Liberalismo militante

SERGIO ABREU

La interpelación al Ministro de Economía dejó pendiente algunas respuestas, con el argumento de que sólo debía discutirse la implementación de la Reforma Tributaria. Este error de apreciación ignora que los aspectos tributarios de un país deben analizarse con un enfoque sistémico y, en particular, por su impacto en la competitividad del sector exportador y de su inserción externa.

La jerarquía económica que desarrolla un gran esfuerzo pedagógico, todavía no ha podido explicar un manejo fundado de estos mecanismos. Hasta ahora se ha enfocado el tema de los subsidios y de los incentivos con ideas preconcebidas y hasta con cierta desconfianza y suspicacia hacia el sector privado, y en especial hacia las "empresas beneficiadas". Para un país como Uruguay es esencial buscar un equilibrio entre los distintos mecanismos que se utilizan y saber aprovechar el margen de actuación que nos dejan las normas internacionales para mantener programas que son componentes importantes de los programas de desarrollo.

DISCIPLINA MULTILATERAL. El Acuerdo de Subsidios y Medidas Compensatorias define en su artículo 1º lo que es una subvención. Básicamente, existe subvención cuando:

V hay una contribución financiera,

V es realizada por un gobierno o cualquier organismo público,

V hay alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT;

V y con ello se otorga un beneficio.

Partiendo de esta definición, el Acuerdo no prohíbe todos los subsidios, sino que establece distintas disciplinas según cuál sea la naturaleza del subsidio y sus efectos. Es claro que un subsidio destinado específicamente a distorsionar el comercio internacional, probablemente perjudicará el comercio de los demás países. Por eso las disciplinas del Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias prohíben los subsidios a la exportación. Pero las normas del Acuerdo no son solamente prohibitivas y admiten la utilización de subsidios en otros casos.

Una primera cuestión a tener en cuenta, es que únicamente las subvenciones específicas están sujetas a las disciplinas del Acuerdo, es decir, las subvenciones exclusivamente destinadas a una empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas de producción del país que la otorga. Pueden ser subvenciones internas o subvenciones a la exportación.

Adicionalmente, el Acuerdo -que es aplicable a los productos agropecuarios e industriales- establece dos categorías de subvenciones: las prohibidas y las recurribles. Inicialmente contenía una tercera categoría: subvenciones no recurribles, que existió durante cinco años, hasta el 31 de diciembre de 1999, y no se mantuvo después.

SUBVENCIONES PROHIBIDAS. Como vimos, las subvenciones prohibidas son las subvenciones a la exportación, a las que se añaden las subvenciones al contenido nacional. Son aquellas contribuciones financieras cuya concesión está supeditada al logro de determinados objetivos de exportación o a la utilización de productos nacionales en vez de productos importados. Pueden ser impugnadas mediante un procedimiento acelerado de solución de diferencias.

En este contexto, la disciplina multilateral contiene resquicios y Uruguay ha sabido hacer uso de ellos. Dentro de la definición de subsidio a la exportación -y por lo tanto prohibido- se ubica el previsto en el Decreto 316, destinado fundamentalmente al sector automotriz. El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias preveía un período de transición de ocho años (hasta fines de 2002) para que la mayoría de los países en desarrollo eliminaran las subvenciones a la exportación. En noviembre de 2001, en la Conferencia Ministerial de Doha, se adoptaron procedimientos para que el Comité de Subsidios y Medidas Compensatorias (CSMC) pudiera conceder prórrogas anuales del período de transición, sujetas a estrictas obligaciones de examen anual de la transparencia y statu quo. Es así que algunos países, entre los cuales Uruguay, pudo mantener este tipo de subsidios hasta fines del corriente año. En el mes de julio pasado, el Consejo General adoptó una decisión que permite al CSMC continuar concediendo prórrogas del período de transición previsto para la eliminación de los programas de subvenciones a la exportación de 19 países en desarrollo. Las prórrogas podrán ser concedidas hasta el final de 2013, con un período final de eliminación gradual de dos años, que finalizará en 2015.

La segunda categoría de subsidios previstos en el Acuerdo correspondiente de la OMC, son las subvenciones recurribles. En esta categoría entra el mayor número de subvenciones, en particular las subvenciones a la producción. Estas subvenciones no están prohibidas, pero si tienen efectos desfavorables sobre los intereses de otro Miembro de la OMC, éste puede impugnarlas. De no ser así, se permite la subvención.

