No hay privación de libertad más completa que la de meterle a uno en una celda por un lapso apreciable. Por algo la Constitución de 1830 –aquella Carta que se tomaba los valores liberales en serio– estatuyó: “Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal.” El texto sobrevivió –hoy artículo 12– a las múltiples reformas de la Constitución; pero no sólo se lo viola, sino que rigurosamente se le ignora. Hoy lo demostraré con un caso de actualidad, y aludiendo a otro. Ya lo he hecho en pasadas ocasiones, con ningún efecto práctico, pero lo seguiré haciendo mientras me sea posible. Si la libertad sufre una agresión tras otra, repetir su defensa no puede estar demás.

Antes de entrar en materia, permítaseme definir la locución del artículo citado: “forma de proceso y sentencia legal”. Su cumplimiento exige las siguientes condiciones: 1) un juez preside la instrucción; 2) ese mismo juez no dictará la sentencia de primera instancia, de otra manera incurrirá en prejuzgamiento; 3) se evitará que la instrucción emita señales que impliquen una sospecha creciente, o certidumbe, sobre la culpabilidad de los acusados; 4) la instrucción no debe insumir más de cuatro o cinco semanas, de lo contrario habría una violación del artículo 12, más arriba transcripto.

Éstos, entre otros, son requisitos inherentes a un país libre. Veamos ahora un ejemplo de lo que sucede en el nuestro y extraiga la conclusión sobre qué clase es el país en que vivimos. Tomemos por ejemplo el reciente caso notorio ocurrido en Puntas del Rosario, Colonia. La juez, Dra. Gloria Rodríguez, tras dictarse el auto de procesamiento (que implica declarar que hay semiplena prueba de responsabilidad) convocó a una conferencia de prensa. Se trata de una medida que no incumbe de manera alguna a la magistrada y que, sin duda, debería evitar. Después de la sentencia de condena, la publicidad del resultado del juicio es de rigor, pero téngase en cuenta que ya habrá hablado el defensor y el juez mismo se habrá ilustrado con las pruebas producidas por el fiscal y el defensor, aparte de las aportadas por él mismo.

Es de presumir que el lector tenderá a imputar a este articulista un exceso de celo por el cumplimiento de las normas básicas, vista la montaña de pruebas que la prensa maneja, pero debería tener presente una contraprueba que podría determinar que la montaña se desplomara. Me refiero a la prueba de insanía, o demencia, del autor material, que eliminaría su responsabilidad penal ipso facto, y presuntamente la de sus cómplices, que tal vez ni sean eso. La hipótesis no es peregrina, porque la defensora del supuesto homicida material confeso, la Dra. Margarita Díaz (defensora de oficio), tomó la medida indiscutiblemente oportuna en un asunto que huele fuertemente a insanía, consistente en solicitar una pericia psiquiátrica. Personalmente no me considero en manera alguna competente para opinar cuando, o en qué grado y modalidad, una perturbación psíquica puede obstruir el surgimiento de la responsabilidad penal de un agente. Pero que la Dra. Díaz estuvo acertada en lo que hizo como abogada defensora, es algo indiscutible.

No parece ser de la misma opinión la juez que entiende en la causa. La Dra. Rodríguez manifestó a la prensa que Borrás le parecía un hombre “decidido y muy frío”, agregando que “no le quedan dudas sobre su estado mental.” Dice aún que “el homicida” (podrá serlo, en rigor, cuando el Juzgado sentencie el caso, por ahora es un procesado en función de una semiplena prueba, que no le priva de la presunción de inocencia), siendo mejor llamarle por el momento el procesado o Pablo Borrás, “no presenta ninguna afección psiquiátrica” hallándose convencida de que “actuó con conciencia y voluntad”. Esta última expresión es la fórmula clásica de la plena responsabilidad de los agentes. Esto es todo lo que necesita la juez para dictar sentencia de primera instancia. Apenas tendría que cumplir un par de medidas de orden que insumirían poco y nada de tiempo. Resulta, entonces, de interés inquirir para qué fecha tendrá la Dra. Rodríguez lista la sentencia de 1ª Instancia para notificarla. La juez ha colaborado eficazmente para darnos una idea. Dijo así a la prensa: “Con el enjuiciamiento de los encausados se inicia el proceso, varios meses o años (sic) –con pruebas y más declaraciones de por medio– pasarán antes de que sean condenados.” Noten que el sustantivo “año” realmente aparece en plural en la transcripción que acabo de reproducir.

