Lúder, quien la rechazó porque no estaba a la altura que requería ese momento excepcional de nuestra historia. De la Rúa no cambió un solo miembro de la Corte en su breve mandato, pese a que su composición venía siendo cuestionada.
Pero no nos confundamos. No se trata de peronismo y antiperonismo, ni de derecha e izquierda. Ha corrida mucho agua -también sangre- bajo los puentes. Ahora se trata de salvar nuestra república apaleada. Tendemos a confundir democracia con elecciones. Es un error grosero en el que también incurren los países del Primer Mundo. No es lo mismo democracia y elecciones, como no es lo mismo una república con ese nombre y una república donde los poderes no tienen independencia ni ejercitan su control recíproco. Muchas elecciones no garantizan la democracia, sino que operan como un trampolín hacia regímenes totalitarios. Hitler asumió después de elecciones. Varias dictaduras en la actualidad convocan a elecciones o a simulacros de elecciones. Eso no es democracia. La democracia necesita libertad, derechos, alternancia del poder, pluralismo político, transparencia administrativa, control y un Poder Judicial independiente, respetado y vigoroso.
Esto no es compartido por aquellos que llevan en el alma la semilla de la tiranía. Que quieren imponer el pensamiento único. Que disuelven la tolerancia. Que descalifican al que piensa diferente. Que incentivan el odio. Nuestro país transitó por diversas ondas. Actualmente prevalece la neomonto . Por suerte es neo , es decir, aggiornada . No recurre a las armas de fuego, pero sí a otras que también causan miedo. Miedo entre los periodistas, los legisladores, los jueces y fiscales, los empresarios, los gobernadores, los intendentes, muchos políticos.
A los neomontos que Perón echó de la Plaza porque despreciaban la democracia y no querían avenirse a la convivencia pacífica y que, después, ante su obstinación confrontativa, decidió exterminar con toda la fuerza del Estado, es oportuno recordarles que el viejo líder regresó con el propósito manifiesto de evitar la guerra civil.
Era un hombre diferente al déspota de sus primeras dos presidencias. Había reflexionado y aprendido y observaba con ojo alerta la evolución del mundo, pese a que aún existía la Unión Soviética y Mao gozaba de poder. Un gesto histórico fue su abrazo con Balbín, entonces el rival emblemático. Pero otro, más importante, fue su mensaje del 3 de agosto de 1973, que deberían leer y releer quienes se dicen sus continuadores. Es una pieza que costará digerir a los prepotentes, a los que injurian, a los que desprecian la crítica, a los que se ofuscan porque les señalan errores. Dijo Perón en esa oportunidad: "La política, hoy, ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado para pelear con el otro. Nuestro mundo moderno ha creado necesidades, y los pueblos no se pueden dar el lujo ya de politiquear. Esos tiempos han pasado. Vienen tiempos de democracias integradas en las que todos luchan por un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para el fin común".
Apenas comenzó su mandato, Kirchner hizo lo opuesto al consejo de Perón. Se instaló en una trinchera y empezó a disparar: contra los militares, contra los empresarios, contra la Iglesia, contra la oposición, contra la prensa. El crecimiento de su poder se alimenta con la nostalgia por el rey que muchos argentinos llevan en el alma: la "mano fuerte", el dispensador de bienes, el donador de privilegios. Pero también el que inhibe, censura y destruye las bases de nuestra débil democracia. La reiteración de ataques contra el Poder Judicial tendrá un efecto deletéreo, porque cada juez o fiscal que deba enfrentar al oficialismo, aunque sea en causas por demás simples, sabe que pone la cabeza bajo la guillotina.
El Consejo de la Magistratura, que fue creado en la reforma constitucional de 1994, podía haber sido uno de sus pocos y brillantes aportes. Pero se lo ha bastardeado desde el comienzo. Al principio se tardó más de la cuenta en ponerlo a funcionar. Y durante esta administración se hizo todo lo posible para transformarlo en una herramienta del oficialismo. En lugar de brillar como símbolo de independencia y eficacia, será el lugar para linchar a quienes se atrevan a cuestionar las ideas o propósitos del Ejecutivo. Pero, como dije desde el principio, no es algo nuevo. Sólo que ya no podemos tragar este tipo de chocolate.