EL CASO DE URUGUAY. Examinemos los mecanismos de apoyo al exportador que mantiene Uruguay a la luz de estas disposiciones. Recordemos que el Acuerdo sobre SMC adoptó el enfoque de que para que exista subvención, debe existir una carga para una cuenta pública. El Acuerdo contiene una lista de los tipos de medidas que constituyen una contribución financiera, por ejemplo: donaciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías de préstamos, incentivos fiscales, suministro de bienes o servicios, o compra de bienes.

Sin embargo, no todo incentivo fiscal es una subvención. De acuerdo con las disciplinas del GATT y del Acuerdo de Subsidios, no se consideran subvenciones, la exoneración en favor de un producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando éste se destine al consumo interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en cuantías que no excedan de los totales adeudados o abonados. (Nota al Art. 1.1.a) 1) ii.)

En este marco, Uruguay mantiene dos mecanismos: la prefinanciación de las exportaciones y las medidas específicas para el complejo textil y vestimenta últimamente aprobadas que entrarían en la categoría de subvenciones a la producción y que aún sin considerarse subvenciones prohibidas, pueden ser recurribles según el procedimiento antes mencionado.

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. Un especial comentario merece el régimen de devolución de impuestos que fuera mencionado en la interpelación, sin recibir respuesta adecuada.

De conformidad con las disciplinas internacionales, Uruguay elaboró su régimen de devolución de impuestos indirectos y de devolución de tributos a las exportaciones (decretos 393/91 y 558/94), con una escala de tasas que iba del 6 al 2%, dentro de la cual dos sectores, básicamente, recibían las tasas más altas de devolución: el sector frigorífico y el de curtiembres.

En la Rendición de Cuentas de 2006 se introdujo una modificación al régimen, anunciándose que un porcentaje importante del volumen destinado a la devolución iba a integrarse a un paquete de financiamiento de proyectos en el ámbito del Poder Ejecutivo.

La razón alegada por el gobierno es que este cambio fue la necesidad de ajustar el régimen a la nueva carga impuesta por el nuevo sistema tributario, fundamentalmente por la desaparición del Imaba y por la sustitución del Imesi por IVA en el gasoil a partir del 1º de julio. Según el equipo económico, la suma percibida por el exportador sería mayor porque el Imaba encarecía el crédito bancario y el cambio de Imesi por IVA en el gasoil permitiría a las empresas reducir el impuesto.

Asimismo, se argumentó la necesidad de dotar de transparencia al sistema, a través del cual, según el Ministro, "en muchos casos se están otorgando subsidios pero no devolviendo impuestos".

Singular generalización que, como mínimo, abre ciertas interrogantes acerca de cuál debe ser la misión que un gobierno tiene a su cargo en materia de instrumentos de comercio internacional, nos ha llevado a interpretaciones equivocadas. Uruguay tiene muy buena imagen en los organismos multilaterales, pero no puede convertirse en un fiscal de oficio del sistema de solución de diferencias de la OMC. Es más, hubiera sido mejor un manejo profesional y político de todos los instrumentos disponibles y legítimos para facilitar el desarrollo y la potenciación de las exportaciones. Con un pretexto infundado se revisó el régimen en forma oscura y desprolija.

El criterio que el Poder Ejecutivo ha utilizado no ha quedado claro. Si se decía que en parte esos porcentajes estaban encubriendo subsidios, y que era necesario transparentarlos, ¿cómo se transparentó eso? El gobierno anunció que técnicamente se iba a elaborar un sistema basado en el criterio del valor agregado. Sin embargo, ese anuncio quedó limitado al preámbulo del decreto, el cual considera que el objetivo es "no incentivar las exportaciones de materias primas en estado natural, cuando existe capacidad instalada en el país para su procesamiento". Pero esta enunciación de intenciones no se traduce operativamente en el nuevo régimen adoptado, que no diferencia con tasas de devolución más amplias a los sectores o industrias que agregan más valor, y se limita a simplificar el sistema unificándolo en una tasa general del 2%.