Permítanme repetir. A la juez le consta la responsabilidad del encausado principal, de los que se desprende de los agentes que tuvieron mínima participación en el hecho de sangre. Le consta que actuó “con conciencia y voluntad” y, según manifestó a la prensa, que encima lo hizo “con brutal ferocidad”, lo que en conjunto determina seguramente una pena de 30 años. A una semana de haberse descubierto el desastre, está todo resuelto. La juez tiene, como quien dice, la sentencia en su portafolios, y aún así los encausados serán condenados (ya se sabe por cuánto tiempo) dentro de x ¡años! ¿Es por esto que los procesos aquí son tan largos? ¿Y por qué una mayoría de los reclusos no tienen sentencia? Salta a la vista que se requiere grave y urgentemente entrar a los juzgados penales con un espíritu renovador, dispuesto a una profunda reforma. Lo dicho demuestra que el país puede hacer una reforma que nos saque de las profundidades de injusticia y de conformidad con lo que pasa en el mundo civilizado. Que la falta de dinero y recursos no es el verdadero problema, sino la confusión de ideas y la falta de formación de quienes deberían liderar el cambio.

La OEA tiene ideas sobre la situación de la justicia penal en este país. Uno de los asuntos que trataron fue el de tres reclusos bancarios que llevaban más de cinco largos años sin sentencia, y sin perspectiva de salir porque el juzgado había cambiado el delito por el cual mantenían presos a esas personas. Presuntamente fue la presión de la OEA la que terminó con su odisea. Sin duda, esa entidad u otra semejante preferiría colaborar en una reforma de nuestra justicia penal, en vez de tirarnos de las orejas por ofender la justicia de mala manera.

Un par de adolescentes amenaza a una muchacha en una esquina concurrida y le hurtan su celular. Otro par de muchachos rompe el vidrio de un automóvil detenido en un semáforo céntrico y roban la cartera de la conductora. Una casa es saqueada mientras sus moradores van al cine. Nada fuera de lo común: sucede todo el tiempo en Montevideo. Son delitos de poca monta que no alcanzan estatus suficiente ni para figurar en las páginas policiales de los periódicos. Las víctimas muchas veces ni siquiera lo denuncian, porque juzgan que no tiene remedio.

Y sin embargo la situación es grave. Los hurtos permanentes, con o sin violencia, han deteriorado agudamente la calidad de vida en esta ciudad. Las jóvenes, las mujeres y los ancianos saben que irremediablemente serán víctimas de algún abuso, en la calle o en su propia casa. Sólo los varones más o menos jóvenes y fuertes están a salvo de los oportunistas, que por definición son cobardes. Que las personas no realicen denuncias significa que no confían demasiado en policías y jueces. Muestran la corrosión del sistema, que se vacía de contenido.

El delito para apropiarse de bienes ajenos es tan antiguo como el mundo. Pero cada ciudad construye su destino. Hasta cierto punto se puede optar entre más y menos delito, como se puede elegir entre más y menos basurales. Las calles de Santiago son más seguras que las de San Pablo, como las de Auckland lo son respecto a Montevideo. Cuando los habitantes de la ciudad de Nueva York se hartaron de hurtos y violencia, respaldaron el concepto de “tolerancia cero” y las cosas cambiaron radicalmente. En buen romance: lo que hagan los pobladores y las autoridades es un factor decisivo para dirigir la situación en un sentido u otro.

Los países y ciudades más seguras suelen surgir de una mezcla de convicciones personales con autoridades poco propensas a la excusa del delito. La seguridad y el respeto a las reglas son una cultura, como el hurto sistemático y el vandalismo también lo son.

Las autoridades y la población de la capital uruguaya han optado por la aceptación y por la justificación plañidera. Aceptamos el collar cotidiano de hurtos como un fenómeno irrefrenable, por completo ajeno a nuestra voluntad. Hemos abdicado de algunas responsabilidades básicas, como de la posibilidad cierta de hacer de Montevideo una de las ciudades más seguras del mundo.

El conformismo es una forma de complicidad. Montevideo puede ser una ciudad más segura que la mayor parte de las de América Latina, pero está muy mal si se compara consigo mismo y sus tradiciones.

El actual gobierno, que dispone aún de un crédito enorme, está perdiendo la batalla por la seguridad, como hace mucho tiempo la administración frenteamplista de Montevideo se rindió ante la basura esparcida en las calles. La justificación de estos males con argumentos tales como la pobreza, la herencia del “neoliberalismo”, el consumismo metido en el alma o la “sensación térmica”, solo contribuye a perpetuarlos.

