CHILE | Un país vigoroso con una economía razonablemente sana y vital también presenta serias deficiencias sociales cuya solución es acuciante
Institucionalidad chilena no corre riesgo pese a bloqueos políticos
No se puede sostener con facilidad un capitalismo tan pujante como el chileno en una sociedad que vive reminiscencias medievales
Chile ha logrado que, en cierto modo, coexistan la vitalidad propia de los grandes puertos, con todas sus connotaciones sociales, y la visión muy conservadora de la sociedad local. A la vez, tiene también una institucionalidad que funciona razonablemente bien en comparación con el resto de América Latina, sostuvo el politólogo uruguayo David Altman, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, Altman analizó las diversas similitudes y diferencias políticas y sociales entre Chile y Uruguay. A continuación se publica un resumen de la entrevista.
-¿Cómo evalúa la gestión de la presidenta Bachelet luego de dos años de su gobierno?
-Su gestión ha tenido notorios claroscuros con respecto a lo que se podía esperar. Uno de los grandes pecados que cometió Bachelet durante la campaña electoral fue prometer una gestión absolutamente innovadora. Su discurso giró en torno a gobernar con cierta independencia del poder clásico de los partidos políticos, darle el gobierno a los ciudadanos y tener una mayor sensibilidad por los sectores más desprotegidos. Pero ese enfoque funcionó más desde un punto de vista discursivo que en la práctica solamente durante los primeros meses de su administración. Antes de cumplirse su primer año en La Moneda, tuvo que hacer un reajuste ministerial, lo que implicó la vuelta de las prácticas políticas de macroacuerdos, de consensos, etc. a las que Chile ya estaba acostumbrado. La promesa de un "gobierno ciudadano" no fue más allá de la creación de algunas comisiones asesoras al Poder Ejecutivo sobre temas muy sensibles, tales como seguridad social, educación, reforma electoral, etc. Los informes que prepararon esas comisiones terminaron, en una gran mayoría, archivados en algún cajón del despacho presidencial.
-¿Qué tipo de herencia recibió Michelle Bachelet de la administración anterior?
-Fue una herencia bastante mixta. Por un lado, su predecesor le entregó una economía sumamente equilibrada, pero también le dejó un problema que es la propia figura de Lagos. Mientras Bachelet carece de un carisma fuerte, el ex primer mandatario tenía un perfil de estadista y rasgos cuasi autoritarios, lo cual se adecua con el tradicional endiosamiento que los chilenos hacen de sus presidentes. Esta característica difiere diametralmente de la visión de los uruguayos, quienes respetan al presidente pero no le atribuyen poderes especiales.
Por otro lado, la Presidenta tuvo la mala suerte de tener que ejecutar diversos proyectos aprobados en la administración anterior que, en muchos casos, se han convertido en un serio dolor de cabeza para el gobierno y para toda la población como, por ejemplo, el sistema de transporte público de la capital chilena llamado Transantiago, cuyo funcionamiento ha generado un verdadero caos en el área metropolitana.
-¿Cómo ha evolucionado el índice de aprobación de gestión presidencial en las encuestas de opinión pública más recientes?
-Ese índice venía en picada a fines del año pasado como consecuencia de los titubeos de la Presidenta para solucionar algunos conflictos que eran más que previsibles. Sin embargo, el nivel ha comenzado a recuperarse ligeramente en los últimos meses, luego que Bachelet se encerró en La Moneda y dejó de hacer declaraciones públicas. No obstante, hay que tomar con cuidado la última medición, en la cual la Presidenta alcanzó una aprobación en torno al 50%. La razón es que el trabajo de campo de esa encuesta se realizó antes de la destitución de la ministra de Educación y de que se produjera el escándalo del Hospital de Curepto, que fue inaugurado con una "puesta en escena" en donde no había pacientes verdaderos ni se contaba siquiera con los equipos médicos.
-De todos modos, ¿no le parece satisfactorio un respaldo de la mitad de los encuestados a la gestión presidencial?
-Hay que tener en cuenta que los presidentes chilenos, a diferencia de sus colegas uruguayos, tienen habitualmente un apoyo del 60% o 70% de la gente. Por otra parte, la metodología utilizada en las encuestas locales es bastante mala, pero aún peor es el uso irresponsable que los medios de comunicación hacen de esos resultados. No obstante ello, las encuestas de opinión pública en Chile tienen un peso tan fuerte, que podría decirse que se han convertido en un fetiche. En parte eso se explica por la carencia notable de canales aceitados entre los partidos y la ciudadanía para percibir y canalizar las demandas organizadas de los ciudadanos, como sí existen en Uruguay a través del mecanismo del referéndum o de la iniciativa popular de reforma constitucional.
-¿Cuáles son los principales objetivos del gobierno para este año y el próximo?
-En realidad, las reformas más importantes, como la de seguridad social, fueron aprobadas durante la primera mitad del período presidencial. Ahora la mayor preocupación del gobierno consiste en evitar los efectos de una recesión económica en Estados Unidos, mejorar el funcionamiento del Transantiago y estar muy atento a que no surjan nuevos escándalos, especialmente ante la proximidad de las elecciones municipales que se realizarán en el segundo semestre de este año.
Oposición
-¿Es previsible que la actual alianza opositora capitalice el actual descontento de la población con la gestión de Bachelet?