El nuevo régimen de devolución de impuestos no distingue sectores, rebaja en general las tasas de devolución de los sectores exportadores más importantes del país, en algunos casos estableciendo devoluciones que serán significativamente menores de lo que se les "saca" con tributos; y deja a varios sectores en total incertidumbre, a la espera de la "atención de situaciones particulares", frase incierta y riesgosa, si las hay, en materia de relacionamiento entre el sector público y privado.

La competitividad del sector exportador es la que pagará el precio.

JULIO PREVE FOLLE

El pasado lunes 10 y sin mayor destaque se divulgó una noticia en este diario que no debe pasar desapercibida para nadie, dentro o fuera del sector agropecuario porque nos acerca, de concretase, a la espantosa idea de administración del comercio exterior, asociada al estancamiento secular de la economía uruguaya, felizmente abandonado a partir de los noventa. La noticia, bastante escueta, señala en el título "Crearán un registro de existencias de granos"; más adelante en el texto se señala también que se crearía un registro de exportaciones "para que el gobierno y el mercado puedan tener mayor información sobre las operaciones que se realizan y el saldo que tienen la industria, los exportadores y los productores". La noticia es consistente con la preocupación que señala con frecuencia el ministro de Ganadería, cuando se preocupa porque se exporta más grano que el que excede a las necesidades domésticas anuales de trigo. Quiero anticipar, por si alguno no quiere seguir leyendo, mi oposición más encendida contra la recreación de registros felizmente desaparecidos por inútiles, peligrosos (de ahí al control del comercio no hay más que un paso), y más demandantes de acciones policíacas que la sociedad ya tiene bastantes.

OFERTA DE INFORMACIÓN. La posición más ingenua, la que puedo tratar con más benevolencia, es la de aquellos que creen que con una información más precisa a través de declaraciones juradas mensuales de los tenedores de granos, se aporta más a la transparencia del negocio, y hasta que se iguala la disponibilidad de información clave entre operadores grandes y chicos por ejemplo. No obstante esto es una barbaridad. El país dispone de encuestas bastante precisas elaboradas por la DIEA (Dirección de Estadísticas Agropecuarias) que se pueden en todo caso mejorar, pero que cumplen dos condiciones fundamentales: respetan completamente la reserva del que produce la información -no hay declaraciones juradas- y no requieren ningún control policíaco de verosimilitud. Ambos elementos, la reserva y la ausencia de policía se vinculan con la mejor condición para hacer negocios, hoy ya bastante atacada en el trigo y la harina por las continuas amenazas oficiales de intervención. Hay que aclarar que la información que existe es muy superior en precisión a la recogida por ejemplo en Argentina y Brasil, y que la mejora en su exactitud depende de aspectos netamente técnicos, todos alcanzables si fuera necesario con mayor inversión pública o privada: muestras más grandes, más frecuentes, marcos de muestreo también más frecuentes, etc.. En cualquier caso insisto: la información que se da gratis hoy no solo es buena y mejor por ejemplo a la de nuestros socios, sino que incluso se puede saber con exactitud su margen de error. Pretender que con declaraciones juradas mensuales de existencias de granos se mejorará la precisión en principio me parece un error. Y sobre todo que para que esto eventualmente ocurriera deberíamos ir a un control policíaco severo, con recuentos de existencias, de sistemas de altas y bajas, todo ello muy desaconsejado para el buen clima de negocios. Por otra parte es bien sabido que la información generada a través de registros administrativos no es más precisa que la obtenida a través de sistemas estadísticos, -muestras, encuestas- a menos que la presión policíaca sea feroz, algo que no solo no es deseable, sino que además no veo cómo podría llevarse a la práctica por el MGAP para todos los tenedores de todos los granos.

EL CONTROL DEL COMERCIO. Esto que se anuncia a partir de la creación de los registros ya es diferente de lo anterior y peor, con una diferencia que no es de grado sino de esencia. Lo que la noticia anuncia es que a partir de los registros de existencias y de los de exportaciones, el gobierno iría otorgando permisos -otra vez los viejos "certificados de necesidad"- a partir de su juicio sobre la pertinencia o la impertinencia de la exportación. El primer artículo que escribí en este diario en junio del año 1983 se titulaba: "Trigo: las exportaciones polémicas", y refería a esta misma horrorosa discusión. Algunos se agraviaban que aquel año en que se liberaron las exportaciones habría que terminar importando 90 mil toneladas. Recuerdo un detractor que ironizaba señalando que los barcos se iban a cruzar a la altura del ecuador.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese entonces; no solo la productividad se ha triplicado, no solo el país ha logrado períodos largos de exportaciones de trigo, sino que quizás lo más importante ha sido que nadie se acuerda demasiado del cereal, y los agricultores lo consideran una opción más a evaluar entre las varias disponibles, todas ellas vinculadas al precio internacional, y no como era en aquel entonces, al precio político que había que negociar cada año, con la consiguiente carga de politización, intervencionismo y estancamiento. Esto es historia pura, que no hay que ser demasiado veterano para recordar.