Hay muchos niños criados en las calles que ya no podrán salirse de ellas, pues no tienen las herramientas precisas. Pero exigir de ahora en más a los padres un estricto cumplimiento de sus obligaciones sería una buena forma de romper el círculo vicioso y provocar un cambio sustancial en el largo plazo. Si un niño está en la calle hay que buscar a sus padres. A cambio preferimos la superabundancia de diagnóstico y la ausencia de valor para proponer y ejecutar alternativas. Es resignación, mediocridad y cobardía.

La aparente disposición del gobierno a derogar el impuesto a la renta a los jubilados es la salida comparativamente más simple de la compleja controversia constitucional sobre el tema. Las fuentes oficiales que informaron esa posición a El Observador aseguraron que el ministro Astori, en consulta con el presidente Vázquez, “piensa apoyar la derogación” una vez que se conozca el previsto primer fallo de la Suprema Corte declarando inconstitucional la aplicación del IRPF a los pasivos por decisión de tres de sus cinco miembros.

Hay varias opciones abiertas al gobierno en una cuestión espinosa que involucra aspectos de justicia tributaria, impacto político y costo financiero. Una es esperar a fallos futuros del máximo tribunal. El de inconstitucionalidad que saldrá en pocos días es solo el primero de 360 que están pendientes y que comprenden los recursos presentados por 9.000 jubilados. A diferencia de lo habitual en otros países, un fallo inicial no sienta un precedente jurídico vinculante para otros casos similares ni se declara la ley inconstitucional con carácter general. Y como uno de los jueces que vota por la inconstitucionalidad abandonará la Corte el 7 de abril, los fallos futuros con la nueva integración pueden confirmar o revertir el fallo de inconstitucionalidad.

Pero derogar el IRPF a los pasivos sin aguardar posibles fallos futuros en sentido contrario al que saldrá ahora le reduce al gobierno de izquierda el peligro de impopularidad electoral entre buena parte de ese sector de la ciudadanía. El peligro resurge, sin embargo, si –como algunos proponen– se deroga el IRPF pero se lo reemplaza con el antiguo impuesto a los sueldos, ya que se trataría del mismo perro con otro collar, aunque el IRP a los pasivos fue declarado constitucional por la SCJ hace unos años. La derogación lisa y llana, por otra parte, conlleva una caída de la recaudación tributaria de unos US$ 100 millones, lo que impone reducir la expansión del gasto público previsto para la próxima Rendición de Cuentas, que regirá el año próximo y en 2010 hasta que asuma el nuevo gobierno. Está también el riesgo de que sectores de trabajadores activos reclamen igual beneficio que los pasivos, posibilidad ya adelantada por el sindicato municipal Adeom, lo cual no tiene pies ni cabeza pues el impuesto a la renta es el impuesto a la renta. Se podrá discutir si algunos tienen que pagar más y otros menos. Pero no se puede sostener que es inconstitucional gravar como renta las remuneraciones salariales.

No es menos complejo el tema jurídico de fondo. Las opiniones distan de coincidir, como lo refleja el voto dividido de los jueces de la Corte. Hay una amplia mayoría de expertos en derecho tributario que defienden la constitucionalidad de gravar pasividades dado que la jubilación es una renta que se hubiera percibido en el pasado y que se recibe después del retiro. Otros, en cambio, sostienen que el impuesto a la renta sobre jubilaciones sería constitucional respecto a jubilados futuros pero no a jubilados actuales.

Habrá que esperar, además, el fallo de la SCJ para conocer exactamente los fundamentos jurídicos en que se basa la declaración de inconstitucionalidad. Pero en las actuales circunstancias, la derogación del IRPF a los pasivos surge como el camino menos enredado aunque esté abundantemente sembrado de piedras.

Durante años, el científico nuclear civil ruso Vladimir Asmolov vivió a la sombra de los fabricantes de bombas. Ellos eran la élite que construía el arsenal detrás de una superpotencia, y sus nombres y su trabajo eran secretos.

Aunque la Unión Soviética perdió la Guerra Fría, Rusia está volviendo a ser una potencia nuclear. Asmolov, subdirector del operador de plantas nucleares Rosenergoatom en Moscú, está aprovechando los cerebros militares del pasado para desarrollar una nueva generación de plantas atómicas. La industria de reactores de Rusia planea competir con Westinghouse Electric Co., General Electric Co. y Areva SA.

