Fernando Laborda

El pulso político

Jueces con obediencia debida se buscan

 Si algo quedó claro tras el ataque público del presidente Néstor Kirchner a la Cámara de Casación Penal es el afán del actual Poder Ejecutivo por controlarlo todo.
El primer mandatario, luego de exigirle celeridad al citado tribunal para "castigar" a los imputados en causas vinculadas con la violación de derechos humanos, aclaró que no tenía la intención de interferir en ningún poder del Estado.
Dos datos, sin embargo, parecen desmentir esa afirmación presidencial.
El primero son las declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que le pidió al titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que le haga "un bien a la Patria" y se vaya. Por lo menos, consiguió que, ayer, Bisordi pidiese licencia por treinta días. ¿Acaso no son los juicios del ministro una interferencia y una clara presión sobre el Poder Judicial?
El segundo dato es una confesión del propio presidente de la Nación: "Sé que el Consejo de la Magistratura va a proceder". La hizo el sábado último, en el edificio donde funcionaba el centro de detención clandestino La Perla, en Córdoba, tras acusar a los miembros de la Cámara de Casación de "estar frenando juicios que deberían estar en marcha". ¿Cómo puede saber el titular del Poder Ejecutivo lo que va a hacer un órgano del Poder Judicial que se supone independiente?
Como pocas veces, existe un altísimo grado de sintonía entre la Casa Rosada y el Consejo de la Magistratura. Era lógico que eso sucediera tras la reforma de este cuerpo, impulsada por el oficialismo, que rompió el equilibrio en su conformación buscado por los convencionales constituyentes de 1994 y le garantizó su control al kirchnerismo.
La presión que ejerce Kirchner sobre los jueces no es muy diferente de la que ejercía el gobierno de Carlos Menem sobre los magistrados.
Hay una diferencia formal, sin embargo. En el período menemista, se empleaba el teléfono para persuadir a los jueces sobre la conveniencia de dictar sentencias en determinado sentido o de "dormir" una causa. Así surgió la recordada cuestión de los famosos "jueces de la servilleta" de Carlos Corach, denunciada por Domingo Cavallo.
El gobierno de Kirchner se propuso no hablar con los jueces o hacerlo lo menos posible. "Nunca levantamos el teléfono para llamarlos. No queremos jueces amigos, porque ya sabemos que éstos serán amigos mientras estés en el poder y cuando no estés más en el poder responderán a quien te suceda", explicó a LA NACION una alta fuente del gobierno nacional. Aunque esa aseveración pueda ser cierta, de ningún modo asegura que no existan las presiones sobre los magistrados. Sólo da cuenta de que los mecanismos de intimidación son diferentes.

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Hoy la estrategia oficial para disciplinar a los jueces es exponerlos frente a la opinión pública, desgastarlos y amenazarlos con la caldera de reptiles. Los enojos mediáticos del Presidente no están solos; desde hace poco, están acompañados por la amenaza latente de que el Consejo de la Magistratura, ahora dominado por el kirchnerismo, se convierta en la herramienta para enderezar a los jueces rebeldes.
Y Kirchner cree que tiene todo el derecho a hacerlo, porque se sigue rigiendo por las encuestas, que demuestran que la opinión pública continúa desconfiando del Poder Judicial. El error, como señala el sociólogo Eduardo Fidanza, es pensar que las encuestas pueden fundar las relaciones entre los poderes del Estado.
Nuestra débil cultura cívica y republicana ayuda a que se insista en ese error y a tolerar la posibilidad de que los jueces terminen siendo meros funcionarios con obediencia debida al Poder Ejecutivo.
Entretanto, el Presidente les exige a los tribunales una celeridad que, por ejemplo, no les reclama a sus funcionarios para cumplir sentencias de la Corte que disponen ajustes en las jubilaciones, ni para impulsar la discusión de una nueva ley de coparticipación federal que debió aprobarse hace diez años.
Por Fernando Laborda

Fuente: LA NACIÓN  de Buenos Aires.