Crisis de pareja
El creciente desencuentro entre Francia y Alemania es una mala noticia para la UE
Nada es todavía irreparable, pero las próximas semanas permitirán calibrar el alcance de la fractura en el otrora sólido eje franco-germano que impulsaba la hélice europea. En los últimos tiempos se han multiplicado los síntomas de distanciamiento, no sólo personal, sino también político, entre la canciller Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy, de quienes se suponía que su conservadurismo compartido serviría para cimentar una relación provechosa. No está siendo así. No se trata ya de que caracteres muy diferentes, ultradiscreto uno, exuberante el otro, impregnen las políticas respectivas (Berlín, por ejemplo, no digiere la acusada autosuficiencia de Sarkozy). Son desencuentros al más alto nivel, plasmados en la reciente cancelación por París de una cita ministerial, con un pretexto fútil, después de haber anulado otra entre Merkel y Sarkozy, que debía producirse este mes.
La nómina de discrepancias es importante. Va desde la energía nuclear hasta la independencia del Banco Central Europeo, que París intenta acomodar a sus intereses para escándalo de Berlín. Pero es sin duda el plan de Unión Mediterránea de Sarkozy, alumbrado ya en su discurso de victoria electoral, en mayo, el que más ronchas produce en Alemania, además de suspicacias en otros Estados europeos. Al margen de si el proyecto para que los países ribereños hablen de igual a igual sobre temas presuntamente no ideológicos en un nuevo foro desemboca o no en algo consistente -existe ya el llamado Proceso de Barcelona-, Berlín interpreta que Sarkozy pretende excluir a Alemania, amparándose en la geografía, de la discusión de asuntos europeos por los que se siente directamente concernido.
Esta atmósfera enrarecida tendría menos importancia si no amenazara devaluar la presidencia francesa de la Unión, que comienza en cuatro meses y llega en un momento clave. Inevitablemente, desde la ampliación a 27, el papel de Berlín y París para imponer su punto de vista en el bloque ha perdido muchos puntos, pero aun así su estrecha cooperación resulta decisiva para los intereses del conjunto. Una crisis de confianza seria tendría un impacto grave en todos los temas de la agenda comunitaria al menos hasta el final de 2008. Aunque sólo fuera por eso, París y Berlín deben esforzarse por hallar antes de julio un sólido punto de encuentro.
Fuente: EL PAÍS de Madrid.
Editorial I
Los derechos humanos son para todos
Domingo 9 de diciembre de 2007 | Publicado en la Edición impresa
Es probable que, a la hora de hacer un balance de su gestión gubernamental, el presidente Néstor Kirchner coloque en un primerísimo plano su preocupación por los derechos humanos y por la revisión de nuestro pasado trágico. No obstante, ni el Poder Ejecutivo ni muchos jueces han respetado el principio de que la defensa de aquellos derechos jamás puede ser selectiva.
Hay excepciones, afortunadamente. El 30 de octubre último, el fiscal general Claudio Marcelo Palacín, en su dictamen en la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 4, sostuvo que los crímenes abominables sufridos por el coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), torturado y asesinado en 1975, constituyen delitos de lesa humanidad y que, por esta razón, son imprescriptibles.
Debe recordarse que las organizaciones terroristas cometieron cientos de crímenes contra personas indefensas y ajenas a todo conflicto, que incluyeron niños y hasta familias que quedaron destruidas.
El debate se genera luego de que la Corte Suprema de Justicia, en el caso "Derecho, René Jesús" decidió, en coincidencia ahora con la jurisprudencia y la doctrina internacional, que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por una organización que "no necesariamente tiene que ser la del Estado"; esto es, que pueden ser cometidos por organizaciones que se enfrenten o luchen contra el Estado, desde la subversión o la insurgencia.
Hoy contamos con valiosos precedentes internacionales recientes, como el del caso Martic, decidido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el que se decidió que los crímenes de guerra definidos por las Convenciones de Ginebra de 1949 son crímenes de lesa humanidad, tanto en los conflictos armados internos como en los internacionales.
El mismo tribunal internacional, en el caso Milosevic, aclara que el control sobre el territorio no es exigencia para la aplicación de las Convenciones de Ginebra de 1949 y la determinación de las graves responsabilidades que, bajo ellas, pudieran corresponder. Esto forma parte de una inequívoca tendencia jurisprudencial que coincide en interpretar que la protección ginebrina a la persona humana no puede ser limitada, restringida ni cercenada en modo alguno.