Desde el accidente de 1986 con el reactor de Chernobyl en Ucrania, los ingenieros rusos han adoptado medidas de seguridad similares a las utilizadas en Estados Unidos, como reactores que se apagan automáticamente si hay una falla. Rosatom Corp., el holding estatal nuclear, espera construir hasta 42 plantas en Rusia y 60 en el extranjero para el año 2030, según el máximo responsable Sergei Kiriyenko. El costo podría llegar a un monto total de US$300.000 millones, según cálculos rusos.

“Previamente la industria de energía atómica era un hijo bastardo del programa militar´”, dijo Kiriyenko, de 45 años, que fue primer ministro de Rusia durante el mandato de Boris Yeltsin. `

“El crecimiento en la demanda de electricidad ha cambiado esto radicalmente´”. añadió.

Las necesidades mundiales de electricidad se duplicarán para el año 2030, según la Agencia Internacional de Energía de París, establecida en los años setenta para contrarrestar la influencia de los países exportadores de petróleo. La presión para reducir las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento mundial ha vuelto a la energía nuclear más atractiva, pese a los temores de seguridad.

Alianzas de la Guerra Fría. Los pedidos de reactores nucleares podrían llegar a un total mundial de 237 para el año 2030, según la Asociación Nuclear Mundial en Londres.

ZAO AtomStroyExport, el mayor fabricante de reactores nucleares de Rusia, dice que cada megavatio de capacidad instalada cuesta unos US$3 millones. El tamaño de un reactor típico es de unos 1.000 megavatios.

Luego de 20 años en los que se construyeron sólo unos cuantos generadores nucleares, Kiriyenko enfrenta una escasez de contratistas con experiencia para construir plantas atómicas, componentes como turbinas e ingenieros nucleares.

Las fábricas que en los días soviéticos producían suficiente equipo como para construir 10 o más reactores al año, quebraron a mediados de los años noventa o empezaron a fabricar productos como máquinas herramienta o equipo para la industria petrolera tras el colapso de la Cortina de Hierro.

Muchas de las plantas se vendieron a empresarios locales, lo que obligó a Rosatom a recomprar las fábricas o canjear activos para reconstruir a la industria.

El año pasado en Kovrov, 250 kilómetros al este de Moscú, Rosatom tomó el control de una fábrica en donde se habían producido armas desde la Rusia zarista. Instaló una línea de ensamblado, tomada de una planta cercana, para producir centrífugas nucleares. A cambio, Rosatom dio herramientas y contratos para la producción de 70 tipos de armas, entre las cuales varios modelos de rifles de los famosos rifles de asalto Kalashnikov.

En los últimos meses, y a medida que se acerca la campaña electoral, diversos sectores del Frente Amplio renovaron los reclamos de un talante “más de izquierda” tanto para el candidato como para las ideas que este promueva de cara a 2009. Y las demandas ya no sólo provienen de grupos radicales que desde el comienzo de la administración Vázquez están acicatendo al gobierno con que es demasiado liberal o neoliberal según su jerga.

Ahora son organizaciones con gran peso en el Frente, como el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PCU), el Movimiento de Participación Popular (MPP), y la Vertiente Artiguista (VA), los que reclaman, con matices, un mayor acento en los principios históricos de la izquierda. Qué tipo de programa y candidato emergerá de estos reclamos que piden sumar izquierda a la izquierda, es algo que se verá con el paso del tiempo.

Reclamos. Por el momento lo que hay son diferentes focos de análisis y previsiones de qué puede ocurrir. El docente e investigador Adolfo Garcé dijo que los actores que demandan más izquierda plantean reclamos en dos niveles: por un lado, una presencia más activa del Estado en la promoción del desarrollo industrial y agropecuario, y en segundo lugar una menor vocación por el libre mercado (expresado en la firma de tratados de libre comercio), que implica potenciar el mercado interno.

“Todos quienes piden más izquierda impulsan críticas a la orientación económica y quieren, en buen romance, ser menos astoridependientes. Es un planteo en sintonía con la tradición estatista y proteccionista del Frente Amplio, que desconfía de las políticas liberales, del libre comercio, y exige un mayor protagonismo estatal en el desarrollo económico”, dijo el analista.

En las recientes reuniones de las direcciones nacionales, los sectores mencionados le reclamaron al Ministerio de Economía que aumente el mínimo imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante el segundo semestre de este año, pero, además, solicitaron duplicar la inversión en vivienda, subsidiar productos de la canasta básica para asegurar precios baratos, cambiar aspectos de la política económica para distribuir mejor la riqueza, y aplicar, si es necesario, detracciones a las exportaciones para asegurar el abastecimiento del mercado interno.