-A pesar de varias fallas e ineficiencias de la actual administración, tengo serias dudas que la coalición de partidos de derecha -la Alianza- gane las elecciones presidenciales de fines de 2009. Hay fuertes indicios de que su dirigencia prefiere la seguridad del sillón legislativo a los riesgos implícitos de una reforma importante para democratizar el sistema partidario y generar mayores posibilidades de éxito electoral. Si a esto le sumamos que los militantes de la derecha carecen de mecanismos de castigos partidarios a sus líderes entenderemos por qué no se ha producido un recambio generacional en la cúpula de estos partidos. De hecho, muchos de sus actuales dirigentes son los mismos que otrora rodeaban a Pinochet.
-¿No representa Sebastián Piñera, que lidera el partido Renovación Nacional, una carta de esperanza de la derecha moderna?
-Más allá de su imagen de político liberal, Piñera es una de las figuras más extrañas de Chile ya que se deben contar con los dedos de una mano el número de chilenos que son "billonarios" en dólares. A los ojos de los electores, es un ser de otra galaxia. Por más mal que le esté yendo a Bachelet, bastaría con que la coalición gobernante recurriera a la dicotomía democracia vs. dictadura para que la Concertación gane las elecciones porque la derecha todavía no ha hecho un mea culpa serio por su participación en el régimen de Pinochet.
-¿Siguen los votantes chilenos con los ojos puestos en lo ocurrido durante la dictadura militar que terminó hace casi veinte años?
-En gran medida, sí. Se debe a que el electorado chileno está compuesto mayoritariamente por personas de más de 30 años, que siguen recordando con aprensión las décadas del setenta y ochenta. Ocurre que el grueso de los jóvenes no se ha inscripto en el padrón electoral porque es un trámite voluntario. Sólo después de haberse registrado, el voto se vuelve obligatorio en Chile. Más allá de las explicaciones por la apatía de los jóvenes por la política, nadie se inscribe voluntariamente si es pasible de ser sancionado por no votar. Por lo tanto, esa perversidad del sistema electoral determina que no voten aproximadamente dos millones de ciudadanos de entre 18 y 30 años de edad, quienes son justamente los que no vivieron los coletazos del pinochetismo.
-Al incorporar al grupo del senador Adolfo Saldívar, escindido de la Democracia Cristiana, la oposición logró formar una mayoría legislativa que destituyó a la ministra de Educación, Yasna Provoste, inhabilitándola para el ejercicio de la función pública por cinco años. ¿Es factible que la estabilidad institucional de Chile sufra un serio deterioro, como ha alertado el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, si el bloque opositor continúa con esa política de confrontación con el gobierno?
-En Chile no existe la censura ministerial por el Poder Legislativo tal como funciona en Uruguay y en muchos otros regímenes presidenciales. Por lo tanto, la destitución de un ministro es un fenómeno realmente traumático en la política chilena porque el balance de los poderes del Estado favorece netamente al Poder Ejecutivo. No obstante ello, la institucionalidad chilena no corre riesgo por esa situación. En realidad, había problemas muy serios en el Ministerio de Educación, que la titular de la cartera lo supo desde el momento en que asumió el cargo porque su predecesor, Martín Zilic, le había dejado un informe muy completo sobre el desorden que imperaba en esa secretaría de Estado. Lamentablemente, Provoste hizo muy poco al respecto. En consecuencia, la opinión pública comprendió que había razones de peso para su enjuiciamiento político, así como también para darse cuenta que se usó con fines políticos.
-Existe una creciente participación de figuras de la Concertación en los directorios de empresas públicas y privadas chilenas después de dieciocho años en el gobierno. ¿No se corre el riesgo de que la coalición gobernante sufra un proceso de "institucionalización" como le ocurrió al PRI en México?
-La Concertación tiene cierta responsabilidad en ese sentido. Eso no significa afirmar que sea un símil del PRI porque en Chile existe un contexto mucho más legal, cuyo Poder Judicial no está cooptado por integrantes del partido oficialista y donde los pesos y contrapesos del sistema político funcionan razonablemente bien. No obstante, veinte años de gobierno ininterrumpido más la posibilidad de lograr un nuevo período presidencial lógicamente generan un cierto acostumbramiento al poder, creándose una conmixtión de intereses públicos y privados poco aconsejables.
La cuestión militar
-¿Qué grado de incidencia en la vida institucional conservan los militares chilenos? ¿Es la situación comparable con Uruguay?
-El tema militar no tiene mayor relevancia hoy día en Uruguay. A partir del primer gobierno de Sanguinetti, el presupuesto militar se ha venido reduciendo progresivamente, con lo cual el rol de las Fuerzas Armadas se ha visto cada vez más limitado. Una decisión muy acertada del gobierno uruguayo fue haber aceptado la participación de las tropas uruguayas en las llamadas "misiones de paz" de las Naciones Unidas. Esa actividad, por un lado, distrajo a los militares de los asuntos políticos internos y, por otro, ha permitido mejorar los ingresos de oficiales y soldados enviados al exterior.
Aunque la cuestión militar no figura entre los temas que más preocupan a los chilenos, todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas siempre despierta debates acalorados debido al enorme tamaño del sector castrense. En estos últimos años, por ejemplo, la Fuerza Aérea adquirió una docena de cazabombarderos F-16 nuevos de procedencia estadounidense y dieciocho usados que compró a Holanda. A su vez, la Armada incorporó dos submarinos y armamento diverso porque existe, incluso a nivel civil, una extendida sensación de inseguridad con respecto a las fronteras con sus vecinos, especialmente porque el país no ha podido solucionar aún sus antiguas disputas con Bolivia y Perú.