Por esto es destacable que el fiscal Palacín haya tenido la independencia de criterio requerida para señalar que "todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil", algo que comprende a "quienes no estén tomando parte activa en las hostilidades, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas". Agregó que "la exclusión de militares y soldados como víctimas de crímenes de lesa humanidad, por su sola condición de tales, no tiene justificación alguna en el derecho internacional".
Tan pronto como se conoció el dictamen del fiscal Palacín, algunos de los querellantes sostuvieron que se pretendía reflotar la llamada teoría de los dos demonios. No es así. En realidad, el demonio es siempre uno, el que impulsa a cometer los crímenes, sin importar de qué lado de una confrontación cualquiera estén ubicados los criminales. La vara para medir los crímenes de lesa humanidad es y debe ser una sola.
El dictamen del fiscal generó la percepción de que podía comenzar a cerrarse una zona de impunidad abierta por demasiado tiempo. Así, quizás, lo percibió la Procuración General de la Nación, que para impedirlo, prestamente, emitió una resolución el 29 del mes último, mediante la cual instruye a todos los fiscales con competencia penal a que adopten la "posición uniforme" de que en la década del 70 "no estaban internacionalmente criminalizadas las violaciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados internos. De esta manera se pretende cerrar la investigación comentada y todas las similares, consolidando aquella área de impunidad para quienes cometieron tremendos crímenes desde las organizaciones terroristas.
El protagonismo público que adquirió el actual procurador general, Esteban Righi, en 1973, en momentos en que representantes de esos grupos terroristas se insertaron transitoriamente en el poder, y su evidente simpatía hacia ellos hacen presumir falta de objetividad en sus instrucciones a los fiscales.
Lo cierto es que la Argentina ratificó expresamente, en 1956, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que en su articulado se refiere explícitamente al caso de los "conflictos armados sin carácter internacional" (o sea, a los internos) y a la protección de las personas que "no participen directamente en las hostilidades". Ese convenio, expresión de la costumbre internacional, entró en vigor entre nosotros el 17 de marzo de 1957. Desde entonces, es ley interna. Mucho antes de los 70.
En el sesgado informe adjunto a la resolución aquí criticada se silencia que la opinión prevaleciente en el mundo es precisamente la contraria a la expresada por el procurador.
No hace mucho el arzobispo sudafricano Desmond M. Tutu dijo: "No lograremos hacer este mundo más seguro empleando tácticas basadas en la deshumanización de otros o refugiándonos en el uso del poder o en la agresión, o en la defensa selectiva de los derechos humanos, o en la demonización y marginalización de algunos. Esas son estrategias cortas de vista que sólo conducen a más conflictos, inseguridad e injusticia en el largo plazo".
Las lamentables interpretaciones parciales exteriorizan que, respecto de algunos, no puede haber justicia ni respeto por su derecho a conocer la verdad. Y parecen destinadas a tratar de cerrar arbitrariamente una puerta, para proteger a algunos, mientras -en paralelo- la sed de venganza, disfrazada con otros ropajes, sigue alimentando acciones contra otros. Frente a esta realidad, la posibilidad de construir un futuro sin rencores se sigue dilatando.
Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.
Esto es una copia del mensaje enviado a Diario La Republica mediante Diario La República - Online
Este correo ha sido enviado mediante http://www.larepublica.com.pe desde
Ricardo González Falcón <rgonzalezfalcon@hotmail.com>
Editorial de LA NACIÓN de Buenos Aires.
La República está en serio peligro
La presión y el grado de intimidación a los jueces desde el Poder Ejecutivo Nacional han llegado a niveles insoportables. La división de poderes está gravemente amenazada y la República, en peligro.
No importa cuántos lo adviertan. Pero lo cierto es que la evidente falta de respeto por la autonomía del Poder Judicial exhibida por el propio presidente de la Nación, y por algunos de sus principales colaboradores, durante los últimos días, ha provocado un concluyente retroceso en la consolidación de nuestras instituciones republicanas y de elementales principios constitucionales.
Todo comenzó la semana última, con una demanda contra cuatro jueces de la Cámara de Casación Penal presentada ante el Consejo de la Magistratura por unos 60 querellantes, debido a la supuesta demora de causas judiciales en las cuales se investigan violaciones de los derechos humanos producidas en el transcurso del régimen militar iniciado en 1976.