El diputado del MPP, Esteban Pérez, sostuvo que hay “un gran debe” del gobierno respecto al país productivo. “En un próximo período debemos apostar al desarrollo de la agroindustria nacional y eso pasa, por ejemplo, por una política crediticia estatal que respalde emprendimientos productivos. Grabar el gran capital en el IRPF, como no se ha hecho, y devolverlo a la población con préstamos a empresas cogestionadas, sea por los mismos trabajadores o con el Estado, es una forma de redistribuir la riqueza, tal como reclamamos”, detalló. En la última reunión de la dirección del MPP, Julio Marenales impulsó una “batalla ideológica” para imponer “otro modelo de país” en el programa de gobierno, según publicó Búsqueda.

A juicio de Pérez, se deben profundizar “gérmenes socialistas”, como la experiencia de FUNSA, que perfilan hacia “la liberación nacional” como fin último.

La senadora Mónica Xavier (PS) marcó un matiz al especificar que el programa del Frente tiene una definición progresista, no socialista. Asimismo, planteó la necesidad de profundizar las reformas estructurales, optimizar el gasto social y avanzar en cuestiones aún no concluidas, como la descentralización política que garantice la participación ciudadana y el desarrollo del sector cooperativo. Hace un mes, el principal dirigente del PS, Reinaldo Gargano, dijo que el modelo económico del gobierno no logró revertir la brecha entre ricos y pobres.

El secretario general y senador del Partido Comunista, Eduardo Lorier, coincidió en la necesidad de mejorar la distribución de la riqueza como base para contemplar el reclamo histórico de un país productivo con justicia social y participación democrática. Su partido exige un impulso de las inversiones públicas y privadas nacionales que dinamicen el mercado interno (con mejores sueldos y pasividades) posibilitando, además, “tener la espalda cubierta” ante las inminentes consecuencias de las crisis de los mercados internacionales. “No queremos un sector exportador puramente de materias primas y de commodities de bajo nivel de elaboración, sino con altos niveles de calidad que permitan reaseguros en tiempos de crisis en las economías”, señaló Lorier, y resaltó su preferencia por diversificar mercados sin “atarse de tal manera que cuando llegue la tormenta, nos hunda”.

La inserción internacional es un frente polémico en la izquierda uruguaya, con posturas que van desde quienes quisieron impulsar un tratado de libre comercio con EEUU hasta quienes quisieran romper con “el imperio”. A medio camino, otros proponen privilegiar la integración regional sin cerrar vías de comercio hacia otras zonas.

Márgenes. Para Jorge Lanzaro, docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, la competencia programática debe lograr la difícil articulación entre la competencia y unidad interna, y la disputa externa.

“La izquierda no tiene mucho margen para ir más hacia la izquierda: los reclamos tienen freno porque los votos que hay que conquistar son de centro. Para volver a ganar la elección, el FA tiene que traer el centro hacia la izquierda y para eso las posiciones deben ser moderadas”, explicó.

A su juicio, el gobierno de Vázquez “ha actuado más a la izquierda de lo que se le quiere reconocer”, gracias a cambios que puede presentar como logros: las reformas tributaria y sanitaria, el énfasis en las relaciones laborales, el tratamiento de los derechos humanos y las políticas sociales.

Para Garcé, el Frente Amplio sí tiene margen para proponer las políticas que se reclaman. “Un programa más estatista y proteccionista que integre en la fórmula presidencial a Astori no tendrá mayores problemas para ganar”, dijo. La presencia de Astori es el gesto que “precisa” el uruguayo de centro para confiar su voto.

Garcé explicó que en las pasadas elecciones el Frente estaba obligado a enviar la mayor cantidad de señales de moderación para ganar, como el anuncio de que Astori sería el ministro. Cuatro años después “ya demostró que puede gobernar moderadamente, pero para muchos grupos y votantes ahora es el tiempo de que envié señales de que en un próximo período puede gobernar con señas de izquierda, que puede ser moderado sin perder la identidad”, dijo Garcé.

América Latina surgió a la vida independiente con aspiraciones de destino manifiesto. Un territorio amplio y riquísimo, una lengua común, el cristianismo como filosofía de vida y la asunción del liberalismo democrático como signo distintivo. La fraternidad construida por encima de los naturales recelos heredados del foralismo hispánico parecía un objetivo natural y perfectamente accesible, y el “Nuevo Mundo” se proyectaba como tierra de promisión y prosperidad. Ya el libertador Simón Bolívar realizó el primer intento de construir la Gran Colombia, en el Congreso Anfictiónico de Panamá de diciembre de 1824, y aquel fue el primer fracaso.