Caricaturas
Fernando Laborda
El pulso político
Si algo quedó claro tras el ataque público del presidente Néstor Kirchner a la Cámara de Casación Penal es el afán del actual Poder Ejecutivo por controlarlo todo.
El primer mandatario, luego de exigirle celeridad al citado tribunal para "castigar" a los imputados en causas vinculadas con la violación de derechos humanos, aclaró que no tenía la intención de interferir en ningún poder del Estado.
Dos datos, sin embargo, parecen desmentir esa afirmación presidencial.
El primero son las declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que le pidió al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que le haga "un bien a la Patria" y se vaya. Por lo menos, consiguió que, ayer, Bisordi pidiese licencia por treinta días. ¿Acaso no son los juicios del ministro una interferencia y una clara presión sobre el Poder Judicial?
El segundo dato es una confesión del propio presidente de la Nación: "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder". La hizo el sábado último, en el edificio donde funcionaba el centro de detención clandestino La Perla, en Córdoba, tras acusar a los miembros de la Cámara de Casación de "estar frenando juicios que deberían estar en marcha". ¿Cómo puede saber el titular del Poder Ejecutivo lo que va a hacer un órgano del Poder Judicial que se supone independiente?
Como pocas veces, existe un altísimo grado de sintonía entre la Casa Rosada y el Consejo de la Magistratura. Era lógico que eso sucediera tras la reforma de este cuerpo, impulsada por el oficialismo, que rompió el equilibrio en su conformación buscado por los convencionales constituyentes de 1994 y le garantizó su control al kirchnerismo.
La presión que ejerce Kirchner sobre los jueces no es muy diferente de la que ejercía el gobierno de Carlos Menem sobre los magistrados.
Hay una diferencia formal, sin embargo. En el período menemista, se empleaba el teléfono para persuadir a los jueces sobre la conveniencia de dictar sentencias en determinado sentido o de "dormir" una causa. Así surgió la recordada cuestión de los famosos "jueces de la servilleta" de Carlos Corach, denunciada por Domingo Cavallo.
El gobierno de Kirchner se propuso no hablar con los jueces o hacerlo lo menos posible. "Nunca levantamos el teléfono para llamarlos. No queremos jueces amigos, porque ya sabemos que éstos serán amigos mientras estés en el poder y cuando no estés más en el poder responderán a quien te suceda", explicó a LA NACION una alta fuente del gobierno nacional. Aunque esa aseveración pueda ser cierta, de ningún modo asegura que no existan las presiones sobre los magistrados. Sólo da cuenta de que los mecanismos de intimidación son diferentes.
* * *
Hoy la estrategia oficial para disciplinar a los jueces es exponerlos frente a la opinión pública, desgastarlos y amenazarlos con la caldera de reptiles. Los enojos mediáticos del Presidente no están solos; desde hace poco, están acompañados por la amenaza latente de que el Consejo de la Magistratura, ahora dominado por el kirchnerismo, se convierta en la herramienta para enderezar a los jueces rebeldes.
Y Kirchner cree que tiene todo el derecho a hacerlo, porque se sigue rigiendo por las encuestas, que demuestran que la opinión pública continúa desconfiando del Poder Judicial. El error, como señala el sociólogo Eduardo Fidanza, es pensar que las encuestas pueden fundar las relaciones entre los poderes del Estado.
Nuestra débil cultura cívica y republicana ayuda a que se insista en ese error y a tolerar la posibilidad de que los jueces terminen siendo meros funcionarios con obediencia debida al Poder Ejecutivo.
Entretanto, el Presidente les exige a los tribunales una celeridad que, por ejemplo, no les reclama a sus funcionarios para cumplir sentencias de la Corte que disponen ajustes en las jubilaciones, ni para impulsar la discusión de una nueva ley de coparticipación federal que debió aprobarse hace diez años.
Por Fernando Laborda
Fuente: LA NACIÓN de Buenos Aires.