-¿Permanecen los militares chilenos aislados en sus cuarteles actualmente?
-El éxito de la Concertación ha sido integrar a los militares al mundo civil. Es el caso de decenas de oficiales que cursan en la Universidad Católica la maestría de ciencia política, con una mención en defensa. De ese modo, se ha podido empezar a romper los muros del gueto de la academia militar. Esta mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas apunta, entre otras cosas, a que sus tropas integren las Misiones de Paz de la ONU, tal como ya lo ha hecho Uruguay. La diferencia es que el Ministerio de Defensa de Chile dispone de suficientes recursos para levantar un moderno centro de entrenamiento para los futuros "cascos azules" en Santiago.
Disonancia entre indicadores económicos y calidad de servicios
-¿Cómo se compadece esa sensación de desorden político con la imagen de un Chile pujante y en franco crecimiento económico que percibimos desde el exterior?
-Se puede convivir con ambas percepciones. Chile es un país vigoroso con una economía razonablemente sana y vital, pero también presenta serias deficiencias, cuya solución resulta acuciante. Hay una seria disonancia entre lo que el oficialismo afirma públicamente sobre las mejoras de los indicadores económicos y lo que los chilenos comprueban que realmente tienen. Por un lado, el gobierno, sobre todo durante la administración de Lagos, sostenía con extremado optimismo que la economía era floreciente, pero la gente ha visto que la calidad de los servicios de salud, transporte y educación es indudablemente mala, lo cual genera una frustración muy grande.
-En Chile la ley de divorcio se aprobó un siglo después que en Uruguay. ¿Ha terminado la mayoría de los chilenos por aceptar los nuevos parámetros de la sociedad occidental?
-El reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la entrega de la "píldora del día después" en el sistema de salud pública, es un claro ejemplo, desde el punto de vista valórico, del conservadurismo predominante en la sociedad chilena. Además, el rol que juega la Iglesia en Chile le sorprendería al uruguayo más religioso. Es el caso de que un hijo de padres divorciados no puede realmente aspirar a ingresar a la oficialidad de la Escuela Naval. Ese tipo de posiciones extremas constituye un problema muy grande, sobre todo, para la derecha chilena que pretende convertir al país en el centro comercial y financiero de la Cuenca del Pacífico en Sudamérica.
-¿Cómo ha enfocado la sociedad chilena su inserción en una economía globalizada?
-Evidentemente, no se puede sostener con facilidad un capitalismo tan pujante como el chileno en una sociedad que vive reminiscencias medievales. Sin embargo, Chile ha logrado que, en cierto modo, coexistan la vitalidad propia de los grandes puertos, con todas sus connotaciones sociales, y la visión muy conservadora de sus habitantes. Tiene también una institucionalidad que funciona razonablemente bien en comparación con el resto de América Latina. Por ejemplo, a nadie se le ocurre realizar siquiera un intento de soborno a un gendarme. Paradójicamente, esa misma policía tan correcta procede con un rigor inaudito cuando tiene que disolver una manifestación de estudiantes de secundaria.
Uruguay también tendría que aprender de las malas experiencias chilenas
-Tanto Chile como Uruguay están gobernados por coaliciones de centroizquierda. ¿Qué coincidencias halla entre el gobierno de la Concertación en Chile y el del Frente Amplio (FA) en Uruguay?
-Hay temas que preocupan por igual a las dos coaliciones oficialistas, aunque son organizaciones políticas muy distintas. Mientras el FA funciona como partido, la Concertación a veces funciona como coalición y en otras ocasiones como partido. Ambas tienen orígenes, instituciones, militancias e incluso objetivos distintos. Más aun, no comparto que la Concertación sea una coalición de centroizquierda; hoy día está muy lejos de la izquierda, diría que es más centrista que otra cosa, ya que existe un consenso notoriamente mayoritario entre sus integrantes de que la economía de mercado es la solución para la mayoría de los problemas del país. De los tres partidos con representación parlamentaria que la integran, la Democracia Cristiana tiene mucho más que ver con los partidos conservadores de Europa y el Partido por la Democracia es de clara inclinación liberal, tanto en lo económico como en lo valórico. De hecho, el Partido Socialistas es el único que podría encajar en lo que en Uruguay entendemos como centro-izquierda.
-¿No tienen mucha similitud las políticas económicas aplicadas en los dos países?
-Las políticas macroeconómicas de ambos gobiernos son muy parecidas, pues procuran achicar el déficit fiscal y realizar algunas políticas redistributivas en la medida de las posibilidades financieras de cada país. La diferencia radica en que el Estado uruguayo es más apreciado y parece más responsable a los ojos de los ciudadanos y, consecuentemente, tiene más ingerencia en la regulación económica. En Chile, en cambio, no hay muchas posibilidades para redistribuir el ingreso o hacer políticas de corte más universal. Tampoco existen mecanismos constitucionales que le permitan a los ciudadanos activar recursos para hacer valer sus derechos, salvo concurrir a votar cada cuatro años.
-¿No cree que se han utilizado con demasiada frecuencia los recursos institucionales de democracia directa en Uruguay?
-No niego que los uruguayos hayan llegado a abusar de los referéndum y las reformas constitucionales en algunos momentos de la historia reciente. De todos modos, es un recurso esencial que poseen los ciudadanos y, en general, todos los uruguayos lo saben. De hecho, el gobierno de turno siempre debe tomar en consideración que la mayoría de las políticas que pretenda impulsar está teóricamente sujeta al juicio popular.