Artigas y Rosas, que soñaron en construir un amplio Estado federal sobre lo que fuera el virreinato del Río de la Plata, no pudieron evitar la atomización del área. La unidad latinoamericana fue siempre una entelequia, una tentativa que quedó en las declaraciones y la retórica, que ni siquiera logró traducirse en el modesto objetivo de generar un área comercial común.

Entre 1836 y 1851 Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentaron, con la participación de Francia e Inglaterra, en la llamada Guerra Grande, que finalizó con la falaz declaración de “ni vencidos ni vencedores”, cuando en la realidad todos salieron perdiendo.

Cuando el Paraguay, bien o mal, inició un camino autárquico de desarrollo que generó grandes expectativas, los vecinos invadieron el país y lo destruyeron en la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Entre 1879 y 1884 intereses geopolíticos y aspiraciones de controlar áreas ricas en salitre, guano y cobre derivaron en una guerra que enfrentó a Chile contra la asociación peruano-boliviana, que se saldó con la pérdida de Bolivia de su salida al mar y con territorios peruanos que pasaron a manos chilenas.

El descubrimiento de petróleo en el Chaco Boreal llevó a la sangrienta Guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia, que pusieron los héroes y los muertos en beneficio de las empresas petroleras Standard Oil y Shell.

Todos estos conflictos y otros menores, como la llamada “Guerra del Fútbol” librada entre El Salvador y Honduras en 1969, debilitaron a las naciones latinoamericanas y reforzaron la dependencia respecto a los estados industriales. En ese panorama, las reuniones de presidentes, con sus tradicionales fotos en las que aparecen abrazados y fingiendo una hermandad que los hechos desmienten, se parecen bastante a una burla.

Algunos albergaban sin embargo una esperanza. La unidad continental –afirmaban– no había sido posible por los mezquinos intereses de las burguesías locales. Cuando gobernase la izquierda, expresión política del pueblo trabajador, el antiguo ideal por fin se plasmaría, radiante e indestructible.

Pero hoy, cuando la gran mayoría de las repúblicas americanas tienen gobiernos que son o se dicen de izquierda, la realidad no puede ser más desalentadora: el fracaso del Pacto Andino y del Mercosur, los conflictos entre Uruguay y Argentina por la planta de Botnia, los problemas entre Brasil y Bolivia por el gas y la tensión insoportable creada entre Venezuela, Colombia y Ecuador muestran la pústula de una infección que sigue carcomiendo la salud del continente. Sólo cabe concluir que esta frustración histórica no es producto de un tema de clases ni de tendencias políticas; es la expresión más cabal de eso que se ha dado en llamar subdesarrollo.

El avión del Ejército colombiano que atacó el campamento de las FARC en Ecuador era de procedencia brasileña. Colombia violó la soberanía de Ecuador. Pero el que reaccionó de forma más violenta fue Venezuela. Y el resto de los países de América Latina se metieron en el asunto –en mayor o menor medida– dependiendo del lado en que le late el corazón. La sombra de un conflicto armado sobrevoló el continente. La retórica incendiaria dio paso a los abrazos y los saludos en un reality show esquizofrénico transmitido desde República Dominicana. En el Grupo de Río se zanjó una guerra de palabras que pudo haber derivado en un conflicto armado, pero no tanto porque los presidentes hayan recapacitado sino porque la beligerancia no le convenía a ninguna de las partes. En momentos que pululan gobiernos de signo político que ensalzan las ideas unificadoras de los grandes próceres, América Latina navega en medio de enfrentamientos y desacuerdos.

Sí hubo unidad esta semana en la OEA para condenar la incursión militar colombiana en Ecuador. Pero la desconfianza se mantiene; y la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia también.

De qué unidad le pueden hablar a Colombia si mantiene un conflicto armado puertas adentro y no puede contar con sus vecinos para acabar con las FARC porque son ellos mismos quienes les dan cabida, plata y armas.

Las revelaciones de la computadora del número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, son demoledoras. Las FARC aportaron US$ 100.000 para la campaña del mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El presidente venezolano Hugo Chávez acordó darle US$ 300 millones a la organización, además de armas. Esto puede complicar seriamente a ambos gobiernos pues la ONU lo condena explícitamente. La veracidad de esas pruebas todavía debe confirmarse aunque la Interpol ya dio un primer visto bueno. La guerrilla tiene bases en Ecuador y en Venezuela, y por allí las FARC trafican cocaína. La connivencia alarma.