LIBERTAD OTRA VEZ. El gobierno en general y el MGAP en particular, un día sí y otro también, realizan juicios sobre la bondad y hasta la moralidad de ciertos niveles de precios, algo que no debería convocar demasiados esfuerzos; en cambio, sí les debería preocupar cuando por disposiciones dependientes del gobierno, el mercado funciona con poderes monopólicos que generan evitables tensiones. Por ejemplo, preocuparse del precio del trigo porque es alto, aunque se refiere al internacional, no es consistente con tolerar que el del aceite, del pollo, del vino, de la papa o del azúcar sean también altos pero superiores al internacional y por decisión política, como si hubiera ciudadanos de diferentes categorías.

Por cierto nadie habla de lo que me obsesiona, la libertad comercial de cada individuo. Vivimos con un concepto hemipléjico de libertad; rechazamos todo límite a la libertad política, pero admitimos cualquier clase de cortapisa impuesta por el gobierno por sí y ante sí a la libertad económica. Y la libertad no es divisible; no hay una con mayúscula y otra con minúscula, es libertad a secas. Es en este caso la de los operadores que a comienzos de la zafra optan por exportar su trigo al precio de ese momento, quizás suponiendo que luego valdrá menos, o que para esperar deben incurrir en costos financieros y de almacenaje que finalmente no serán compensados. Es también la libertad de otros operadores que en cambio prefieren esperar. Y todos son libres y responsables, y al final del año alguno habrá ganado y otro habrá perdido. Vale la pena dar la gran batalla por la libertad, consistente en defender el derecho de cada uno de equivocarse.

En cambio, la batalla que definitivamente no vale la pena dar ya que el país la pierde en producción futura y obviamente en libertad, es aquella en la que el gobierno juzga si se puede o no exportar, y da permisos en cada caso como si fuera una dictadura económica. Si es el gobierno el que resuelve si se puede o no exportar, si es el MGAP el que toma el riesgo de no dejar exportar más que lo que sobre, incluso si luego el mercado baja obligando a los costos elevadísimos de no vender, si esto ocurre, adiós libertad comercial, pero también adiós trigo como rubro exportable.

FABRICANDO ESCASEZ. La miopía oficial no logra ver que si el negocio del trigo pasa a depender de la voluntad oficial habrá solo algo seguro: su escasez. Todo agricultor triguero, conocedor de los precios del mundo, obviamente se volcará a otros rubros también rentables, -cebada, soja, maíz- dejando el trigo al gobierno. No hace falta que el MGAP prohíba exportar. Alcanza con que siga amenazando intervenir para que al cosechar lo que hoy está sembrado todo el mundo se apure por exportar, fabricando una escasez inducida por la política. Por otra parte, las reacciones oficiales me sugieren también aquello de "cobrar al grito" como se dice en el fútbol. Es verdad que este año se dieron dos circunstancias absolutamente insólitas, pero el que conoce del tema sabe definirlas como lo que son, hechos raros. La primera es que la tasa de crecimiento del precio dentro del año, tironeada por China y elementos climáticos mundiales, es la más grande de la historia. La segunda es que nuestros molineros -no todos- prefirieron no arriesgarse a disputarle más trigo a la exportación, al no saber qué haría el gobierno ante eventuales importaciones de harina argentina subsidiada. Por ejemplo: el trigo vale en el mundo 300 dólares, la harina elaborada con ese trigo debería valer más de 500, y la importada desde Argentina llega a Paysandú a 280 elaborada con un trigo que detracciones mediante les cuesta 150. De manera que el gobierno tampoco es totalmente ajeno a estas necesidades de importación de trigo más caro, por no tomar una definición a tiempo acerca de la harina argentina.