-¿En qué medida el exitoso modelo chileno puede ser una referencia para Uruguay?
-Por cierto, el modelo económico chileno es digno de atención. Chile ha tomado ciertos riesgos que son muy interesantes, pero no pueden ser calcados porque las experiencias de cada país son intransferibles.
Por otra parte, supongo que en Uruguay no se quiere replicar la sociedad chilena actual, donde existen divisiones sociales grotescas, un grado de violencia muy elevado y un conservadurismo a flor de piel propio de épocas pretéritas, que no condicen con una economía capitalista en pleno crecimiento. Las vacas sagradas de los uruguayos, tales como el mutualismo y la educación pública, gratuita en sus tres niveles, son prácticamente desconocidas para los chilenos. Por lo tanto, Uruguay tendría que aprender de las malas experiencias de Chile, como son los problemas críticos que generan los oligopolios privados en ámbitos como la educación y la salud. A pesar de que han mejorado muchos indicadores económicos y sociales, otros, como la desigualdad social, siguen siendo nefastos.
Fuente: EL PAÍS, de Montevideo.
Nerviosismo en los mercados
En 5 días se triplicó la fuga de depósitos
Entre el 12 y el 16 de este mes salieron $ 970 millones y US$ 171 millones del sistema, según el BCRA
La desconfianza desatada a partir del conflicto entre el campo y el Gobierno alcanzó su máxima expresión durante la semana pasada entre los ahorristas locales, que profundizaron la fuga de depósitos y llevaron a los bancos a resignar 970 millones de pesos entre el 12 y el 16 de este mes, el triple de lo que habían perdido durante la semana anterior.
El dato surge del informe monetario semanal que el Banco Central (BCRA) difundió ayer, que permite conocer de cerca los principales números del sistema financiero argentino.
Según los datos del documento, los depósitos a plazo del sector privado cayeron al 16 de mayo hasta los $ 58.827 millones. Una semana antes, se ubicaban en los $ 59.797 millones. Así, en tan sólo dos semanas, los ahorristas extrajeron del sistema $ 1278 millones, según los datos de la entidad que preside Martín Redrado.
Pero un dato marca una diferencia importante entre lo que ocurrió en la semana del lunes 2 al viernes 9 de este mes y la que fue del 12 al 16: hubo una caída de los depósitos en dólares de 171 millones, que dejó los depósitos privados en esta moneda en los 7063 millones.
El dato no es menor porque la semana anterior se había registrado una suba de estos depósitos, que había sido leída por las autoridades monetarias como una muestra de confianza en el sistema financiero.
Las cifras dan cuenta del pánico que generó la crisis política en la que la Casa Rosada está envuelta desde hace ya más de dos meses, alimentada por las versiones que, incluso a través de correos electrónicos, daban cuenta de algunas medidas que auguraban fuertes pérdidas para quienes mantuvieran sus tenencias en pesos, como la posibilidad de una devaluación profunda.
Tales temores, aunque menguados, no han desaparecido del todo, como reflejó la reactivación de la demanda de dólares que se vivió ayer (ver Primera Sección).
Mensaje implícito
La férrea batalla que el Banco Central emprendió contra el dólar evitó que la divisa subiera de valor durante la semana anterior, en la que comenzó cotizando a $ 3,21 para la venta en la mayoría de las casas de cambio y bancos del microcentro porteño, y terminó, el viernes, con un valor de $ 3,18. Esta semana el billete verde resignó otros dos centavos.
De hecho, varios analistas opinaron esta semana que la cruzada del Central para deprimir la cotización de la divisa norteamericana tenía un mensaje implícito: atentar contra las especulaciones que provocaron el éxodo de pesos a dólares.
Los esfuerzos oficiales, sin embargo, parecen no haber sido del todo convincentes, tal como reflejó la oleada de compras minoristas de ayer.
De todas maneras, economistas, operadores y analistas coinciden en señalar que la raíz de estos movimientos reside en la crisis política que desató el conflicto con el campo, y que tanto el sistema financiero como la economía en general gozan de una solidez inéditas.
El problema, claro está, es que esta solidez parece no ser un argumento de peso para calmar las expectativas del público.
Otro dato que surge del informe del Banco Central ofrece otro síntoma de cautela: el stock de préstamos al sector privado había crecido hasta el 9 de mayo con relación a un mes atrás. En ese momento, se ubicaba en los $ 100.022 millones.
Al 16 de mayo, es decir, una semana más tarde, la cifra cayó hasta los $ 99.564 millones, un valor similar al de un mes atrás, cuando se había ubicado en los 96.366 millones.
Cabe aclarar, no obstante, que el saldo de préstamos personales, las líneas más activas, no ha caído, sino todo lo contrario: pasaron de los 24.965 millones de pesos el 9 de este mes a los 25.220 millones el viernes pasado.
El sector público también redujo su exposición: los depósitos a plazo del Estado bajaron en 110 millones de pesos durante esa semana, la peor, al menos desde el punto de vista financiero, desde que comenzó el conflicto entre el sector rural y la Casa Rosada, hace ya más de dos meses.
Fuente: LA NACION de Buenos Aires.
