Venezuela: El mensaje de la CIDH

Venezuela: El mensaje de la CIDH

Por Andrés Cañizález
21 de marzo de 2007

     


El pasado 9 de marzo, al concluir su habitual período de audiencias y sesiones de trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó en claro que Venezuela es el principal reto que afronta en este inicio del siglo XXI. En un comunicado final, dado a conocer el pasado viernes, esta instancia por un lado saludó la realización de las elecciones con una masiva asistencia de votantes, al tiempo que felicitó al gobierno por la aplicación de los programas sociales en nuestro país, a todas luces indispensables.

A reglón seguido, sin embargo, la CIDH llama la atención sobre cuatro aspectos que le resultan preocupantes: la independencia de poderes que es un pilar de la democracia, la administración de la justicia, la situación de los defensores de derechos humanos en el país y la salud de la libertad de expresión. En cada uno de estos aspectos se evidencian síntomas preocupantes, pues se produce en el país una combinación de factores que arrojan el siguiente cuadro: en el contexto de una sociedad polarizada, las instituciones cada vez más se ponen al servicio del ejecutivo, borrando las saludables fronteras -por ejemplo- entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y ni hablar del legislativo, que en nuestro país decidió dejar la función legislativa en manos del presidente Chávez por espacio de año y medio. La libertad de expresión termina siendo una suerte de papel tapiz de esta perdida de independencia institucional, asunto que afecta la vida pública pues todo parece pasar por el despacho del presidente, en Miraflores. En la medida en que entidades como la Fiscalía, Defensoría y Tribunal Supremo de Justicia, que deberían estar al servicio de todos los ciudadanos, son en realidad instrumentos del poder gubernamental y por tanto sus decisiones son bastante predecibles por parcializadas, en esa misma medida termina cobrando mayor importancia la existencia de medios de comunicación independientes y críticos. No se trata, de ninguna manera, que los medios sustituyan a las instituciones; en realidad en un contexto como el nuestro el rol periodístico debería estar en la denuncia de los excesos del poder y la parcialidad de las instituciones, en la medida que constituyen prácticas no democráticas.

Por tal razón, cobra mayor importancia la defensa de una expresión libre y plural. Y no en vano, este tema es motivo de “especial preocupación” para la CIDH. El gobierno puede exhibir el trofeo de no tener medios cerrados o periodistas detenidos, sin embargo el ejercicio de la crítica en Venezuela, en muchos casos, acarrea actos intimidatorios o presiones de diversa naturaleza.

En tal dimensión se inscriben recientes decisiones como la multa a este vespertino, Tal Cual, o el cese de la concesión de RCTV. Nadie discute el legítimo derecho que tiene el poder judicial en administrar justicia o la potestad del Estado en otorgar los permisos para la transmisión de radio y televisión. A todas luces, y desde una perspectiva de la defensa de las libertades, sí es criticable que tales decisiones estén empañadas por la parcialidad, que sólo busquen castigar al que crítica o cuestiona. Si nos guiamos por el discurso gubernamental, el presidente Chávez y sus colaboradores desean un modelo privado de comunicación que se dedique al entretenimiento, obviamente sin discutir de qué entretenimiento estamos hablando, con poca información y reducida opinión. El modelo se complementa con una amplia receptividad para largas cadenas con contenidos de todo tipo y mensajes “institucionales”.

Cabe citar, unas líneas del texto de la CIDH, que pueden leerse tanto para la tema de las concesiones como para la administración de justicia: las decisiones deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación.

Andrés Cañizáles es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
Originalmente publicado en el vespertino Tal Cual (Pág. 4, 15.03.2007).

Fuente: CADAL.

El garrote de la publicidad oficial en Venezuela -

Asunto: El garrote de la publicidad oficial en Venezuela - Por Andrés
Cañizález - Originalmente publicado en el Vespertino Tal Cual (Pág. 4,
22.02.2007).