Poco después, el sábado último, en ocasión de la conmemoración de aquel golpe de Estado en su aniversario, el presidente Néstor Kirchner acusó a los integrantes de la Cámara de Casación Penal de estar frenando "juicios que deberían estar en marcha" y anunció: "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder". Esta frase, quizás uno de los mejores ejemplos de la falta de independencia de la Justicia en la Argentina, es fiel reflejo de la influencia que hoy ejerce o pretende ejercer el jefe del Estado sobre el órgano encargado de la selección y la remoción de los magistrados.
En más de una ocasión señalamos, desde esta columna editorial, que la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada el año último en el Congreso a instancias del oficialismo kirchnerista tan sólo apuntaba a garantizarle su control a ese sector político. Las recientes declaraciones del primer mandatario parecen dejar poco lugar para dudas: se confirma que, desde la Casa Rosada, se entiende al Consejo de la Magistratura como una herramienta para intimidar a los jueces rebeldes a las necesidades políticas del oficialismo o dispuestos a actuar con independencia del poder político de turno.
Que anida en el gobierno nacional un afán persecutorio, dirigido a condicionar a los jueces, lo demuestra también el temerario mensaje del ministro del Interior, Aníbal Fernández, al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi: "¿Por qué no renuncia? Hágale un bien a la Patria. Renuncie. Váyase". O las declaraciones del diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura Carlos Kunkel: "Al señor de buenos modales (por Bisordi) que no se enteró de que hubo 30.000 desaparecidos (tres veces más que los reconocidos por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas) le pedimos que trabaje o deje su puesto".
Se advierte con claridad la presión sobre los magistrados, junto con un espíritu vengativo que lleva a pedir el castigo, casi dejando de lado el natural derecho a la defensa que le corresponde a cualquier persona, independientemente de la gravedad de los delitos que se le imputen.
Lo curioso es que se presiona a los jueces sobre la base de una demanda de celeridad en su labor sin detenerse a analizar los diferentes trámites que tienen lugar en el máximo tribunal en materia penal. En ese sentido, no debería dejar de tenerse en cuenta que ciertas demoras en la tramitación de causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos encuentran su explicación en presentaciones de los propios querellantes para exigir el apartamiento de los jueces de casación de esas causas, que terminaron impidiendo el normal trabajo de los magistrados ahora cuestionados.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que los jueces que son objeto de la ira del oficialismo enfrentan las idas y venidas derivadas de leyes promovidas por un gobierno constitucional, como las de punto final y obediencia debida, anuladas casi dos décadas después a instancias de otro gobierno también elegido por el pueblo, hecho que obligó a los magistrados a lidiar con un ordenamiento jurídico cambiante y, consecuentemente, sometido a cuestionamientos desde el punto de vista de la seguridad jurídica.
Desde ya que sería deseable que la Justicia toda, y no sólo la Cámara de Casación, actuase con una mayor rapidez. Pero presionar a los jueces desde los otros poderes del Estado para lograr no sólo ese cometido, sino fallos en determinado sentido afines a ciertas necesidades políticas, es lisa y llanamente intolerable.
La impresión que parece quedar es que, más que celeridad del Poder Judicial, lo que se busca, sin reparar siquiera en medio alguno, es magistrados que piensen exactamente igual que el Poder Ejecutivo. Y no hace falta aclarar que cuando los jueces terminen siendo meros funcionarios al servicio de la Casa Rosada, la República habrá dejado de existir.
[EDITORIAL]
El "Nunca más"
En la balanza comercial con Argentina hay
intangibles que no figuran. En volúmenes nos es
desfavorable pues es mucho más lo que desde allí
importamos en imitaciones sub culturales
generalmente de baja estofa. En cambio nuestras
exportaciones en general son pocas pero alta
calidad. Gardel, Leguisamo, Quiroga, el tango
mismo, Francescoli, en fin, un sinnúmero de
figuras del arte, de la cultura, del deporte,
que sin dejar de ser nuestras se realizaron
allí.
Entre los productos que recibimos está el famoso
"Nunca más", expresión con que el escritor
Ernesto Sábato despidió a la dictadura, tras
reconocer que "durante la década del `70,
Argentina fue convulsionada por un terror que
provenía tanto desde la extrema derecha, como
desde la extrema izquierda".
Y por ese tic de constante imitación que
padecemos, al presidente Vázquez se le ocurrió,
al dar por terminada oficialmente la búsqueda de
restos de desaparecidos con un, por ahora y sin
perjuicio, muy magro resultado, ponerle un moño
a la información obtenida con un "Nunca más" y
no tuvo mejor idea que fijar como fecha de
conmemoración el día del natalicio del Prócer.