FUENTE: Semanario BÚSQUEDA (Uruguay) 29/03/08
EE.UU. intimó a Argentina a corregir 'deficiencias' relativas al 'lavado de dinero' en el principal banco estatal de ese país.
El gobierno de Kirchner había acusado a Uruguay de tener una 'posición vulnerable' a 'ilícitos' financieros
La Reserva Federal de Estados Unidos (EE.UU.) y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York intimaron al Estado argentino a tomar "medidas" para corregir las "deficiencias" que fueron constatadas en los "procedimientos" contra el "lavado de dinero" en la sucursal en Nueva York del Banco Nación, el principal banco estatal de Argentina.
A esos efectos, el 2 de marzo el Banco Nación firmó un acuerdo con esas entidades oficiales estadounidenses, en el que se establece un cronograma de responsabilidades del gobierno argentino, sólo una semana después de que la ministra de Economía argentina, Felisa Miceli, denunciara ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que Uruguay está en una "posición vulnerable para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional", lo que resulta "perjudicial" para su país, que se "esfuerza" por cumplir las normas internacionales. El objetivo del acuerdo que los representantes de los gobiernos estadounidense y argentino firmaron es tomar "medidas para solucionar deficiencias de conformidad con las leyes, reglas y regulaciones federales aplicables relativas a las políticas y procedimientos anti-lavado de dinero" en la sucursal de Nueva York del Banco Nación, según el documento al que accedió Búsqueda.
El texto señala que "es una meta común" de ambos "asegurar" que el Banco Nación "solucione completamente todas las deficiencias en las políticas y procedimientos anti-lavado de dinero, las prácticas de debida diligencia con los clientes, los procesos de gerenciamiento de riesgo y el ambiente de control interno de la sucursal de Nueva York".
Según el cronograma, hay un plazo máximo de 60 días, que se cumple el 2 de mayo, para que el banco estatal argentino "envíe a los supervisores un aceptable programa anti-lavado de dinero" con el propósito de "optimizar los controles internos de la sucursal en Nueva York para asegurar la conformidad con todas las precauciones aplicables" con las normas de EE.UU.
También antes del 2 de mayo, el Banco Nación debe "enviar un programa aceptable de debida diligencia con los clientes diseñado para asegurar razonablemente la identificación y el reporte oportuno, apropiado y completo de todas las conocidas o sospechosas violaciones de la ley contra la sucursal en Nueva York o que la involucren y las transacciones sospechosas".
Además, a los 45 días del acuerdo el gobierno argentino debe presentar "un plan aceptable que incluya un cronograma para la completa instalación, verificación y activación de un software para el monitoreo de transacciones apropiado para las cuentas y transacciones de los clientes".
"Regulaciones insuficientes". El 23 de febrero, sólo una semana antes de la firma de ese acuerdo, Miceli había enviado una carta al GAFI durante una reunión de expertos
celebrada en Francia.
En esa misiva, la ministra de Economía del gobierno de Néstor Kirchner señaló a Uruguay como un "centro financiero off-shore" y afirmó que "los servicios especiales para no residentes, la ausencia de restricciones al secreto bancario, la falta de implementación de procedimientos de debida diligencia sobre ciertos beneficiarios finales de servicios financieros, la retención de la correspondencia que ofrecen algunas instituciones financieras, en especial a clientes residentes en otras jurisdicciones, lo sitúan en una posición vulnerable para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional" (Búsqueda N° 1.396).
Además, Miceli indicó que "la actual legislación societaria uruguaya y el registro de sociedades tampoco proveen de una adecuada transparencia (...), llevando al posible abuso de la constitución y/o utilización de las sociedades de acciones al portador (especialmente las SAFIs) para fines ilícitos".
El gobierno de Kirchner expresó que "es bien conocido por todos el efecto de atracción que ejercen las jurisdicciones con regulaciones insuficientes o con control ineficiente por parte de sus instituciones sobre los flujos financieros ilegales y asociados en gran medida a la fuga de capitales y a cuestiones tributarias".
"La falta de observancia de estos estándares es extremadamente perjudicial en términos económicos y financieros para países que, como el nuestro, se esfuerzan por cumplir con los compromisos internacionales", protestó el gobierno argentino, y pidió "todo el apoyo del GAFI para terminar con esta situación altamente irregular y dañosa" para sus "intereses económicos y financieros".