El garrote de la publicidad oficial en Venezuela



      Por Andrés Cañizález
      13 de marzo de 2007
          
    




Existe una clarísima relación entre la publicidad oficial y la libertad de
expresión. El numeral 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede verse
en Internet: www.cidh.org/relatoria deja sentado con precisión que el uso
político en la asignación de la publicidad gubernamental es una traba para el
ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y cómo puede darse este uso político?
En Venezuela tenemos amplia experiencia en el tema, con una práctica que si
bien se heredó de los gobiernos anteriores, durante los últimos años parece
haberse perfeccionado. Sencillamente se utilizan los fondos del Estado para
premiar adhesiones o castigar a los críticos, sin más la publicidad oficial
termina siendo un garrote para golpear a aquellos que se portaron mal. No hay
que ir muy lejos, si usted revisa las páginas de este vespertino (Tal Cual) en
ellas no encontrará publicidad gubernamental, la misma que por otra parte
literalmente inunda a cualquier pasquín, siempre y cuando tenga la boina roja
y sea complaciente, pues a los revolucionarios críticos también se les
castiga, como lo saben muchos medios comunitarios.

Los estándares internacionales, especialmente europeos, a los que tanto cita
el ministro Jesse Chacón cuando habla del futuro canal 2 como señal de
servicio público, indican que la pauta publicitaria del Estado debe
distribuirse de acuerdo a la circulación, a la ubicación geográfica del medio
y efectivamente las autoridades pueden utilizar los fondos para la promoción
de otras voces, por ejemplo la voz indígena, cuando se vea que éstas son
silenciadas por los medios tradicionales. Una regla parece ser común, no usar
la publicidad estatal, que a fin de cuentas simbolizan fondos públicos y por
tanto de todos los ciudadanos, para favorecer sólo a los de una parcela
política. Y tampoco quitársela a medios por la sencilla razón de que reflejan
las críticas que el gobierno no quiere oír.

El año pasado, dentro de los programas que desarrollamos en el CIC-UCAB,
revisamos la tendencia de la publicidad oficial en cuatro diarios venezolanos,
dos de Caracas y dos regionales. Durante varios fines de semana de agosto y
septiembre los avisos gubernamentales se desplegaban ampliamente en Panorama y
Últimas Noticias, mientras en El Nacional eran escasos y sólo uno salió en El
Correo del Caroní. El Nacional, por aquellos días, era blanco de críticas
gubernamentales y los pocos avisos eran de alguna gobernación o alcaldía,
mientras que el ministro de Cultura, Farruco Sesto, dejaba en claro su
política de no poner avisos en dicho diario porque cuestionaba la política
editorial del mismo. En el caso de El Correo del Caroní el tema de la
publicidad se unió a los señalamientos por parte del gobernador, Francisco
Rangel, y a las maniobras para desalojarlos del local que ocupan en Puerto
Ordaz. La publicidad oficial, en este caso, operó como mecanismo de
discriminación: pese a su circulación importante en la región guayanesa de
Venezuela, donde se ubica el río Orinoco, los anuncios sobre la obra del
gobierno “Segundo puente sobre el río Orinoco” sólo fueron publicados en los
diarios Últimas Noticias, editado en Caracas, y Panorama, que circula
principalmente en el Zulia, mientras que el diario de la región, El Correo del
Caroní, no tuvo ningún aviso, al menos en los cinco fines de semana que
hicimos la medición. Por otra parte, mientras el periódico caraqueño de la
Cadena Capriles recibía un aviso para una licitación de la Gobernación del
Estado Bolívar, El Correo del Caroní no registró ningún aviso del gobierno
regional, para una licitación local. Es ésta una clara muestra de prácticas
violatorias de la libertad de expresión: mantener una voz crítica trae
consecuencias a la hora de que se coloquen los avisos publicitarios.

El tema cobra mayor relevancia en un país como Venezuela, en donde PDVSA es el
principal anunciante nacional.
 
Originalmente publicado en el Vespertino Tal Cual (Pág. 4, 22.02.2007).


----- Fin del mensaje reenviado -----

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