El "Nunca más" venía con carga política
flechando el rechazo, exclusivamente, a la
represión de la subversión guerrillera. Así
nació, y un gobierno que tiene en sus posiciones
principales a figuras claves de los grupos que
trajeron a la dictadura de la mano, levantándose
en armas contra las instituciones democráticas,
en trance de sentirse obligado a decir algo -de
lo que no tenía necesidad alguna-, si copiaba la
exhortación iba a hacerlo para dejar contentos a
quienes provocaron y perdieron la guerra. Y para
la conmemoración eligió justamente el día de
Artigas, que debería ser la imagen de la unión,
no el recuerdo de lo que dividió a los
uruguayos.
No obstante lo que fue sin ninguna duda una
torpeza comenzó a tomar otro color cuando en el
acto frenteamplista del 2 de marzo el Presidente
de la República le dio a la frase equilibrio y
dejó constancia que el "Nunca más" se refería a
la firme determinación de no volver a sufrir
enfrentamientos entre uruguayos, y anunció que
debía encararse una indemnización a familiares
de víctimas de los crímenes cometido por la
guerrilla. Se hizo y fue un paso adelante. A su
vez esa mejora de perspectivas la ratificó con
mayor contundencia y sentido de la oportunidad
el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea,
Enrique Bonelli, quien luego de dejar constancia
de la necesidad de mirar hacia el futuro para la
construcción de una nueva relación entre civiles
y militares, exigió en presencia del Presidente
y altas autoridades que lo respaldaron
expresamente, a grupos que "cuestionaron
gobiernos constitucionales y democráticos,
iniciando en la década de los sesenta un proceso
penoso de confrontación política y violencia
social", que tuvieran una actitud de honestidad
y "de apego a la verdad histórica". Es muy
importante que desde la institución nacional que
enfrentó y derrotó al delito se exija que se
diga la verdad. Es esa verdad que conocemos
quienes vivimos aquellos tiempos y que no
conocen profesores que preparan cursos de
historia reciente para la juventud. Uno de
ellos, al iniciar los cursos de historia
nacional, en la literatura que recomendó a los
alumnos el primer día de clase, omitió toda
referencia a libros del Profesor Juan E. Pivel
Devoto, posiblemente el primer historiador de
América, a quien no se le ha dedicado ni el
nombre de una calle o de un espacio público.
Lo más probable es que esto del "Nunca más"
termine hundido en la historia sin dejar
secuelas, como pasó aquel invento pergeñado
desde el otro extremo como el título del "Año de
la Orientalidad". Si el gobierno maneja el tema
con inteligencia y con buena fe y si está atento
a la honestidad -que manda sobre la libertad de
cátedra- con que se enseña la historia a la
juventud, vamos s salir más rápido de lo que se
piensa de este cuento de nunca acabar.
Entretanto, ya que hablamos de Pivel Devoto,
permítasenos una sugerencia para muchos que
necesitan curarse del dengue emocional que
padecen y que les fomenta el odio que los
conmueve, y para los propios docentes.
Se trata de ponerse a leer la formidable obra
del insigne Profesor, titulada "La Amnistía en
la Tradición Nacional" que les será útil para
comprender y valorar la grandeza del país en que
les ha tocado vivir.
Fuente: EL PAÍS
EDITORIAL
Caudillismo ecuatoriano
22/03/2007
El presidente de Ecuador tiene mucha prisa por
controlar todos los resortes del poder. Pese a
que lleva poco más de dos meses en el cargo,
Rafael Correa no duda en utilizar y enfrentar a
las instituciones relevantes del Estado como
herramientas para sus fines. Eso no es difícil
en un país desvertebrado y pobre que encadena
las crisis y padece la endémica corrupción de su
clase política. Los pasos que está dando Correa
auguran para Ecuador el mismo rumbo incierto que
arrastra desde los años noventa y han convertido
al país andino en un paradigma de inestabilidad
y éxodo.
Los antagonistas de esta batalla por el poder
son el popular presidente y un desacreditado
Congreso -elegidos ambos el año pasado- dominado
por la oposición y donde Correa carece de
representación. El pretexto, el referéndum que
el 15 de abril debe dar vía libre a una asamblea
constituyente que permita al jefe del Estado
reescribir a su antojo la Constitución de 1998 y
disolver la Asamblea Nacional. En la intrincada
pelea se amontonan los actos ilegales por parte
de jueces de alto rango, del Parlamento y de la
presidencia de la República desde que el
Tribunal Supremo Electoral decidiera hace dos
semanas expulsar del Congreso a 57 diputados
opositores que pedían la cabeza del presidente
de esa corte por prescindir del Parlamento para
convocar el referéndum.