Ese mismo día, la Presidencia uruguaya emitió un comunicado señalando que desde el 2004 están en vigor normas que "evitan" la utilización del sistema financiero de Uruguay con los fines mencionados en el texto elevado por Argentina, al que consideró "contradictorio y sin fundamentos".
Al conocer la carta, el coordinador uruguayo en ese grupo internacional, Ricardo Gil, dijo a "Últimas Noticias" el 27 de febrero que el reclamo argentino "responde a cosas ajenas al tema del lavado" y sugirió que podría estar vinculado al conflicto bilateral por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos.
Para aquellos que supongan que ésta es una columna de opinión de origen y
contenido gorila, desde ya les advierto que no se esfuercen:
Están en lo cierto.
Tengo mis razones. Asumo mis 50 años acompañando al hecho que el peronismo
nunca ha dejado de golpearme la puerta. Mi vida, mi hacienda, como las del
pueblo argentino, en las últimas seis décadas han estado siempre, de una
forma o de otra, afectada por la tragedia peronista, su historia y su
histeria, especialmente por la libertina y enfermiza concepción que sus
cultores dispensan al ejercicio del poder. Y en esta concepción autoritaria
y hegemónica son todos iguales: el Peronismo de PERON, el Peronismo de MENEM
y ahora, el Peronismo de KIRCHNER. La diferencia está en lo que se pregona y
en este sentido la eximia simulación de KIRCHNER, en el hecho de hacer lo
contrario a lo que dice, logra sacar varios cuerpos de ventaja, tanto a
MENEM como al mismo PERÓN.
A pesar de ello este argumento no es provocativo, sino mas bien un acto de
franqueza en honor de amigos peronistas que saben quien soy y me aceptan
como soy y tal cual pienso. Saben, además, que puedo apreciarlos hasta el
siniestro instante en que como una viruela les brota esa cosa recalcitrante
e indescifrable. Es en ese momento fatal que un velo de obstinación los
cubre y los transforma y a partir de allí son inútiles los argumentos y las
razones no tienen ningún peso. El "porque sí" entonces adquiere dimensión
dogmática. Es en ese lapso que ese mismo velo los uniforma y no hay
profesión, títulos ni honores que intelectualmente los diferencie: pueden
ser científicos, profesionales, alumnos o docentes, empresarios u obreros,
curas, pastores o rabinos, o astronautas, no importa. Una especie de metamorfosis opera sobre su entendimiento y en este trance, todos justifican todo: amaron a PERÓN, acompañaron a MENEM y hoy consienten a KIRCHNER con el mismo explícito entusiasmo. Dicho popularmente: "no le entran balas", SON PERONISTAS. Y de una dura experiencia histórica los argentinos hemos aprendido que un radical sin poder es un manso e inofensivo opositor, pero un peronista sin poder es un tigre salvaje y
rabioso, enjaulado, dispuesto a dar el zarpazo, sin importar procederes ni
quién en ese momento detente el gobierno que para el peronista en el llano
siempre será un usurpador.
Y resulta, entonces, cada vez mas comprensible la disquisición borgiana:
"No son ni buenos ni malos, SON INCORREGIBLES".
Con el perdón del maestro me atrevo a agregar que además son impenitentes:
jamás se hacen cargo de nada. Cientos de ejemplos abonan esta apreciación
que desnuda la crónica y excelsa destreza de los peronistas para hacerse los
distraídos ante las catástrofes de las cuales fueron y son arte y parte.
Cito una reciente que ilustra un comportamiento reiterado e histórico: Hoy
constituye un misterio indescifrable las dos presidencias de MENEM, ningún
peronista ni lo avaló, ni lo votó, ni lo acompañó. Así lo desconocen, como
desconocen las desgracias que generaron. Esta vez con una presteza inusitada
y una negación tan absoluta y eficaz que ni siquiera dieron tiempo a un
desprevenido gallo bíblico a desperezarse para cantar por primera vez.