SE VIVIERON MOMENTOS DE TENSIÓN ENTRE LOS DOS GRUPOS DE OBREROS OCUPANTES
Desalojaron Vanni y las llaves fueron al Ministerio del Interior
Empresa hará denuncia penal por “completo avasallamiento del estado de derecho”
POR JAVIER BENECH DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR
La telenovela de impresos Vanni, que ya lleva dos años y medio, tuvo ayer uno de sus capítulos más fuertes, luego que se desalojó a los dos grupos de trabajadores ocupantes y la planta pasó en pocas horas por tres depositarios distintos.
Finalmente, la imprenta quedó en manos del Ministerio del Interior, que sobre la hora 21 de ayer desalojó a los representantes empresariales que habían tomado la posesión de la planta. Mañana ese Ministerio entregará las llaves a la Justicia para que ésta decida quién es el depositario.
Uno de los abogados de la firma, Guzmán Acosta y Lara, dijo a El Observador que hubo una clara “injerencia” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y que presentará un escrito penal para “denunciar los hechos”.
“La denuncia no será contra ninguna persona en particular. A nosotros nos echó la policía y ni siquiera nos hicieron firmar un acta para dejar constancia, esto es un completo avasallamiento al Estado de Derecho”, subrayó.
Así finalizó anoche el periplo de la imprenta Vanni que en pocas horas, luego de desalojados los obreros ocupantes, pasó por tres manos distintas: El Banco República, la empresa y el Ministerio del Interior. El ambiente en las inmediaciones de Vanni estaba enrarecido desde temprano.
El desalojo dispuesto por el Poder Ejecutivo estaba previsto para las 3 de la tarde, pero a esa hora los trabajadores liderados por el dirigente radical Juan Carlos Venturini no estaban dispuestos a entregar la planta, debido a que el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) había presentado una acción de amparo en la Justicia para detener la medida.
Afuera, un grupo de unas 100 personas aguardaba con expectativa la decisión judicial y confiaba a esa hora que los trabajadores, que hace dos años y medio fundaron la Cooperativa de Producción Gráfica (Coprograf), podían quedarse dentro de la empresa.
“¡Fuerza que al final siempre triunfan los trabajadores y los Amodio Pérez comen mierda!”, le decía con su puño en alto una señora a los jóvenes que estaban en el interior del establecimiento. Amodio fue quien delató a tupamaros durante la dictadura.
El grupo de personas en el exterior de la empresa era sumamente heterogéneo. Se dieron cita afiliados al SAG, dirigentes de Plenaria Memoria y Justicia, de las cooperativas de vivienda y hasta vecinos curiosos.
A las 4 y media de la tarde llegó la noticia de que el juez Pablo Eguren había rechazado de plano el recurso de amparo presentado por el sindicato y que el desalojo era inminente. Los ánimos empezaron a caldearse.
Bien perrito. La Policía acordó con los obreros que primero saldría el grupo de cuatro trabajadores que el lunes de madrugada irrumpió en la empresa y después los ocupantes originales.
A las 17, dos horas después del horario previsto para el desalojo, la Policía abrió el portón principal de la empresa y subió a un Chevrolet blanco a los cuatro trabajadores que recuperaron la planta para el empresario, entre quienes se encontraba el ex presidente de Coprograf, Gerardo Sosa.
En ese instante un perro orinó sobre la rueda del automóvil, lo que provocó aplausos por parte de quienes estaban afuera. “¡Bien perrito! Hiciste lo que tendríamos que haber hecho nosotros”, exclamó la dirigente radical Irma Leites, mientras filmaba todo lo que sucedía en un celular de última generación.
Cuando se abrió el portón que separa la empresa de la calle y el automóvil comenzó a marchar, el malón se le fue encima. “¡Carneros, alcahuetes, hijos de puta!”, le gritaron, al tiempo que pateaban el vehículo y le arrojaban huevos, monedas y agua.
“Sabemos que viven en las viviendas del 3 de abril ¡¿Qué van a hacer cuando no tengan milicos que los cuiden?!”, amenazó un joven a Sosa y los suyos.
El automóvil salió del lugar tan violentamente que incluso atropelló a una mujer que sufrió heridas menores. Luego de ese episodio, Venturini y los trabajadores sacaron colchones, garrafas, víveres y desalojaron la empresa.
Varias manos. A las 6 de la tarde todo parecía quedar en calma en impresos Vanni. Sin embargo, dentro de la planta comenzó a desatarse una batalla jurídica entre el Banco República (acreedor de la firma) y representantes de la empresa.
Los funcionarios del BROU –que acudieron temprano a la planta venían munidos de una sentencia del juzgado Civil de 8° Turno que les otorgaba la posesión de la empresa. Empero, los abogados de la firma dijeron que jurídicamente eso no era posible porque la planta no había sido desocupada por completo y correspondía que el inmueble se entregara al empresario.
En ese momento comenzó a tallar también el Ministerio del Interior, que ante la falta de acuerdo, pretendía quedarse con la llave de la empresa. Transitoriamente, los abogados de la firma se quedaron en la planta, pero fueron desalojados sobre las 9 y media de la noche y la llave quedó en poder del Ministerio del Interior.
En ese entrevero, Acosta y Lara, denunció que existió una “injerencia” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, habló por celular con el alguacil.
Consultado por El Observador, Bonomi dijo que llamó a la escribana del MTSS que estaba presente en el lugar y que ésta le pasó con el alguacil. “En ningún momento opiné sobre los hechos, es un disparate decir que hubo algún tipo de presión”, sostuvo.
«¿Dónde está la cúpula del PIT-CNT?»
