Liberalismo militante

PENADES

No tienen vergüenza(FA trata de modificar reglas de verificación firmas caducidad)

Escrito por rigofa 04-05-2009 en General. Comentarios (0)

No tienen vergüenza.

Gustavo Penadés

En estos días el Frente trata de modificar las reglas que usará la Corte Electoral para la verificación de las firmas para anular la Ley de Caducidad.

Hasta ahora estábamos acostumbrados a expresiones como las de un importante dirigente sindical que decía, hace unos días: "Hay que tener cuidado con la Corte Electoral". Se podría suponer que en la mente de los impulsores del plebiscito el cuestionamiento de la Corte Electoral es una manera de presionarla y, por las dudas de que las firmas no sean suficientes, ir abriendo el paraguas. Más, lo del Frente Amplio es increíble, porque es nada menos que cambiar las reglas para de esa manera asegurarse un resultado.

Las normas que regulan los plebiscitos no fueron establecidas para esta ocasión. Son las mismas que sirvieron para convocar a las dos consultas de 1989, a la del Agua, a la que pretendía un porcentaje fijo del Presupuesto para la Educación, etc.

Las dos actitudes que reseñamos constituyen un enorme agravio para los miembros de la Corte, para sus funcionarios pero, por sobre todo, son un feroz ataque contra las instituciones democráticas. Un extranjero que observara lo que por aquí acontece, se asombraría ante la agresión no ya de un grupo de personas, sino de un partido político al máximo órgano en materia electoral. Se asombraría más, cuando esos ataques parten del partido político que está en el gobierno y, más aún, cuando ese órgano -que hoy se vitupera- es el mismo que "garantizó" su ascenso al poder.

Si el Frente y sus agentes multiplicadores descalifican a la Corte Electoral de esa norma: ¿qué pueden pensar los ciudadanos que no están empapados en estos temas? ¿Que estamos ante situaciones como las que suceden en Venezuela, o Argentina, en las que el patrón de turno cambia las reglas según le sirva?

La situación es escandalosa por la mala fe que denota. El Frente Amplio sabe muy bien que los funcionarios de la Corte Electoral que son quienes realizan el trabajo y que son honestos. Pero -esto seguramente la mayoría de los ciudadanos lo desconoce- que además de ser honestos, los funcionarios de la Corte trabajan identificados en un proceso que conlleva un sistema de controles recíprocos que otorga las máximas garantías.

Esa misma Corte y esos mismos funcionarios serán los responsables de las elecciones internas y nacionales. ¿Se desconfía de ellos también para esas instancias? Hasta ahora no escuchamos a ningún candidato del Frente Amplio que "alerte" o convoque a "vigilar".

Tampoco escuchamos a los integrantes del sindicato de funcionarios de la Corte Electoral denunciar ningún tipo de violación de las normas, ni tampoco irregularidad alguna en las intervenciones que a lo largo de los años lleva organizando la Corte. Muchas veces han planteado en el Parlamento cuestionamientos en cuanto a la Corte Electoral considerada patronal, pero nunca en cuanto al cumplimiento de sus atribuciones.

Lo que está haciendo el Frente es lamentable y sin antecedentes. O, sí los hay. Para encontrarlos hay que remontarse a fines del siglo XIX y principios del XX. Fueron los años en los que el Partido Nacional luchó por los derechos civiles. Y, paradojalmente, ese ciclo de luchas podemos afirmar que se cerró en 1925, justamente con la creación de la Corte Electoral.

Fuente: EL PAÍS, de Montevideo. Publicado en ECOS.

Hasta cuándo y hasta dónde(la Ley de Caducidad y el respeto a la Constitución)-

Escrito por rigofa 24-02-2009 en General. Comentarios (0)

Hasta cuándo y hasta dónde

GUSTAVO PENADES

Asistimos a un nuevo intento de violentar el estado de derecho por parte del gobierno y del Frente Amplio instalado en él. La citación de la Asamblea General, efectuada por Rodolfo Nin, no puede verse de otro modo, a juzgar por las palabras de connotados miembros del conglomerado frentista y por los hechos que han generado.

La Suprema Corte de Justicia se encuentra abocada al análisis de una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, promovida por la Fiscal Penal Guianze, que asumió el patrocinio de Blanca Stela Sabalsagaray Curuchet.

En un trámite común, basado en costumbres de larga data, la Corte dio traslado de dicho expediente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque en este caso, tanto la promotora de la acción, como el Fiscal de Corte, se pronunciaron en contra de dicho traslado (para el caso del Poder legislativo, ambos, y para el del Ejecutivo la Dra. Guianze).

En este procedimiento, como sucede siempre, no debería haber operado más que el pronunciamiento de los servicios jurídicos del Parlamento y de la Presidencia, los que no pasan de informar que no se asume legitimación pasiva en el asunto y no se pronuncian sobre el fondo de la cuestión, el que queda reservado a la exclusiva decisión de la Suprema Corte, para no vulnerar la separación de Poderes.

Pues bien, las acciones del Frente Amplio en esta emergencia como en tantas otras, están encaminadas a enmarcarse en un asunto eminentemente jurídico y transformarlo en un hecho político, sin medir las perniciosas consecuencias que tal forma de actuar tiene en nuestra institucionalidad democrático-republicana.

No les importa nada si de sacar réditos políticos se trata, aunque avasallen con ello las instituciones más sagradas del Uruguay y pongan en serio riesgo al estado de derecho.

Así, en este caso, el Poder Ejecutivo incursionó en ámbitos reservados al Poder Judicial, pronunciándose por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, tratando de incidir -estamos seguros que sin éxito- en el ánimo de la Suprema Corte. Y ahora, se pretende otro tanto con el Poder Legislativo, lo que ha sido dicho sin escrúpulos por legisladores del Frente Amplio.

"Tenemos que apoyar a Tabaré en este asunto porque él ya se pronunció en contra de la Ley". "Hay que embretar a blancos y colorados en una discusión política, para sacar ventajas electorales".

Esas y otras son las palabras escuchadas, además de los rumores -no desmentidos- de que se habría alentado a los servicios jurídicos del Parlamento, para que se manifestaran por la inconstitucionalidad, cosa que no logró y por lo que ahora convoca a la Asamblea General. Digámoslo claro: a los blancos no nos duelen prendas por defender una Ley que complementó al rengo Pacto del Club Naval y a la Ley de Amnistía a terroristas y que fue ratificada por la ciudadanía. Ley que permite efectuar investigaciones y condenas, según su art. 4ª, las que no han sido pocas durante este gobierno y que si no se llevaron a cabo durante el gobierno blanco, fue porque no se presentó denuncia alguna.

A lo que nos rehusamos -y por ello, alentamos a no concurrir a la Asamblea- es a colaborar con un nuevo intento de avasallar al Poder Judicial, con el pretendido peso de un pronunciamiento parlamentario, que nada tiene que hacer en un trámite jurisdiccional.

El País Digital