Todos fueron fanáticos menemistas y hoy son exacerbados kirchneristas pero
es, en definitiva, la ortodoxia peronista la que indica, sin escrúpulos, que
es quien tiene el poder el que manda y es a quién hay que obedecer
incondicionalmente y justificar todos y cada uno de sus actos.
Detallado el contexto e historias de traiciones al margen, vamos al
punto de este comentario.
EL PARAÍSO PERDIDO
Han pasado casi 32 años de aquella soleada mañana del 1º de mayo de
1974, en la que un hastiado e iracundo caudillo, el propio Juan Domingo
PERÓN, con una multitudinaria manifestación de testigos, desalojaba de la
Plaza de Mayo a los autodenominados "MONTONEROS" sector que constituía el
ala izquierda de su propio movimiento. "Fuera de la plaza, estúpidos,
imberbes" fueron parte de los términos que escogió PERON para cumplir tal
faena.
El viejo general cometía uno de los errores políticos más delicados de su
vida, y a partir de entonces las secuelas de aquel traspié tiñeron la vida
institucional del país, derivaciones históricas que alcanzan incluso a
nuestros propios días. Las circunstancias habían llevado al veterano
caudillo a tomar una decisión y, como se deducía, lo hizo a favor de la
reaccionaria derecha peronista sin sospechar en aquel momento hasta que
extremo llegaría el resentimiento de los sectores vergonzosamente expulsados
de la histórica plaza, para colmo, a la vista de todo el pueblo argentino.
Después pasó lo que pasó. Clandestinidad, Triple A, asesinatos,
"Este viejo adversario viene a despedir a un amigo", ISABEL, LOPEZ
REGA, Aniquilamiento, helicóptero, Comunicado Nº 1 y otra oscura y larga
noche en la Historia Argentina a la que la aterradora lucha interna del
Peronismo nos supo arrastrar.
¿Porqué PERÓN decidió ser tan súbito, tan drástico, tan dramático con los
que hasta ese momento consideraba como sus "gloriosos muchachos"? ¿Es que la
metodología, teñida de fundamentalismo ideológico e intolerancia política,
de extremismo en la acción exhibida por los "muchachos" lo terminaron por
hartar, como se dice? ¿O es que acaso PERON había dado por cumplido los
servicios prestados por toda la memorable lucha militante de este sector
para concretar su retorno a la patria y concluyó que en función de gobierno
se tornarían cada vez más peligrosos y era necesario extirparlos, como
también se dice?
En el primer caso confrontamos las consecuencias de una simple decisión
política del poder presidencial en función de gobierno. Sin embargo la
segunda hipótesis nos revela a un PERON frío, especulador e
inescrupuloso.
Yo creo que las razones no se contradicen, se complementan y estoy seguro
que PERON abrevó en las dos vertientes al tomar su decisión. A la sazón ¿Qué
le habrá dolido más a la arrogante soberbia de los
Montoneros? ¿Qué no se los considerara a la hora de repartir el poder?
¿O que los hayan usado y tirado así, de tan mala manera?
Por mi parte, y como también se sospecha, creo que el retorno del viejo
general a la patria fue uno de los tantos operativos políticos
internacionales montados por la CIA para impedir la anarquía social frente a
un gobierno militar que se debilitaba y la irrupción de las izquierdas,
siempre peligrosas a los intereses norteamericanos, gobierne quién gobierne
Estados Unidos. ¿Será por ello que el viejo
general agregó la acusación de "mercenarios" a las de "estúpidos e
imberbes"? Pero ésta, por supuesto, es otra historia.
NO HABRÁN MAS PENAS NI OLVIDOS
Creo que PERON tenía miedo. Y mucho. El hecho que por primera vez se
dirigiera a su pueblo detrás de vidrios blindados que envolvían el
histórico balcón fue una evidencia categórica de ese temor. Los
Montoneros habían demostrado largamente su intrepidez e inescrupulosidad a la hora de sostener sus ambiciones de poder y de defender sus intereses políticos.
PERON desconfiaba de aquellos muchachos que tras la consigna "Viva Perón" en
una simple reunión de Comisión Directiva decidían la muerte de uno o de
otro, como un punto más del orden del día.