Durante el desalojo de impresos Vanni, varios dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas no ocultaron su malestar con el PIT-CNT. “¿Dónde está la cúpula del PIT-CNT que no respalda a los trabajadores en un desalojo?”, preguntaban a viva voz los sindicalistas. El propio presidente de Coprograf, Juan Carlos Venturini, subrayó que hubo “notorias ausencias” en la desocupación de ayer. El único dirigente de la central que respaldó explícitamente a los ocupantes fue Luis Puig. El resto prefirió no meterse en el problema y no apoyó ni a Venturini ni a quienes retomaron la empresa.
La cifra
1,5
millones de dólares le debe Juan José Vanni al Banco República, según declaró a la prensa.
Acción sin violencia
La Justicia penal no encontró delito en la acción de los trabajadores que el lunes de madrugada recuperaron la planta.
Cronología
8/2005. Impresos Vanni envió a un centenar de empleados a seguro de paro por falta de financiamiento. Un grupo de trabajadores ocupó la empresa, con el supuesto consentimiento del propietario, Juan José Vanni. El presidente del BROU, Fernando Calloia, dijo que se hizo todo lo posible para asistir a la imprenta.
10/2005. Los ocupantes formaron una cooperativa (Coprograf) e iniciaron por su cuenta la gestión de la empresa. A fin de año Vanni inició un juicio penal contra Calloia y la CND por estimular la ocupación.
3/2006. La Justicia procesó a 60 trabajadores –tres de ellos con prisión– por apropiación indebida, ya que formaron una cooperativa y comenzaron a utilizar los bienes de la empresa para su provecho. Se pidió a la Policía la devolución de los bienes al propietario.
9/2006. Vanni asegura que se encuentra en la calle.
12/2006. El Tribunal de Apelaciones revocó el procesamiento de los 60 sindicalistas por entender que los hechos son derivados de conflictos laborales. Dice que existió una autorización del patrón para la utilización de las máquinas. Vanni acampó frente a la residencia de Suárez.
4/2007. La cooperativa anunció que volverá a producir y Vanni no ve otro camino que asociarse con la cooperativa, dado que no aparece ningún inversor. El BROU debe liquidar para cobrar deudas.
3/2008. Se divide el sindicato, unos ocupan y otros se unen con el dueño, que terminan ocupando también. El gobierno ordenó el desalojo.
Fuente: Diario EL OBSERVADOR, de Montevideo.
Apuntes para una guía electoral
Hugo Martini
Dentro de tres semanas –el jueves 25 de octubre- terminará la campaña presidencial. Una de las mejores contribuciones que puede hacerse al proceso de toma de decisión es poner esta campaña en contexto, con el fin de aportar elementos que clarifiquen un cuadro desmotivado y confuso.
1. Seis malvados.
Los cuatro principales candidatos de la oposición –Carrió, Lavagna, Rodríguez Saa y López Murphy- más Macri y Binner, han sido declarados por el imaginario colectivo como los culpables de que Cristina pueda llegar a la presidencia. La sentencia dice: el sistema kirchnerista continuará porque seis malvados no se han puesto de acuerdo. De esta manera la sociedad descarga toda su responsabilidad acusando a seis personas, “sin sensibilidad”, que no advierten las aspiraciones profundas de los argentinos.
Pero hay otra visión, más cerca de la realidad: estos seis dirigentes expresan países distintos que no pueden convivir entre ellos. Ninguno de los seis es inocente pero los seis reflejan, como si fueran espejos, distintas sociedades. El sistema político de los dos partidos no sólo está quebrado entre los dirigentes sino que esta destruido, también, en el corazón de la sociedad.
2. “Todos unidos triunfaremos”.
La prueba de esta fractura de la sociedad fue la ilusión y desilusión de la Alianza. Esa experiencia mostró la imposibilidad de reunir con éxito –aunque hayan ganado una elección- a cualquier dirigente político con cualquier otro dirigente político, con el solo acuerdo de querer mejorar las cosas. Para ponerle nombre y apellido: no eran parecidas –para nada- las visiones de país que tenían Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez.
¿El clamor para que la oposición aparezca unida, por el solo hecho de parecer unida, supone hacer el mismo ejercicio de ocho años atrás? Algo es seguro: una de las formas de la locura es repetir un experimento, con los mismos elementos y bajo las mismas circunstancias, y esperar resultados distintos.
3. En nombre de nadie.
Una visión escéptica de la realidad dice que, en la actual crisis de representación, los candidatos presidenciales van a ser votados como los “menos malos”, es decir, que no representarían a nadie. El símbolo más claro de la crisis sería que la sociedad, después de crearlos como líderes no los quiere, no los reconoce como propios.
¿Están eximidos de responsabilidad los candidatos actuales? La respuesta no es simple: quisieron participar, se negaron a aceptar que no podían y siguieron solos adelante. Ninguno de ellos supo o quiso advertir lo que estaba pasando.
Estas tres puntas –la sociedad descontenta que no se hace responsable, el grupo político que intenta a veces unirse a cualquier precio y la indudable responsabilidad de los dirigentes actuales- es el cuadro que deberían tener en cuenta los que van a votar.
La idea de que el culpable es siempre otro ha sido como el telón de fondo de los últimos sesenta años de la política argentina. Desde la “oligarquía” o el “peronismo”, la “herencia recibida” ha sido la constante excusa para ocultar ineptitudes o falta de transparencia.
Estas ideas se analizaron con Juan José Sebreli en el programa CARTA TV, el 2 de octubre pasado, que puede verse completo desde la página principal de esta edición.