Dadas estas circunstancias de precios, si nadie hace nada, lo que incluye no amenazar más, lo razonable es esperar que a través de mecanismos de mercado, el año que viene la oferta nacional se vaya comercializando dentro de fronteras, exportándose algo, importándose probablemente también. Algunos se equivocarán tomando una u otra posición, y no se justifica para corregir esto armar un esquema policíaco como el referido al comienzo. Para que la normalidad retorne, el gobierno deberá avisar qué hará con la harina argentina subsidiada, cuáles serán las reglas. Y nada más.

Y en cuanto a la preocupación por el precio del pan, tan legítima como la que debería tener por el azúcar, el pollo, el vino, el aceite o las frutas y verduras, y no la tiene, si desea operar sobre estos precios no debe hacerlo con cargo a la producción sino a la sociedad si fuera el caso. Y por ejemplo operar sobre los aportes al BPS recientemente incrementados, o inventar con cargo a todos un pan beneficiado, para distribuirlo si quiere entre los pobres empadronados por esta administración. Pero si se toca la formación del precio del trigo, si se administra el comercio exterior, en ese caso sí es segura la escasez ya y, además, hoy hay otras alternativas agrícolas.

En definitiva, no a los registros en general, no a los registros de exportaciones, no a la administración del comercio exterior, no a la intervención injusta y fabricante de escasez.

INGENUIDAD

Es la de los que consideran que con declaraciones juradas se aporta transparencia

No soy optimista respecto a la posibilidad de que se introduzca un conjunto de reformas de importancia para recuperar el dinamismo de la economía chilena, sobre todo en lo que se refiere a las reformas laboral y educacional tan necesarias, sostuvo el economista Francisco Rosende, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, el entrevistado analizó las perspectivas de crecimiento de la economía de su país, las medidas más urgentes para un crecimiento económico sostenido, la situación fiscal, la performance de las exportaciones y las reformas propuestas al sistema previsional, entre otras. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-¿Cómo evalúa la actual situación económica de Chile y sus perspectivas de crecimiento?

-Durante el presente año la economía chilena está exhibiendo un dinamismo importante, habiéndose registrado un crecimiento de 5,9% del PIB en el primer semestre respecto a igual período de 2006. De acuerdo con este resultado, es probable que la actividad de 2007 termine con una expansión cercana al 6%, lo que representa una mejoría sustancial respecto al 4% alcanzado el año pasado.

A pesar de la cifra importante de producto que se proyecta para el presente año, tengo aprehensiones respecto al potencial de crecimiento de mediano plazo de Chile. Al evaluar el comportamiento de los últimos cuatro años así como el de 2007, se observa que la economía chilena ha obtenido una ganancia importante de términos de intercambio, lo que se manifiesta en un crecimiento cercano a 80% de esta variable entre 2003 y 2006. En el primer semestre de este año, esta variable creció alrededor de 14% respecto al mismo período del año anterior. Este positivo cuadro externo ha permitido sostener un manejo monetario y fiscal marcadamente expansivo, por lo cual hay que entender las cifras de crecimiento mencionadas en el contexto de un ciclo favorable. Sin embargo, la ausencia de reformas que impulsen el empleo, la productividad y la inversión hacen difícil pensar en que puedan sostenerse tasas superiores a 5% en el mediano plazo. Mi percepción es que el nivel de crecimiento potencial está actualmente en torno a 4,5%.

-¿En qué áreas habría que trabajar para mejorar la capacidad de crecimiento a futuro?

-El gran problema actual de la economía chilena está en la baja productividad que exhibe una fracción sustantiva de nuestra fuerza laboral, lo que se vincula esencialmente con la baja calidad de nuestro sistema educacional. Por otro lado, la existencia de regulaciones que dificultan el empleo de los trabajadores de menor productividad -es decir, quienes pertenecen a los grupos más pobres de la sociedad- impiden que adquieran algún tipo de destreza en el trabajo, la que les permitiría ganar en productividad, calificación y, por lo tanto, en ingreso. En síntesis, estamos hablando de un problema de escasez de capital humano.

-Entonces, ¿qué medidas habría que adoptar con urgencia?