El izquierdista Correa no ha vacilado en sacar
el conflicto a la calle, en la estela de su
admirado Hugo Chávez. Sus partidarios han
asediado el Parlamento y agredido a diputados.
Ha logrado con su golpe de mano ganar el pulso a
sus divididos adversarios y poner de nuevo en
marcha el paralizado Legislativo mediante el
procedimiento de designar hasta ahora a 28
sustitutos segundones, teóricamente opositores,
pero sin disciplina de partido, que han ido
asumiendo el cargo en muchos casos contra las
órdenes de sus jefes de filas.
La tentación del caudillismo nunca ha sido
definitivamente derrotada en América Latina. El
flagrante escarnio de la legalidad en Ecuador
presumiblemente desembocará en la meta
perseguida por su máximo dirigente. Pocos dudan
de que en la consulta popular del mes próximo,
Correa, sin partido propio pero con un
incipiente movimiento denominado Alianza País y
el amplio apoyo de una población desesperada que
necesita creer en los milagros, obtendrá la
victoria que le permitirá dotarse de un
aparataje constitucional a su medida. Pero es
imposible construir una democracia y el respeto
por las leyes a partir de la demolición
oportunista de los andamiajes institucionales
anteriores. La estadística dice que durante la
última década ningún presidente ha completado su
mandato en Ecuador.
Fuente: EL PAÍS de Madrid.
EDITORIAL |
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| Réquiem al comunismo |
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| Muchos vieron en Den Xiaoping a un sacrílego violador del templo comunista cuando aquel gigante de pequeña estatura que había sucedido a Mao Zedong empezó en 1978 a construir la China moderna, sacándola del pozo maoísta para incorporarla al mundo real. Casi tres décadas después la nación más populosa del planeta, convertida en potencia económica con un vertiginoso crecimiento de dos dígitos año tras año, acaba de dar otro paso histórico en su desarrollo al consagrar por ley la propiedad privada. Se trata de un avance verdadero, que contrasta con el desastroso retroceso del ?salto adelante? de Mao, cuya estructura colectiva de toda la producción bajo la mano férrea e ineficiente del Estado solo creó miseria y descontento. La aprobación de la ley que oficializa la propiedad privada de empresas y bienes llevó 13 años de debates y 60 revisiones de su texto antes de ser aprobada por 2.299 miembros de la Asamblea Nacional Popular, el cuerpo parlamentario chino, con apenas 52 votos en contra. Este instrumento legal dista de eliminar todos los resabios de la dictadura comunista instaurada por Mao cuando ganó el control de China al derrotar a Chiang Kai-shek en 1949. La propiedad de la tierra sigue formalmente en manos del Estado, que la entrega a campesinos para su explotación por períodos de concesión de entre 30 y 90 años pero sin permitirles convertirse en sus dueños. Pese a la apertura a la masiva inversión privada extranjera, el Estado mantiene monopolios de servicios de eficiencia despareja, como ocurre siempre con empresas públicas protegidas por la ausencia de competencia. Los derechos individuales, que se dan por sentados en una democracia, naufragan bajo una estructura que no admite disidencias políticas ni medios de comunicación opositores. Pero estas fragilidades no reducen la trascendencia de haber reconocido oficialmente ahora el derecho a la propiedad privada, paso que integra la larga marcha china hacia una forma más moderna y justa de socialismo aunque aún le falte mucho para llegar a esa meta. El sentido de la nueva ley fue destacado por Wang Shengming, subdirector de la comisión de asuntos legislativos de la Asamblea Nacional Popular, como parte ?de la economía de mercado socialista?. Esta contradicción semántica entre economía socialista y economía de mercado refleja el complejo camino emprendido hace tres décadas por Den y continuado por Jang Zemin. La desastrosa estructura económica impuesta por Mao sigue en proceso de desmantelamiento, aunque persisten incongruencias como la propiedad estatal de la tierra, los monopolios de servicios públicos y las restricciones a las libertades políticas y derechos civiles. Si se corrigen en los años venideros China habrá culminado su conversión en potencia de primer rango en el mundo moderno. Completará además el réquiem al comunismo, que sobrevive en esa nación como una etiqueta formal pero cada día más desvaída por el peso del realismo. |
Fuente: EL OBSERVADOR.