Más allá de por quién se vote, más allá de partidos, afinidades e intereses, una elección presidencial abre o no abre la posibilidad de un cambio en la pauta cultural de un país. Es probable que esta referencia no despierte interés alguno en el corto plazo. Pero si las pautas de la cultura política actual se mantienen es probable que en un futuro, no tan lejano, no haya lugar ni para los que van a ganar.
Entrevista con Carlos Granier, directivo de RCTV de Venezuela
"Es la venganza política de Chávez"
El mandatario venezolano amenaza con no renovar la licencia del canal de TV
Carlos Granier teme que Hugo Chávez cumpla con su palabra de no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) y, como consecuencia de eso, confiscar sus antenas. De ese modo, dijo a LA NACION en Buenos Aires, "una estructura montada, con 3000 trabajadores, 200 anunciantes y otros tantos proveedores corre el riesgo de quedar obsoleta frente a este ataque contra la libertad de expresión".
La licencia de RCTV vence, en principio, el 27 de mayo. Si Chávez concreta su amenaza contra "ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión", según anunció en un discurso pronunciado el 28 de diciembre de 2006, poco después de ser reelegido, el Estado se haría cargo de él desde el día siguiente.
"Todo es muy confuso; se contradice constantemente -señaló Carlos Granier, hermano y asesor del presidente de RCTV, Marcel Granier-. Si la idea es convertirlo en un canal comunitario, como se ha dicho, no será otra cosa que un canal gubernamental."
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Conferencia Episcopal Venezolana quisieron terciar en defensa de RCTV y de la libertad de expresión. Uno recibió un insulto de Chávez como respuesta; los otros, una advertencia sobre el poder de Cristo.
La revocación de la licencia de RCTV, concedida en 1987, "es una venganza política de Chávez y es, a su vez, una parte importante de su proyecto político -dijo Granier-. Si no, ¿para qué quiere el gobierno antenas privadas? Ya nos inundaron con una serie de multas. La estrategia es acusarnos de no respetar la ley cuando son ellos, en realidad, los que quiebran los preceptos constitucionales".
Sin proceso legal
En Cartagena de Indias, durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las autoridades de RCTV recibieron el apoyo de sus pares. La decisión de Chávez, según Granier, "no responde a ningún procedimiento legal, lo cual nos ha puesto en una situación de indefensión jurídica".
Como precedente, las autoridades de RCTV tomaron el caso del empresario peruano-israelí Baruch Ivcher, despojado en 1997 del Canal 2 / Frecuencia Latina, de Lima, así como de su nacionalidad peruana, por el ex presidente Alberto Fujimori.
En el caso de RCTV, Granier señaló: "Como no hay una causa judicial, tampoco podemos recurrir a la Justicia. Es una negación del acceso a la Justicia. No podemos hacer nada".
La decisión de Chávez, dijo, "forma parte de un proceso que ha ido del autoritarismo al totalitarismo, con un partido único y un presidente que gobierna por decreto y que exalta el culto a su personalidad. Es un proyecto de poder personal, de modo de ser reelegido hasta que se le antoje. Primero, hasta 2012. Después, hasta 2021. Después, hasta 2024. Y ahora, hasta 2030. En ese momento será como Fidel Castro".
Su hermano Marcel dijo que Chávez anida el deseo de controlar toda la información, como si tratara de aplicar los modelos de "Castro, Perón, Mussolini y Hitler". Y, en definitiva, "de acabar con la libertad de expresión, con medios de comunicación sumisos y periodistas dispuestos a hacerle propaganda".
La decisión de no renovar la licencia de RCTV, según Carlos Granier, guarda relación con su intención de retomar el control de los sectores "estratégicos para cualquier país" en virtud de la "reforma socialista constitucional" y de "la república socialista de Venezuela".
En ella, según Chávez, aquellos que disienten "pueden hacer las maletas e irse".
Por Jorge Elías
De la Redacción de LA NACION
Fuente: LA NACIÓN de Buenos Aires.
Mariano Grondona
Estamos viviendo una mentira institucional
Cuando el Imperio Español quedó acéfalo por la captura del rey Fernando VII a manos de Napoleón en 1808, los criollos del Virreinato del Río de la Plata aprovecharon la oportunidad para poner en marcha su proyecto independentista. Pero debieron hacerlo cautelosamente, para evitar la previsible reacción de los monárquicos. A partir de la Revolución de Mayo de 1810 proclamaron entonces que asumían el poder en nombre de Fernando y sólo hasta que cesara su prisión.
Como el propósito real de los patriotas argentinos era conquistar la independencia que se animarían a proclamar abiertamente en 1816, hasta ese momento se pusieron lo que dio en llamarse "la máscara de Fernando". Esta fue la primera vez que los argentinos se pusieron una máscara . La primera, pero no la última.
En todo sistema político media cierta distancia entre lo que Ferdinand Lassalle llamó la "constitución escrita", que figura en los papeles, y la "constitución real", que impera en los hechos aunque no figure en los papeles. Pero esta distancia, mayor o menor según las circunstancias, en ningún lugar fue tan grande como en el Imperio Español. En la lejana España, el rey dictaba normas ideales, bienintencionadas, como las leyes de Indias. En América, la realidad corría por cuerda separada. Por eso los españoles de América solían decir que "los mandatos del rey se acatan, pero no se cumplen".