-En primer lugar, existe bastante coincidencia, al menos a nivel técnico, en que se debería introducir un mayor grado de flexibilidad en los contratos de trabajo, lo que facilitaría el acceso de las mujeres y los jóvenes de menores ingresos al mercado laboral. Desafortunadamente, no ha habido voluntad política en los sucesivos gobiernos de la Concertación para enfrentar a las cúpulas sindicales que se oponen a estas reformas.

En segundo término, habría que mejorar la calidad del sistema educacional. Me refiero especialmente a la educación "particular subvencionada" y la que entregan los municipios. A estos grupos de establecimientos educacionales acude alrededor del 90% de los niños chilenos. En especial los de menores recursos. El 10% restante asiste a la educación "particular paga", cuya calidad es sustancialmente superior, aunque todavía muestra una brecha no despreciable con respecto a algunos países asiáticos que lideran en materia de resultados en las pruebas internacionales.

EDUCACIÓN

-¿Cómo se podría lograr un mejoramiento importante en la calidad de la educación "subvencionada"?

-Se requiere introducir criterios de mercado y productividad en ese sector. De partida sería necesario eliminar el Estatuto Docente, marco regulatorio establecido a mediados de la década del noventa, que desvincula la remuneración de los profesores y del cuerpo directivo de los colegios respecto al desempeño que muestren los estudiantes. Aunque esta medida fue aplaudida por los grupos de izquierda en su momento y, por cierto, por los profesores, constituye una de las decisiones más dañinas para los grupos más pobres de la sociedad. Se debería reemplazar ese mecanismo por algo más equilibrado, además de coherente, con lo que ocurre en el resto de la economía.

-¿Podría atribuirse ese déficit de calidad a una escasa inversión en el sistema educacional?

-El gasto público en educación se ha más que triplicado desde 1990. En ausencia de progresos importantes en este plano, se hace razonable realizar una evaluación profunda de la eficacia del aparato público que opera en este ámbito. Actualmente, están funcionando dos comisiones designadas por la presidenta Bachelet para estudiar el sistema educacional, lo que refleja la preocupación del gobierno por la situación de este sector. Sin embargo, el mayor problema no es una falta de diagnóstico respecto a cómo abordar los problemas del sistema, cuyo nivel técnico está razonablemente acotado, sino falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias y abordar los costos que esas medidas pudieran ocasionar en el corto plazo.

-¿Es posible pensar en la aprobación de reformas estructurales en Chile que permitan al país industrializarse?

-En los últimos años, algunos técnicos han señalado que en la actual etapa de crecimiento de la economía chilena debería buscarse el desarrollo industrial de ciertos sectores con una alta dinámica de productividad. A mi juicio, esa es una estrategia funesta, que me recuerda cuando se pensaba en la industrialización como una fórmula de desarrollo en la década del sesenta.

La estrategia adecuada consiste en eliminar aquellas distorsiones que obstruyen el funcionamiento de la economía y dejar que el propio mercado busque en qué áreas desarrollarse. Este camino ha funcionado bien en Chile, mientras que las experiencias de políticas públicas impulsando la industrialización o el desarrollo de ciertos sectores -supuestamente de gran impacto agregado- han sido muy desafortunadas, como lo muestra la historia latinoamericana. En todo caso, no soy optimista respecto a la posibilidad de que se introduzca un conjunto de reformas de importancia para recuperar el dinamismo de la economía, sobre todo en lo que se refiere a las reformas laboral y educacional tan necesarias.

-¿Puede Chile aspirar a convertirse en un país desarrollado, mientras su economía continúe dependiendo de la producción primaria?

-En realidad, se me plantea la misma interrogante desde otro punto de vista. No sé cómo Chile podría llegar a ser una economía desarrollada con la actual calidad de su sistema educacional, la que limita tanto lo que el país puede producir, así como dónde se pueden desarrollar sus ventajas comparativas. Cuando se evalúa el desempeño de los estudiantes chilenos en las pruebas internacionales, los resultados son decididamente malos. Esta es una restricción al crecimiento que exige de gran coraje político para adoptar las correcciones requeridas.

Diría que Chile ha cumplido muy bien con sus tareas macroeconómicas, pero queda mucho por hacer en materia de políticas microeconómicas, especialmente en lo que tiene que ver con la institucionalidad laboral y el sistema educativo.

Política fiscal

-En mayo de este año el gobierno modificó el esquema de la "regla fiscal". ¿Ha sido una mala señal reducir el superávit fiscal de 1% a 0,5% del PIB?