Por eso quienes suponen que la muerte, el secuestro y la desaparición
forzada de personas empezaron el 24 de Marzo de 1976 o se equivocan o
funcionan con un solo costado de la memoria. Se olvidan de la matanza de
EZEIZA. Se olvidan de LOPEZ REGA y de la TRIPLE A. Se olvidan de RUCHI, de
ARAMBURU y de tantos otros muertos célebres y anónimos aportados por la
conflagración peronista mucho antes del 24 de marzo del 76.
Se olvidan, además de los contactos secretos entre el Almirante
MASSERA y los máximos dirigentes montoneros, antes y durante la
dictadura. Se olvidan del vacío institucional provocado en 1976 para
acelerar la caída del gobierno constitucional ante la advertencia de
Ricardo BALBIN que por la salud de la República les imploraba a los
peronistas una salida institucional, que llegaran a las elecciones
"aunque sea con muletas". Se olvidan del sugestivo e indisimulable
júbilo de este sector ante la caída del gobierno de María Estela
MARTINEZ de PERÓN y LOPEZ REGA. A los "gloriosos muchachos" les
conviene olvidarse de estas y de tantas otras cosas.
EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS
Hoy, por cuestiones del convulsionado, agitado y para nada aburrido
acontecer político del país, la línea política expulsada de la plaza
por PERON, desde el punto de vista discursivo gobierna la Nación. En
nombre de PERON, por cierto. Muchos de los hombres humillados por el
líder delante de todo el país, por lo menos desde las sombras, forman
parte del gobierno, asesorando a KIRCHNER en el decir que es
precisamente todo lo contrario a KIRCHNER en el hacer.
LOS SIMULADORES
La pregunta del millón es ¿que tuvieron que ver los KIRCHNER con la
historia del peronismo y de esta izquierda tan temeraria como insurgente?
EN NADA, no tengan dudas. A pesar de las apariencias y de los esfuerzos del
matrimonio presidencial para mostrarse comprometidos con "Los Setenta", no
hay registros, no hay constancias históricas, ni tampoco testigos de la
militancia ni el compromiso activo de los KIRCHNER con ninguno de los
sectores de la izquierda revolucionaria de aquella infausta década.
Afortunadamente y para salvar la historia de desviaciones, falsedades e
invenciones, de otra época si hay constancias. Tuve la oportunidad de leer
el borrador de una obra aún no editada de un escritor patagónico (del cual a
pedido suyo reservo identidad) que se denominará "Los Kirchner y la
dictadura". Este libro relatará la actuación del hoy matrimonio presidencial durante aquel período en la Ciudad de Río Gallegos. Un compendio documental, testimonial, periodístico, anecdotario y hasta alegatos jurídicos que muestran acabadamente que hacían y como pensaban "el Néstor, la Alicia y la Cristina" en la época del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Allí se describen, además, las andanzas de sus allegados políticos: De VARIZAT, de CHAVEZ, de MURATORE y de muchos otros que a la postre participaran del gobierno municipal, provincial y forman parte del
Gobierno Nacional de la pareja presidencial.
Les puedo asegurar que será un documento revelador, sorprendente,
que no tiene desperdicios y que está llamado a constituirse en un
verdadero best seller que pondrá blanco sobre negro en la conducta de
los dirigentes de un sector político que no resisten su propio archivo.
Mientras tanto sería ilustrativo y esclarecedor que alguien le preguntara a
los KIRCHNER (Y si no es mucho pedir: que los KIRCHNER
contestaran) que hicieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de
Diciembre de 1983.
¿En qué trinchera estaban? ¿En qué país se exiliaron? ¿O en que centro
clandestino de detención los recluyeron? Está claro que no encontrarán nada,
porque la verdad es que mientras muchos de sus compañeros sufrían estos
martirios, LOS KIRCHNER en la época del proceso estuvieron abocados a
prosperar económicamente merced a la condescendencia de los jueces del ahora
repudiado proceso. Este matrimonio de jóvenes abogados durante esta aciaga
época fueron disciplinados, sumisos y ejemplares contribuyentes, satisfechos
con una profesión que, merced al embargo de triciclos, cunas, heladeras y
televisores, engrosaba enormemente sus bienes gananciales. Y si me
apuran me aventuro a decir que en el año 1978, durante el mundial de
fútbol pudieron haber pregonado, sin ruborizarse, con VIDELA, AGOSTI,
MASERA y la mayoría de los compatriotas (reconozcámoslo) que los argentinos
éramos "derechos y humanos".