División. La región tuvo su AC y DC. Antes de Chávez y Después de Chávez. No es que previo a la irrupción del presidente venezolano la unidad latinoamericana fuera una maravilla, pero ahora todo es más ríspido, cuando no escandaloso.

Chávez llegó para poner a sus pares en aprietos: instaló la visión dicotómica de que se está con él o con Estados Unidos. Dividió para intentar de reinar a través de su “petrodiplomacia”. Ha gastado miles de millones de dólares en distintos proyectos en los países latinoamericanos de diverso tipo y color. Un ejemplo: en 2006, Pdvsa –la petrolera estatal venezolana– aportó más de medio millón de dólares para Vila Isabel, una escola do samba que en el carnaval de Río de Janeiro ganó bajo el lema “Soy loco por ti, América: la Villa canta la latinidad”. La escola hablaba en realidad de la Venezuela chavista.

Chávez –que medió con la guerrilla para buscar un canje de rehenes por guerrilleros presos– necesita a los rehenes de las FARC para mejorar su imagen con los venezolanos. En diciembre pasado perdió un invicto de nueve años en las urnas al rechazar la población una propuesta de reforma constitucional que incluía la reelección indefinida. Pero también hay problemas en lo económico y la corrupción hizo mella en su popularidad.

Donde sí se vio la unidad latinoamericana fue en el envío de US$ 800.000 de parte del gobierno venezolano para la campaña de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

A las FARC, muy debilitadas ahora con menos de 10.000 hombres, no las defiende nadie dentro de Colombia. Afuera solo Chávez se toma el atrevimiento de proponer que se le otorgue el estado de beligerancia. Nadie se animó a recoger ese guante caliente, pero tampoco ningún país condena con severidad a esta organización que ha realizado muchas acciones de corte terrorista.

El gobierno uruguayo llamó al diálogo una vez desatado el conflicto y el Frente Amplio –apelando a una retórica más propia de los violentos años 60– condenó la muerte de Reyes y de 16 “militantes” de las FARC. Mientras que varios gobiernos del continente concretaron o intentaron concretar profundos acuerdos comerciales con EEUU (de hecho Venezuela le vende petróleo a raudales), siguen cuestionando la relación que Colombia mantiene con Washington.

Dime con quién... Los latinoamericanos no le perdonan a Colombia que su mejor aliado no sea uno de ellos. Algunos analistas aseguran que a Bogotá le sirve que el conflicto se mantenga porque eso genera el apoyo de Washington, que aprovecha para vender material bélico y asegurarse la defensa de oleoductos.

El eje Washington-Bogotá sabe de alianzas desde la guerra de Malvinas cuando la diplomacia colombiana se puso del lado británico y estadounidense, en oposición al resto del continente –con excepción de Chile– que apoyó a Argentina. Años más tarde fue tiempo para que el Plan Colombia de combate al narcotráfico levantara suspicacias. Ahora están cerca de firmar un TLC, aunque aún resta la aprobación del Congreso estadounidense.

Los TLC con EEUU, otro asunto que puso en tela de juicio la solidez de la unidad regional. Cuando Uruguay coqueteaba con esa posibilidad, Brasil, que no quiere ceder el liderazgo regional, se había opuesto a que se firmaran acuerdos por fuera del Mercosur, aunque los brasileños no tienen empacho en pactar con la Unión Europea. El Mercosur, surgido bajo gobiernos de corte liberal a principios de los noventa, se fue desinflando y ya nadie sueña con que algún día se asemeje al bloque europeo.

A pesar de los discursos que piden “más y mejor Mercosur”, Uruguay ha tenido problemas con Argentina por la exportación de bicicletas y con Brasil por el arroz. El conflicto por las pasteras –tan eterno como irrisorio– quedará en la peor historia de la unidad regional afectada por intereses mezquinos, cuando no delirantes.

Matices. América del Sur está poblada de gobiernos izquierdistas pero bien diferenciados. Chávez y el boliviano Evo Morales son los más radicales junto al nicaragüense Daniel Ortega y a la Cuba de los hermanos Castro. En Ecuador, Rafael Ortega, no se pliega al discurso chavista pero le sirve el talante ante EEUU. El matrimonio Kirchner en Argentina parece ir por el camino del medio. En el grupo de la izquierda moderada se incluirían a Tabaré Vázquez, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Michelle Bachelet en Chile, el país del mundo que más TLC firmó (57).