-Tanto el gobierno de Lagos como el de Bachelet han sido muy responsables en la administración de las finanzas públicas. No es sencillo sostener un importante ahorro de recursos fiscales en un país donde la presión por mayor gasto fiscal es habitualmente elevada. Como el año pasado la economía chilena creció un modesto 4% a pesar de la verificación de una ganancia de términos de intercambio de 32%, eso generó una presión importante de los partidos de la coalición de gobierno sobre el ministro de Hacienda, lo que hace especialmente meritorio que haya mantenido la administración de las finanzas públicas en el contexto de una regla predeterminada.

No obstante, es difícil sostener una regla que apunta a un superávit fiscal, en circunstancias que la deuda neta del Estado es prácticamente nula. Por lo tanto, en algún momento era necesario revisarla, desde un esquema de superávit de 1% del PIB hasta una situación de equilibrio. En este sentido, no me parece inadecuada la revisión de la regla fiscal introducida en mayo, pero hubiese preferido que se considerara alguna rebaja de impuestos, existiendo algunos buenos candidatos para mejorar la eficiencia global. Por otra parte, existe algún grado de temor respecto a las efectos que este mayor gasto fiscal -que antes de dicho ajuste se estimaba crecería cerca de 9% real este año- podría generar sobre las tasas de interés y el tipo de cambio.

Por último, este contexto de fuerte crecimiento del gasto público lleva a preguntarse si existe la capacidad de gastar eficazmente dichos recursos, considerando la necesidad de realizar una cuidadosa evaluación de los proyectos públicos. Al menos yo tengo dudas al respecto.

-¿Puede preverse una mayor laxitud fiscal en el corto plazo?

-Estimo que se va a mantener la regla de superávit fiscal, ahora del 0,5% del producto. Sin embargo, es necesario advertir que en el actual escenario de términos de intercambio, la tasa es coherente con un importante aumento del gasto, lo que puede presionar el tipo de cambio real a la baja y la inflación al alza.

-¿Cuáles son los parámetros para determinar ese superávit estructural?

-La idea básica es que en una economía pequeña y muy dependiente de ciertos ingresos, como es el cobre, la tentación histórica de los gobiernos ha sido a gastar mucho durante los períodos de "vacas gordas", que los podemos identificar con un precio alto de dicho metal. Como resultado de esa política, se tenían que imponer ajustes durísimos sobre el gasto agregado cada vez que descendía la cotización internacional del cobre. Para evitar ese círculo vicioso, se diseñó una regla donde el gasto se determina por una estimación que sería el "ingreso de largo plazo" del gobierno, de acuerdo con la información disponible al momento de construirse el presupuesto.

Ese ejercicio exige establecer proyecciones respecto al precio del cobre y del crecimiento potencial de la economía chilena. Para ello, el gobierno forma dos comisiones de técnicos -una para el precio del cobre y otra para el producto potencial- cuyas proyecciones "alimentan" la construcción del presupuesto público para el año siguiente.

Llamado de la Iglesia por un "salario ético"

-El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, propuso recientemente conceder un "salario ético" de US$ 500 mensuales, que duplica el actual salario mínimo de US$ 260, a los trabajadores de las empresas exportadoras que han tenido grandes ganancias en los últimos años debido a los altos precios de los commodities en el mercado internacional. ¿Qué opina al respecto?

-Ese planteamiento constituye una interpelación a la conciencia de quienes tienen algún grado de influencia sobre la capacidad de generar empleo en la sociedad para que revisen al alza, en la medida que sea posible, las remuneraciones de los trabajadores de menor salario. No lo interpreté como una propuesta concreta de revisión del salario mínimo, lo cual se ha aclarado en las intervenciones posteriores de diferentes autoridades de la Iglesia Católica.

En esta perspectiva, me parece un llamado muy razonable. Sin embargo, es claro, incluso para la misma Iglesia, que una fracción sustancial del empleo -en torno al 70%- es generado por pequeñas y medianas empresas que en muchos casos ocupan trabajadores de muy baja calificación y, por lo tanto, baja productividad. La mayoría de estas empresas tiene poco margen para elevar las remuneraciones de sus trabajadores por encima de la situación actual sin afectar los niveles de empleo total.