Es cierto que algún allegado al matrimonio presidencial sufrió el
infortunio de haber sido apresado durante el gobierno de la dictadura.
Pero resulta sospechoso que prontamente fuera liberado sano, salvo, sin una
cicatriz nueva y con muchos kilos más. Hay quienes dudan de su
firmeza a la hora del "apriete" y presumen que de sus carceleros
recibió una bofetada para que hable y tuvieron que picanearlo para que
calle.
La otra pregunta es ¿Por qué a los KIRCHNER les encanta aparecer
públicamente como eternos luchadores por los derechos humanos? ¿Por qué
desviven por mostrarse comprometidos con la militancia revolucionaria de los
setenta?
Es evidente que los KIRCHNER en este sentido son auténticos impostores o,
cuanto menos, usurpadores de historias y dolores ajenos.
Y esta conducta debe tener una explicación entendible en el campo de lo
político. Sin pretender ser opinólogo y tampoco invadiendo el terreno de los
politólogos, desde mi humilde punto de vista puedo aportar dos
argumentaciones.
EL PRINCIPE VALIENTE
Una vertiente me indica que, desde el punto de vista político, resulta
favorable al presidente hurgar en la sensiblería argentina y presentarse a la sociedad al estilo "CHE GUEVARA", como un revolucionario perseguido por una dictadura atroz, a la cual combatió osadamente, sobrevivió cual valeroso titán y triunfante por fin, alcanzara la máxima magistratura del país. Y hoy con la espada del
poder en su mano justiciera busca perseguir y encarcelar a todos los
bribones que osaran atosigar a su pueblo en la oscura época de la dictadura
militar.
Después de un apoteótico esfuerzo "el muchachito" triunfa, besa a
"la chica" y fin de la película. Todos vivimos felices y comemos
perdices. ¡Un verdadero coloso!
PECADO ORIGINAL
Otra justificación menos romántica, inspirada en la médula del acerbo
justicialista, indica que las reconocidas características de la izquierda
revolucionaria de los setenta, inscritas en la intolerancia,
el resentimiento y el fundamentalismo ideológico, las que todos conocemos y
sufrimos, sirven como coartada filosófica a las decisiones políticas
totalitarias del Gobierno de KIRCHNER. Por ello procura
identificarse con un sector al que gran parte de la sociedad conoce de
esta manera e, inclusive, consienten en tolerarlos.
Son así, ¿que le vas a hacer?, manifiestan resignados. Nadie en su sano
juicio puede aspirar que un montonero pueda caracterizarse por sus valores
democráticos, republicanos y mucho menos por su disposición a la
construcción de consensos. El uso extremo del poder que se disponga para
imponer sus decisiones ha sido su constante histórica. Hoy dominan nada
menos que el Poder Ejecutivo Nacional y no se conformarán con eso.
Este es el punto de partida para someter al Poder Legislativo y también al
Judicial, cuestión que tristemente se encuentra en vías de exitosa
concreción y no descansarán hasta que lo consigan; lo acabado de consumar en
el Consejo de la Magistratura de la Nación es el botón que sirve de muestra
para desnudar sus intenciones hegemónicas de tal modo que si en el gobierno
de MENEM una servilleta era el espacio físico en donde se inscribían los
jueces complacientes, a partir de ahora, en la etapa K, para el mismo
propósito será necesario, por lo menos, un enorme mantel y con letras
chicas. Con la influencia que dota la suma del poder público inmediatamente
irán por el control del poder económico porque, en definitiva, para ellos
siempre se trató de eso, de hacer plata y mucha o ¿acaso alguien conoce a un
dirigente montonero pobre?
Seguramente habrá otras razones que tengan mayor peso político. Lo
que si es cierto es que los KIRCHNER una vez alcanzado el poder se han
mimetizado en una