Los chilenos son dúctiles si de acuerdos se trata: están asociados al Mercosur, pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, a la Cooperación Económica Asia-Pacífico, tienen una muy buena relación con la Unión Europea y firmaron un TLC con EEUU.

Pero una cosa son los negocios y otra la diplomacia. Los chilenos también mantienen conflictos con sus vecinos. La disputa con Argentina por el canal de Beagle, el apoyo a los británicos en Malvinas, y el conflicto por el gas ha hecho que la relación entre ambos países no sea la mejor. La frontera es un dolor de cabeza. Con Bolivia, a nivel diplomático el intercambio se reduce a los consulados desde que La Paz reclama por una salida al océano tras la guerra del Pacífico en el siglo XIX. Con Perú los chilenos no han podido resolver aún el conflicto por el límite marítimo.

Relaciones y roces. El gas también es punto de conflicto entre Bolivia, Argentina y Brasil. Cuando Morales nacionalizó los hidrocarburos, Brasil se molestó y ambos países transitaron una crisis. Brasilia recibe de La Paz unos 30 millones de metros cúbicos de gas por día y Argentina 7 millones. Al verse disminuida la producción interna, Bolivia ha tenido problemas para satisfacer la demanda de sus vecinos y ha privilegiado la entrega a los brasileños. Argentina, que a su vez exporta gas a Chile, el año pasado tuvo que restringir el suministro a su vecino trasandino.

Pero el intercambio comercial entre Argentina y Venezuela creció más de un 500% con la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003. La actual presidenta lo ha dicho: “Necesitamos a Venezuela en la ecuación energética latinoamericana. ¿Para qué? Para hacer sustentable el crecimiento”. Argentina, ávida de recursos energéticos, transa con Chávez, ávido de apoyo político.

El mes pasado Lula y Cristina Fernández de Kirchner firmaron varios acuerdos, aunque el tema del gas sigue siendo un factor de discordia. Chávez propuso hacer el Gasoducto del Sur, un megaproyecto que uniría Venezuela con el norte argentino pasando por Brasil con un costo de US$ 20.000 millones. Por ahora, es solo un proyecto.

Brasil parece más preocupado por unirse al concierto mundial (Consejo de Seguridad de ONU) que en desafinar con la banda que tiene alrededor. Hoy Brasil es la 11ª economía más grande del mundo y su PBI es cuatro veces mayor que el de Argentina. Desde Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, los reyes de la diplomacia desatienden a la región y cuando es necesario meten la cuchara. Fue el canciller Celso Amorim quien propuso la fórmula para llegar a un consenso esta semana en la OEA.

El gasto militar revela hasta qué punto es frágil la unidad. En la última década aumentó un 21% con Venezuela, Brasil, Chile y Colombia a la cabeza. En una región sin la proximidad de un conflicto armado (¿o sí?), que se gaste tanto en armamento solo puede ser producto de la desconfianza entre los países y de la conciencia de que la mecha siempre está seca..

En la práctica, la relación entre los países se basa más en (des)afinidades personales que en políticas de gobierno o de Estado. Por ello es fácil que la pasión y la conveniencia de un gobernante lleven a un país al choque.

Colombia violó el principio de soberanía, pero ¿Ecuador y Venezuela no violan el principio de no injerencia en los asuntos de otros Estados? A los países de la región parece preocuparles más el primer asunto que el segundo. La razón es simple: los problemas fronterizos abundan. Chile-Bolivia, Chile-Perú, Ecuador-Perú, Venezuela-Colombia, Nicaragua-Honduras y Costa Rica, Honduras-El Salvador. Uruguay-Argentina. En América las fronteras son un problema.

Seguramente tenga razón Víctor de Correa-Lugo (Doctor en Estudios Latinoamericanos), que en la revista colombiana Semana escribió: “La reconciliación no se hizo en una sala con formas diplomáticas, sino en una fiesta presidida por Juanes, como las fiestas de integración de los colegios, como las fiestas de las telenovelas. Y luego los colombianos y los venezolanos quieren ser tomados en serio en los foros internacionales. Pero, más allá de la fiesta y del final feliz, los extras de la telenovela siguen sin contar: los secuestrados, los desaparecidos, los desplazados, los que están en las cientos de fosas comunes”. La unidad de América Latina parece estar solo en el discurso de los próceres muertos, o en los recitales farandulescos que podrán ser disfrutables, pero muy poco creíbles.