-¿En qué grado podría contribuir esa medida a reducir las fuertes desigualdades en los ingresos de la población, que es justamente uno de los déficit más visibles de la economía chilena?

-Insistir en el alza del salario mínimo como herramienta para resolver los problemas de ingreso de los grupos más pobres sólo generará más desempleados y, por consiguiente, más pobres. El origen -y la solución- de los problemas de pobreza y desigualdad, debemos buscarlo en la baja calidad de nuestro sistema educacional y en ciertas regulaciones laborales que dificultan la obtención de empleo de los trabajadores menos calificados.

ficha técnica

Francisco Rosende, chileno, 51 años, se graduó de ingeniero comercial en la Universidad de Chile y obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Chicago. Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Pontificia Universidad Católica (PUC) de Chile y profesor de Macroeconomía en el Programa de Postgrado del Instituto de Economía de la PUC. Es columnista del diario El Mercurio desde 1997. Fue gerente de Estudios del Banco Central de Chile y miembro de la Comisión Antimonopolio.

Las AFP y las aseguradoras han contribuido al desarrollo del mercado financiero

-¿Cuáles han sido los efectos sobre los trabajadores del régimen de capitalización del ahorro individual, en Chile ?

-El cambio al sistema basado en la capitalización individual ha permitido un mayor grado de transparencia para los trabajadores respecto a la magnitud y evolución de sus ahorros previsionales, algo que anteriormente no ocurría. Además, los recursos que el sistema previsional capta y canaliza hacia el mercado de capitales han permitido que el sector financiero alcance un alto grado de desarrollo. En particular, es importante destacar la contribución de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las compañías de seguros al desarrollo de un mercado de fondos de largo plazo.

-¿En qué etapa están los ajustes propuestos por el Consejo Asesor de Reforma Previsional que designó la presidenta Bachelet para el perfeccionamiento del sistema?

-Hoy se encuentran a estudio del Congreso. En el diagnóstico de la Comisión, hay varios aspectos a considerar. Uno de ellos plantea una cierta inquietud respecto al grado de competencia que existe en la industria de las AFP, sobre la base de la percepción de que serían muy altas las comisiones que cobran a sus afiliados.

Un segundo aspecto se refiere a una preocupación -que el propio gobierno hizo suya en el diagnóstico inicial- de que una fracción importante de trabajadores no se iba a jubilar con una pensión digna por diversas razones, dentro de las cuales se destaca la carencia de un período prolongado de cotizaciones, ya sea por causas de desempleo u otras.

-¿Están bien fundadas las críticas al sistema previsional chileno?

-Ninguno de los dos supuestos -que son discutibles en sí mismos- representan un cuestionamiento a la eficacia del sistema de capitalización. Primero, si es posible promover un mayor grado de competencia entre las AFP, sin que se comprometa su estabilidad, bienvenido sea ese cambio. Sin embargo, no es trivial la discusión respecto a las consecuencias de la incorporación de los bancos a esta actividad.

Segundo, la existencia de un grupo importante de personas cuyos ahorros previsionales no les permite acceder a una jubilación razonable, no plantea una falla del sistema puesto que dicha situación no hace mas que describir problemas vinculados al mercado laboral, que llevan a períodos prolongados de desempleo o regulaciones que promueven la informalidad. En esta perspectiva, elevar la pensión mínima a los grupos de menores ingresos forma parte de una razonable política asistencial, lo que no constituye en sí un cuestionamiento del sistema. En todo caso, me preocupa que dentro del proyecto en discusión exista una pensión mínima garantizada a todo evento, o sea independiente de la cotización que hubiese realizado el trabajador. Evidentemente, se plantea un incentivo incorrecto para el trabajador en la medida que se desalienta su ahorro previsional. Eso es lo que los economistas llamamos un problema de moral hazard.

-¿Existe algún partido político que proponga eliminar el actual sistema de ahorro individual y retornar al régimen de reparto puro?

-No. Lo que se ha planteado en Chile es la posibilidad de crear una AFP estatal sobre la base de que facilitaría la competencia en el sector al generar servicios más baratos, etc. Me quedan dudas si realmente es caro el sistema previsional chileno y, en caso de serlo, si esa sería la mejor herramienta para enfrentarlo teniendo en cuenta la institucionalidad económica del país.