Los argentinos hemos heredado de España esta profunda dualidad entre lo que se anuncia y lo que se hace, entre la máscara y el rostro. Esta no ha sido la tradición institucional anglosajona, donde impera la palabra enforcement , que proviene del verbo to enforce , "hacer cumplir". Para nosotros, una ley existe con sólo anunciarla. Para los anglosajones, una ley sólo existe cuando se la cumple.
Aristóteles observó en La política que una ley no es tal cuando se la promulga formalmente sino cuando, porque se la cumple, termina por encarnarse en la sociedad bajo la forma de un hábito colectivo . Sólo entonces pasa a ser una verdadera ley. Aristóteles aconsejó por ello a los legisladores que no aprobaran leyes sin estar seguros de que las podrían hacer cumplir porque, en caso contrario, sólo lograrían desprestigiar el concepto mismo de la ley. Nuestro Alberdi se burló de estas revoluciones caligráficas , de las leyes utópicas que sólo imperan sobre el papel.
El rostro y la máscara
En su artículo primero, nuestra Constitución dice que "LA NACION Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". Esta definición, ¿alude hoy al "rostro" de la Argentina o sólo es su "máscara"? Nuestra constitución "real", ¿es verdaderamente representativa, republicana y federal o es, al contrario, un despotismo enmascarado?
Si la Argentina fuera, en verdad, "federal", sería otra la distribución de sus recursos tributarios. Nadie puede negarle al Presidente el mérito de haber logrado que, por primera vez en mucho tiempo, los ingresos del Estado nacional superen sus gastos. Pero este juicio laudatorio tendría que ser acotado por la observación de que, así como un cuerpo es cóncavo si se lo mira de un lado y convexo si se lo mira del lado opuesto, a la percepción del superávit de las cuentas nacionales habría que oponerle la percepción del déficit de las cuentas provinciales.
En tanto que el superávit nacional se mantiene, el déficit provincial crece. ¿Hay entonces un verdadero superávit global en el que concurren tanto la Nación como las provincias o hay una realidad compuesta de superávit en un nivel y déficit en el otro nivel, a los que habría que evaluar en forma conjunta?
La pregunta se vuelve más urgente si se advierte que, mientras que el Estado nacional ha mejorado decisivamente sus ingresos a partir de la reciente creación de tributos como las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque que sólo él cobra sin la coparticipación de las provincias, éstas han pasado a depender cada vez más de los subsidios del Estado nacional.
Lo que se obtiene de todo esto no es una visión federal en virtud de la cual la Nación y las provincias comparten en forma equitativa y estable los recursos tributarios, sino una visión unitaria en virtud de la cual las provincias dependen, para subsistir, del arbitrio nacional.
Chile o Francia son naciones unitarias que se dicen unitarias. Los Estados Unidos o Brasil son naciones federales que se dicen federales. La Argentina es una nación unitaria que se dice federal. Una nación cuyo rostro se esconde detrás de su máscara.
Algo similar podría decirse de la definición de la Argentina republicana . Lo que caracteriza a las repúblicas en oposición a los regímenes absolutistas es que, en ellas, la palabra "poder" no se pronuncia en singular, el poder, sino en plural, los poderes. En las repúblicas hay tres poderes independientes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que se controlan recíprocamente. ¿Podría decirse en nuestro caso que el Congreso controla efectivamente al Presidente, o habría que decir que sigue pronta y mansamente sus instrucciones? En un país donde a cada presidente ha correspondido casi siempre una nueva Corte Suprema hecha a su imagen y semejanza, ¿alguien podría afirmar sin sonrojarse que existe un verdadero "poder" judicial? De lo cual hay que concluir que la Argentina presenta hoy la paradoja de una república absolutista. Republicana en su definición. Absolutista en su funcionamiento.
¿Queda el consuelo de pensar que, al menos, nuestra Nación es "representativa"? ¿No votan acaso en ella periódicamente los ciudadanos para elegir a sus representantes? Desde el momento en que uno de cada tres argentinos vota desde una situación "clientelística", en función de la cual tanto los receptores de planes sociales manejados políticamente como aquellos empleados públicos sobrantes, que son desempleados reales, deben votar por aquellos que los financian por temor a quedar desamparados, lo que debe concluirse es que la Argentina de hoy es representativa sólo en forma parcial.
¿Qué hacer?
Nuestro sistema político esconde un rostro absolutista por detrás de una máscara representativa, republicana y federal. Según lo habíamos anticipado al comenzar la sección anterior, el sistema político argentino es un "despotismo enmascarado".
Ante este contraste entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente somos, caben tres estrategias. Una es un realismo tan crudo que bordea el cinismo. Después de todo, dicen los cínicos, "esto es lo que hay". ¿A qué rebelarse?
Contra ellos, un generoso sentimiento idealista nos impulsa a resistir y superar mediante un extraordinario esfuerzo esa Argentina que no queremos ser. Contra el cinismo, ¿cabe entonces una valiente campaña de denuncias, una revolución moral?
Resignarse a lo que hoy somos implicaría, de un lado, abandonar el sueño de una democracia en ascenso. Pero pretender del otro lado una inmediata regeneración moral sería tropezar con una de esas utopías que, sin bien pueden salvar a las almas individuales que las intentan, podrían no movilizar efectivamente a toda una nación. Entre el descreimiento de unos y la exaltación de otros, lo que nos queda es, en definitiva, un largo y escabroso sendero de superación.
Por Mariano Grondona
Fuente: LA NACIÓN, de Buenos Aires.
